Por Boris Ríos Brito
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Tras una semana de resistencia popular en varios puntos de la Zona Sur de Cochabamba, el lunes 18 de mayo comenzaron los intentos por parte de la Defensoría del Pueblo y otras entidades por entablar el diálogo entre autoridades y movilizados. Sorpresivamente, Javier Issa, quien funge como viceministro de Régimen Interior, el día 19 realizó una conferencia de prensa, acompañado por jefes policiales, para informar de la aprehensión de una persona que circulaba en un vehículo y sin permiso por la Zona Sur, llevando un uniforme militar con gafetes falsos, 14 proyectiles calibre 22 largo y uno calibre 20 y envases plásticos con supuestos residuos de gasolina. Según los que hicieron la conferencia, se trataba de una persona que recorría el Chapare, Sacaba y Kara Kara en medio de un plan subversivo de los pobladores del sur de la ciudad, según quisieron dar a entender, al inferirse que el aprehendido llevaba gasolina para la fabricación de bombas molotov y que finalmente detrás de todo estaría involucrada la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
Estas altisonantes declaraciones de los conferencistas tuvieron menos resonancia que las vertidas por el supuesto líder del grupo parapolicial “juvenil cochala”, Yassir Molina, que ante los medios de comunicación dio a “los hermanos de Kara Kara” 24 horas para que “levanten los bloqueos y dejen pasar a los camiones de basura”. La reacción fue inmediata, el mensaje fue repudiado en redes sociales y los pobladores de la Zona Sur cerraron filas contra cualquier intento de quienes habían sido parte operativa del golpe de octubre-noviembre 2019, maltratando a “indios” y especialmente a mujeres de pollera.
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Pero todos estos actos de las autoridades y de sus aliados se dieron en un contexto en el cual los medios de comunicación repetían constantemente que la basura que no lograba ser descargada en el botadero de Kara Kara y empezaba a inundar el centro y el norte de Cochabamba era un foco de infección que atentaba a la salud de la ciudadanía. Se deslizaba, así, el discurso de exclusión entre ciudad-campo, ciudadano-campesino y limpio-sucio, que agitó las mentalidades colonizadas en otros momentos en el que se impulsó la violencia reaccionaria.
A esto, desde el Gobierno, peligrosamente se añadió el discurso del enemigo interno con la “sedición y terrorismo” que básicamente busca proscribir a todo rival político. Empero, en ello tropiezan en una vulneración de Derechos Humanos cuando implican públicamente a individuos sin un sustento suficiente, sino y casi como regla, con suposiciones ambiciosas e imaginativas que rayan en lo absurdo. En todo caso, el enemigo es claro: lo popular.
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Ya para el 20 de mayo, las autoridades departamentales, sin presencia de los representantes del gobierno de Áñez, luego de fallidas e innecesarias reuniones con mucha prensa, decidieron acceder y llegaron al punto del bloqueo para negociar. La reunión fue con un grupo de Kara Kara que entró en las negociaciones que duraron varias horas; se acordaron 16 puntos, ninguno de índole vinculante para cuestiones legales. Los representantes de los movilizados tardaron en que sus bases autoconvocadas aprobaran el acuerdo que finalmente fue ratificado en la madrugada del 21, el bloqueo, que prácticamente se redujo a Kara Kara, se levantó.
El acuerdo trata varios puntos, ninguno de ellos estaba lejos de lo prometido por las autoridades los primeros días de conflicto; agua en cisternas para varios distritos, evaluar la flexibilización de la cuarentena, abogar porque no haya persecución política ni judicial, entre otros. Sobresale que el pedido principal, que era la renuncia de Áñez, fue finalmente obviado.
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Pero, ¿qué paso? Una movilización legítima, que encontró la contradicción fundamental con una cuarenta como principal si no única medida que se llevó adelante por el régimen contra la pandemia, desfogó el odio contenido por el ultraje de octubre y noviembre de 2019, pero no tuvo la coordinación, la fuerza suficiente ni el apoyo político de varios actores. Tal vez por eso se desbordó hacia conseguir poco con mucho potencia social, que en todo caso es la premonición de que esos sectores contenidos frente al oprobio conservador ya no aceptarán subordinarse a estructuras burocráticas y reformistas, pero que necesita madurar en organización y principalmente en ideas, en concepción del mundo y acción política dirigente.
Pero también es posible decir que el aparato estatal y sus operadores a nivel nacional chocan cabeza con cabeza, que su bloque encontró sus límites coyunturales, pero que eso no es suficiente para derrotarlos. En cambio, desde lo departamental se ha visto una especie de seguidismo tímido al gobierno de Áñez y un accionar sin personalidad ni propuesta propia.
En el ámbito político, a diferencia de algunos dirigentes del MAS, voces como la de Leonardo Loza, dirigente cocalero, marcan una línea asertiva de empatía con sectores vulnerables, como los de Kara Kara, que todos los días son víctimas de un terrible foco de infección que las autoridades no resuelven, pero que son invisibilizados porque no entran en el concepto de ciudadanía que esgrime el sector conservador, así, Loza también comprende a esa mayoría que reclamaba trabajar para poder llevar de comer a sus hogares.
Se ha firmado un acuerdo, pero la contradicción sigue vigente entre los que tienen todo, incluso para soportar una cuarentena total, con los que no tienen nada, viven del día y se les exige obediencia.
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Boris Ríos Brito Sociólogo
