El año 2023 Bolivia ha vivido momentos únicos y bastante complejos en la situación económica que pusieron a prueba parte del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (Mescp).
Cada una de las dificultades afrontadas habría tenido gran impacto en los últimos años de gestión, pero se tuvieron que atravesar de forma simultánea tres tipos de dificultades, las cuales el Modelo Económico pudo afrontar y, pese a ello, lograr estabilidad con crecimiento gracias al esfuerzo del pueblo y de la gestión económica del Gobierno, que al mismo tiempo continuó invirtiendo en la industrialización.
La primera, el contexto internacional adverso, que no termina de mostrar dificultades desde la pandemia, seguido de la guerra entre Rusia y Ucrania que surgió antes de que concluyera el período de la pandemia y que en 2023 empeoró con la desigual e injusta embestida de Israel contra Palestina. Ambos conflictos continúan golpeando a la economía mundial.
Esta situación ha sostenido los precios elevados de los combustibles por el alto precio del barril de petróleo, pero también ha afectado a los de transporte de mercancías y de producción en el mundo, generando una crisis inflacionaria global que provoca que la mayoría de bancos centrales suban más las ya elevadas tasas de interés, mientras bancos gigantes a nivel global sufrieron episodios de crisis: Silicon Valley Bank, Signature Bank, Credit Suisse Group, Silvergate Bank y First Republic Bank.
Esos factores, junto a la crisis ambiental global, han provocado bajos niveles de crecimiento económico mundial con riesgos de recesión.
La segunda dificultad se dio en el contexto interno: el retraso en la aprobación de leyes, como la Ley de Fortalecimiento a las Reservas Internacionales Netas (RIN), con casi dos años de espera en la Asamblea Legislativa, que frenaron las medidas que necesitaban aplicarse para responder a la reducción de RIN que vienen desde el año 2016 y que se agravaron a partir de 2020. Con esa ley puesta en vigencia al menos un año antes el país no habría sido víctima del ataque especulativo de dólares.
También se tuvo que afrontar la situación del Banco Fassil, que por sus manejos irregulares y evadiendo la fiscalización, a través de la articulación de distintos grupos económicos, concluyeron en el proceso de intervención que logró darle solución mediante el sistema financiero.
Al mismo tiempo, se atravesaron los frenos a la gestión de créditos para inversión en la Asamblea Legislativa, lo cual genera un círculo negativo ya que los créditos se destinan a inversión pública y al ser esta paralizada hay menor demanda de empleo e insumos, lo que repercute en menor producción, por tanto se generan menores ingresos para el país, provocando con desempleo y pobreza.
Hacia fin de año tuvo que atravesarse también el freno en la Asamblea Legislativa al Presupuesto General del Estado Reformulado 2023, con el argumento de que se introducían artículos de “contrabando”; sin embargo, esos artículos constituían parte de la política económica en el control a grupos económicos en el país, previsión que no existe y que se necesita para evitar que se replique la mala experiencia de Fassil. Al final ambas disposiciones fueron eliminadas y se paró el fortalecimiento del sistema financiero.
Hacia fin de año se tuvo que atravesar la demora y el intento de frenar la Ley del Presupuesto General del Estado 2024, la Asamblea Legislativa intentó eliminar la posibilidad de que el Estado emita bonos soberanos, siendo que desde el año 2012 se autoriza a través de la ley del Presupuesto General del Estado la emisión de bonos soberanos, por ser parte de la política económica de gestión de recursos para inversión.
También intentaron eliminar la posibilidad de contraer créditos emergentes para la atención de emergencias naturales que, lamentablemente, es la tercera dificultad que enfrenta el país, es decir, el acceso a préstamos.
El PGE 2024 toma la previsión de poder gestionar recursos con organismos multilaterales bajo contratos cuyo cumplimiento deben ser rigurosamente gestionados, eliminando con ello las dudas que instalaban algunos asambleístas en el debate sobre el proyecto de ley.
De estos elementos surge una pregunta necesaria, ¿es sostenible la deuda externa? Y la respuesta es que lo es, porque es deuda que impulsa el crecimiento y que se destina a la inversión productiva, y al tener ese fin incrementa el tamaño de la economía, ampliando el techo de deuda externa que en este momento llega 29.4% del PIB (el año 2020 era del 33% y se logró su reducción cada año). Si fuera deuda como la que se contraía antes de 2005, para pagar salarios y aguinaldos sería, negativa porque no significaría generación de recursos.
Lamentablemente esos tres factores tuvieron efectos negativos, pero, inclusive afrontando todo ello, el país logró estabilidad con crecimiento económico. Es importante resaltar esto porque si se logra superar las dificultades los resultados serán mayores, no olvidemos que a partir de este año se irán viendo gradualmente resultados de la inversión que se viene impulsando con la política de industrialización con sustitución de importaciones. Será un año de retos, pero el Modelo Económico seguirá demostrando resiliencia ante estas adversidades.
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Edmundo Juan Nogales Arancibia Boliviano, abogado y analista político
