Por Nahir González
Los acuerdos de paz firmados en 2016, durante el mandato del expresidente colombiano Juan Manuel Santos y que le valieron ser ganador de un premio Nobel de la Paz, quedaron en solo una evento público del que se enteró el mundo, y del que se esperaba una transformación social significativa, después de una guerra de más de 50 años, unas cifras de mortandad altísimas y el mayor desplazamiento histórico de víctimas de toda la Región.
Santos afirmó en agosto de 2019 que “el 90% de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sigue en el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene”. Sin embargo, las cifras arrojadas por el informe de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia, la cantidad de reinsertados es de 98%, contando no solo las FARC.
-Hombres: 65 mil 460 / Mujeres: ocho mil 212.
-FARC (desmovilizados por la firma de acuerdos): 13 mil 190.
-FARC (desmovilizados individualmente): 19 mil 601.
-Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): 35 mil 899.
-Ejército de Liberación Nacional (ELN): cuatro mil 437.
-Otros: 545.
Causas históricas del conflicto en Colombia
Entre las causas identificadas están:
-Control político.
-Desigualdad en entrega y robo de tierras campesinas e indígenas.
-Violencia de Estado.
-Persecución a la izquierda.
-Surgimiento de la guerrilla.
-Narcotráfico.
-Narcoterrorismo.
-Posicionamiento de la extremaderecha.
-Paramilitarismo.
-Creación de la AUC.
La violencia en Colombia, cuento viejo
Esta cultura de violencia política y social no es un fenómeno de la última década en Colombia, incluso desde antes de la guerra se puede recordar el asesinato del líder político liberal y candidato presidencial en 1948, Jorge Eliécer Gaitán, que marcó un hito histórico porque a causa de este se produce el Bogotazo, hecho que nos remonta a los orígenes del conflicto armado.
También bandas de narcotráfico que impusieron la modalidad de sicariato (asesinos y secuestradores a sueldo) y que los órganos de seguridad no han logrado controlar hasta la actualidad. Un fenómeno en el país es la institucionalización de criminales en el Estado, con la posibilidad de acceder a cargos de elección pública; dos casos relevantes son el de Pablo Escobar Gaviria, fundador del Cartel de Medellín, que llegó a ser senador suplente del Movimiento Alternativa Liberal, muerto en enfrentamientos contra los cuerpos policiales. Y el del propio Álvaro Uribe Vélez, el «narcotraficante N° 82» clasificado por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, vinculado al paramilitarismo, acusado y en juicio por extorsión y otra decena de cargos criminales, llegó a ser presidente en dos periodos y senador; durante sus mandatos el recrudecimiento de la violencia paramilitar, con nuevas tácticas de asesinatos selectivos y el uso de implementos como las motosierras, entre otros crímenes que quedaron impunes y que siguen generando controversia dentro y fuera de Colombia, por la clara violación de Derechos Humanos, institucionalizada con personajes nefastos como Uribe.
Incluso está el caso del actual mandatario, Iván Duque, acusado de fraude electoral y en cuyo período han ocurrido las 246 muertes violentas a líderes sociales y políticos, sin ninguna explicación o pronunciamiento gubernamental en favor de las víctimas y en protección de las familias afectadas.
Muertes violentas de líderes sociales y políticos en 2020
Hasta la fecha, han sido numerosas las denuncias de asesinatos de líderes sociales, políticos y exguerrilleros, que intentaban ejecutar proyectos sociales, hacer campañas políticas en las comunidades donde residían o simplemente trabajar y formar familia. Para julio 2020, 214 firmantes de los acuerdos de paz fueron asesinados en extrañas circunstancias, este proceso ha sido cuestionado pues no se ha garantizado la debida protección estatal inscrita en el Derecho Internacional Humanitario, cuando sucede un hecho como este de proceso de acuerdo de paz.
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Pero estas cifras de asesinatos no solo se delimitan a excombatientes, sino que también se despliega a líderes los sectores sociales de Colombia. El Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) presentó un informe sobre “Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2020”, con 196 personas asesinadas, de diferentes sectores civiles, que incluyen indígenas, sindicalistas, campesinos, afrodescendientes, trabajadores mineros, ambientalistas. Nueve personas “familiares o relacionados con líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2020” y 41 “firmantes del acuerdo de paz. excombatientes FARC asesinados/as en 2020”, según los índices del Instituto.
¿Por qué continúa la violencia en Colombia luego de la firma de los acuerdos de paz?
Aparte de los otros factores ya mencionados, existe uno que ha sido parte de importante y justificadora de la violencia en ese territorio y es la instalación del “Plan Colombia” en 1999, que empezará en una nueva fase de refrescamiento con Iván Duque, luego de mantener reuniones con asesores del presidente estadounidense Donald Trump, hace poco menos de un mes. La supuesta inyección económica, de lucha antinarco y fortalecimiento social que iría inmersa en las políticas que definían este plan sirvió para el manejo geoestratégico de los recursos minerales de un pequeño sector oligárquico del país aliado a los Estados Unidos, así como el de planes comerciales en desigualdad de condiciones a favor del país hegemónico, que incrementó la pobreza en los estratos más bajos, instalar bases militares con libertad para cometer crímenes en Colombia con total impunidad, para realizar operaciones militares e instigar al sector campesino e indígena por la ocupación de tierras para cultivo de la planta de coca y producción de cocaína que se ha incrementado en los últimos años, teniendo en cuenta que Colombia es el mayor productor de drogas del mundo y los Estados Unidos el mayor consumidor, un relato conocido por todo el mundo, aunque hay que hay que recordarlo porque tras dos décadas de implementación, el consumo y producción de estupefacientes en estos países involucrados duplican las estadísticas, datos que se pueden ver en los informes realizados por la Oficina de la Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc).
Además el nivel de corrupción en la estructura del Estado, inicia por la compra de candidatos de ultraderecha y derecha, cuyas candidaturas son financiadas por dinero de la droga, que invierten en construcción de imagen de estos narco-políticos para obtener beneficios e inmunidad en el negocio del contrabando y manejo de mafias.
Las organizaciones internacionales de Derechos Humanos han mirado y hecho seguimiento al caso colombiano. Amnistía Internacional en 2019 escribió sobre Colombia en su web: “La violencia provocada por el conflicto armado interno en curso y por las disputas sobre el control territorial tras la firma del acuerdo de paz de 2016 causó estragos. Las principales víctimas seguían siendo los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas y los defensores y defensoras de los derechos humanos”.
Asimismo el “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2019” manifestó preocupación por la escalada de violencia que, pese a la firma del acuerdo de paz, sigue ejecutándose en un Estado que por sus actos no ha respectado las formalidades de lo inscrito, asunto en el que coincide con Amnistía Internacional: “El Acnudh continuó observando la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos. De particular preocupación fueron las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas y el incremento en los casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida, así como graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas y niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado. El Acnudh ha reiterado la necesidad de atender las causas estructurales que generan violencia, especialmente en zonas rurales, y que están relacionadas con la falta de acceso a los Derechos Humanos”.
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Nahir González Analista política
