Han pasado 23 años desde que el entonces presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), junto a su gabinete compuesto por el vicepresidente Carlos D. Mesa, el ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín (El Zorro), y el ministro de Defensa, Freddy Teodovich, anunciaran el 9 de febrero de 2003 que se crearía un proyecto de ley para generar un impuesto al salario de las y los trabajadores con un 4.2% y para los que ganaran hasta Bs880 de un 12%. A este hecho se le conoció como “el impuestazo” y fue una expresión concentrada de una crisis estructural acumulada por más de dos décadas del modelo neoliberal que padecía el país.
El impuesto se aplicaría de forma progresiva a los salarios, sin embargo, no contaban con una reacción popular que llegó a desencadenar consecuencias serias, creando un punto de inflexión que hizo retroceder al Estado en su planteamiento un par de días después que se incrementaron las protestas en contra de este proyecto que si bien no había terminado de cuajar en ley era perverso y atacaba directamente a las y los trabajadores que dependían de su salario para solventar a sus familias.
El contexto del proyecto era el déficit fiscal de un 8.5%, que debía reducirse a 3.5%, al ser un país netamente dependiente de la renta por los hidrocarburos que permanecían privatizados en términos operativos, ya que si bien el país seguía siendo su dueño la explotación y manejo de estos recursos era privado y desigual. La decisión de privatizar también la tomó Goni, que optó por aplicar el manual neoliberal y ajustar los ingresos a los sectores más vulnerables, que en este caso eran los trabajadores, para intentar estabilizar los fondos públicos, aun cuando ignoraba la fragilidad social y el desgaste que vivía la legitimidad política de su gobierno.
Las movilizaciones contra esa injusticia contributiva no se hicieron esperar, los trabajadores que vivían en el límite de la pobreza debían financiar un Gobierno debilitado por las malas decisiones anteriores y un sistema voraz que logró privatizaciones, exenciones al capital en los que transaban. Varios sindicatos pertenecientes a la Central Obrera Boliviana (COB), el Magisterio, movimientos sociales e incluso estudiantes se sumaron a la protesta, en una crisis que desafío momentáneamente a la autoridad hasta hacerle retroceder. La respuesta estatal fue brutal por parte de las Fuerzas Armadas y el saldo de muertes llegó a 33 personas, mayormente civiles, y casi 190 heridos. El 11 de febrero la Policía se amotinó y replegó, porque a ellos igual les afectaba el impuestazo; hicieron una serie de demandas adicionales, vinculadas a equipamiento, mejoras de condiciones laborales, entre otras.
En lo político, ya se evidenciaba la necesidad de un cambio. Las viejas estructuras de partidos y democracia pactada cuyo origen databa en la década del 80 ya estaba por caducar, el neoliberalismo enquistado junto con sus vicios, tecnocracia, privatizaciones ya no daban para más. Esa desconexión de la realidad popular fue parte de la debacle, el elitizar la política al punto de que fuerzas como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se desvinculara de su base, lo que condujo a la desaparición de unos cuantos partidos tradicionales.
La medida fue retirada, pero el daño ya había hecho efecto. Lo único que logró ser progresivo fue la decadencia del Gobierno y Goni renunció al cargo en octubre de ese mismo año, asumiendo Carlos Mesa, quien seguiría el mismo destino dos años después.
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Nahir González Correo del Alba
