Por Nahir González
El paramilitarismo y el narcotráfico siguen siendo los flagelos a los que se enfrenta la población colombiana a diario. Durante el pasado fin de semana ocurrieron dos masacres que conmocionaron al país: 15 personas asesinadas en dos días, cinco de esas en el Departamento del Cauca y 10 campesinos recolectores de café en Antioquia, ambos crímenes adjudicados a los carteles de la droga.
Para este 2020 las cifras de personas ajusticiadas, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), actualizadas al 22 de noviembre: líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos; indígenas; sindicalistas; campesinos; trabajadores de la minería; cívicos; afrodescendientes; líderes comunitarios; ambientalistas; LGTBIQ+; abogados; llegan a un total de 259 personas. Familiares directos de los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos contabilizan 12 personas asesinadas. Firmantes de los Acuerdos de Paz excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) otras 57 víctimas. Para un aproximado de 328 personas fallecidas en hechos violentos equivalente a una persona diaria desde enero a la fecha.
En otro informe también publicado por Indepaz, con misma fecha, se estipula que 309 personas han muerto en 77 masacres efectuadas en 20 de los 32 departamentos de Colombia, siendo de los más afectados por la violencia justamente Antioquia y el Cauca.
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Una Colombia en la que se gastan los Derechos Humanos, en la que el derecho a la vida puede estar siendo un privilegio otorgado por estos grupos violentos al que mejor le parezca y que no sea un obstáculo que cuestione ninguna de las acciones ejecutadas por las organizaciones criminales que operan en los diferentes territorios de Colombia.
La situación del país en el espectro de la violencia sobrepasa la ficción, el riesgo de morir “frente al paredón de fusilamiento” es inminente, organizaciones delictivas mejor organizadas incluso que las fuerzas policiales y que controlan áreas rurales enteras, afectando la posibilidad de organización en todos los estratos de la sociedad; el crecimiento y surgimiento de los liderazgos políticos, sociales y ambientales; el sometimiento a la voluntad criminal, ante la mirada impávida de las autoridades, que pese al fortalecimiento del Plan Colombia y la ubicación de bases militares conjuntas con los Estados Unidos, no logra controlar esta violencia articulada por el paramilitarismo y el narcotráfico, al contrario parecieran garantizar el corredor seguro para la producción y exportación de la droga dentro y fuera de los límites fronterizos entre campo y ciudad, vale preguntar ¿de quién es la responsabilidad política de estos hechos? ¿Es exclusiva del gobierno de turno que reside en la Casa de Nariño? Sin querer desmeritar a los anteriores presidentes, en cuyas administraciones se agudizó la crisis interna, el conflicto armado y los asesinatos selectivos en los que se incluyen las víctimas desmovilizadas de los Acuerdos de Paz, son parte de las políticas neoliberales aplicadas en ese país, la desatención social.
Desde 1958 hasta 2018, en Colombia han ocurrido cuatro mil 210 masacres, con un saldo de víctimas fatales de 24 mil 447, según certifica el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). En dos años de gobierno de Iván Duque no han sido menos las cifras de asesinados, aunque el mandatario intente zafarse de esta responsabilidad política e histórica, el que también pasará a las estadísticas, aun cuando intente suavizar los términos denominando “homicidios colectivos” y no masacres.
Desde su cuenta Twitter la activista colombiana Piedad Córdoba no dejó de criticar al actual Presidente:
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Nahir González Analista política
