Por Correo del Alba
En su informe anual, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, confirmó que había recibido el extenso informe del fiscal venezolano, Tarek Wiliam Saab, uno de cuyos apartes contiene el documento titulado “La verdad de Venezuela contra la infamia. Datos y testimonios de un país bajo asedio”. Dicho informe esgrime y argumenta ampliamente la denuncia del Gobierno bolivariano ante la CPI contra las autoridades del gobierno estadounidense por crímenes de lesa humanidad debido al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto de manera unilateral contra Venezuela, el cual atenta contra la vida del conjunto de la población de la nación caribeña, afectando especialmente a los estratos más vulnerables.
Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunció a través de su cuenta twitter: «Venezuela avanza en su demanda contra las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, quienes a través del bloqueo criminal agreden al pueblo venezolano de manera sistemática». Asimismo, el canciller Jorge Arreaza indicó a través de la misma red social que “la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda , confirmó que había recibido el voluminoso informe del Fiscal General, Tarek Wilian Saab”, en el marco de la cooperación judicial y dio a conocer que «seguiría estudiando nuestro caso contra los funcionarios estadounidenses por crímenes de lesa humanidad como resultado de las sanciones».
En el referido informe anual la CPI, con respecto al documento consignado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) titulado “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, señaló textualmente en su apartado 212: “La Fiscalía lamenta el tono y la forma del informe emitido por la Secretaría General de una organización internacional con la que la Fiscalía y la Corte como un todo esperan cooperar en un espíritu de buena fe y de colaboración mutua. La Fiscalía comprende la frustración que parece motivar el informe, que surge de una expresada expectativa de que la Fiscalía priorice su consideración de los presuntos crímenes en esta situación en relación con los presuntos crímenes cometidos en otras. Se han expresado a la Fiscalía observaciones similares llamando a la priorización de determinadas situaciones en cada examen preliminar, de acuerdo con las expectativas legítimas de las víctimas por obtener justicia. Sin embargo, debe permitirse también a la Fiscalía llevar adelante su trabajo en forma independiente e imparcial, sin ataques a la integridad de la Fiscal o de la Fiscalía”.
La CPI, con sede en La Haya, se estableció a raíz de los Acuerdos de Roma de 1998, para juzgar los delitos que afectan a la comunidad internacional en su conjunto (crimina iuris gentium), como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
La jurisdicción de la Corte es complementaria a la de los Estados y solo puede intervenir si los propios Estados no quieren o no pueden actuar directamente. Bensouda publicó su informe anual sobre las actividades de examen preliminar, en el que esboza las acciones realizadas por la Fiscalía durante el período comprendido entre el 6 de diciembre de 2019 y el 14 de diciembre de 2020, en relación con 10 actuaciones en la fase de investigación preliminar.
Estados Unidos Contra la CPI
Sistemáticamente Washington se ha opuesto a esta Corte, impidiéndole ejercer su autoridad.
1993-2001 – Clinton: El gobierno de Bill Clinton trató de subordinar la acción del organismo a una evaluación preliminar de los casos por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que habría garantizado a su país una especie de control preventivo de sus acciones mediante el ejercicio del derecho de veto. A pesar de que la cláusula en cuestión no se había introducido en el protocolo de la CPI, la Casa Blanca firmó el acuerdo (31 de diciembre de 2000) «como señal de su continuo compromiso constructivo». Sin embargo, la firma presidencial nunca fue ratificada por el Congreso para que el compromiso fuera vinculante.
2001-2009 – Bush: La administración de George W. Bush adoptó una postura fuertemente antagónica hacia la Corte. La suspensión de la firma de 2000 fue el primer paso de una campaña de «oposición activa» , destinada a asegurar a los ciudadanos estadounidenses una inmunidad sustancial de su jurisdicción. Este objetivo se ha perseguido mediante una acción en varios frentes, centrada por un lado en la conclusión de acuerdos bilaterales de inmunidad (BIA), y por otro, en la introducción de instrumentos de presión contra los países que habiéndose adherido al Protocolo de Roma no han firmado BIA para proteger a los ciudadanos estadounidenses.
2009-2017 – Obama: Bajo la gestión de Barack Obama, este mostró cierta tendencia a suavizar su posición con respecto a la CPI.
2017-2020 – Trump: En junio de 2020 la administración Trump, a través de un decreto, autorizó sanciones económicas, además de la ampliación de las restricciones de visados contra funcionarios de la Corte así como a cualquier persona que “haya intervenido directamente en cualquier esfuerzo de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a personal de Estados Unidos sin el consentimiento de Estados Unidos». Esta imposición de la Casa Blanca surgió como consecuencia directa de la decisión de la CPI de autorizar la investigación sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Afganistán.
