La historia de la organización de mujeres ha recorrido más de un siglo en la conquista del reconocimiento de derechos en un contexto patriarcal. Ya en el inicio del siglo XX Adela Zamudio reflejaba en sus obras la precariedad de las mujeres. El camino ha sido largo y de constante lucha para llegar al escenario actual, en el cual se han logrado grandes avances; sin embargo, aún no se han conquistado todos nuestros derechos y estamos en un contexto en el que el discurso en defensa de los derechos de las mujeres ha pasado a ser instrumentalizado en disputas políticas.
La organización de mujeres como movimiento en Bolivia tiene sus inicios alrededor de 1920. El país experimentaba entonces las tensiones sociales derivadas de la Revolución Federal de 1899 y la Guerra del Chaco (1932-1935), momentos en los que las mujeres comenzaron a organizarse en torno a la educación y al acceso a derechos civiles. La Revolución de 1952, un momento constitutivo, logró el reconocimiento del derecho al voto para las mujeres, así como su inclusión en el sistema democrático. No obstante, esta democracia tuvo un corto período antes de que gobiernos inconstitucionales tomaran el poder y las mujeres participaran fundamentalmente en la resistencia a través de los Comités de Amas de Casa en la mina Siglo XX.
Durante el período neoliberal se consolidaron los movimientos sociales indígenas y se desarrolló la histórica Marcha por la Vida. Este ciclo resonó en la instalación de la Asamblea Constituyente, que marcó un hito al replantear una nueva estructura para superar al Estado colonial. Fue un hito porque quienes se desempeñaron como asambleístas habían sido excluidas y excluidos de la participación estatal, y esta vez se les incluía como actores, en lo que sería una transgresión del orden colonial vigente hasta esa fecha. Mujeres campesinas e indígenas transgredieron el orden colonial al que estaban acostumbradas, junto con mujeres de clase media y feministas que contribuyeron a asegurar los derechos de las mujeres en la nueva Constitución Política.
Fruto de este escenario y, principalmente, del activismo de algunas mujeres representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el impulso de organizaciones de mujeres, en el gobierno de Evo Morales se logró aprobar dos leyes importantes: la Ley 348, integral para garantizar una vida libre de violencia del 9 de marzo de 2013; la Ley 243, contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, del 28 de mayo de 2012. Resalto a las actoras que impulsaron esta promulgación, pues es necesario reconocer que hubo una apertura en el Gobierno para avanzar y reconocer los derechos de las mujeres. Fueron las activistas quienes consiguieron esos avances.
La promulgación de la Ley 348 es emblemática, pues declara la violencia hacia las mujeres como delito público. Antes los delitos de abuso se limitaban a categorías como “abuso deshonesto”, y hoy se reconoce el feminicidio. Esta fue una gran victoria para las bolivianas, ya que reconoce la violencia estructural hacia las mujeres. A pesar de que ya son más de 10 años de la promulgación de la Ley 348, cada año se registran más casos de feminicidio. Este año van 74 casos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, aun cuando restan dos meses para su cierre.
A pesar de estos avances, el gobierno del MAS está lejos de ser antipatriarcal. Lo digo porque casos actuales como las desafortunadas declaraciones del senador Andrónico Rodríguez, quien afirmó que la Ley 348 sería “antihombres”, reflejan que aunque se han impulsado políticas de derechos para las mujeres el sistema patriarcal ha educado a hombres machistas y muchos de ellos ocupan o han ocupado cargos públicos. Así, el discurso feminista no ha permeado en la estructura del MAS y tampoco de los partidos de oposición. Estamos lejos de desmantelar este sistema patriarcal.
Sumado a esto, en el escenario actual, la legítima narrativa de lucha contra la violencia patriarcal está siendo manipulada en la disputa política interna del MAS. La guerra entre facciones –“evistas” y “arcistas”, quienes buscan anularse mutuamente por definir el candidato presidencial– ha instrumentalizado esta lucha para justificar sus propias posiciones. Y esta causa es igualmente utilizada en las disputas políticas de otros partidos en el ámbito político, es decir ha permeado en el campo político. Esta confrontación socava años de esfuerzos de apertura y defensa de los derechos de las mujeres y de los logros populares, al tiempo que abre una puerta para que se consoliden discursos fascistas y conservadores.
El discurso de repudio a la violencia contra la mujer se ha convertido en una herramienta para fortalecer la narrativa de uno u otro bando. El objetivo parece ser más la legitimación de sus discursos que la protección efectiva de las mujeres, mientras que, en realidad, las víctimas quedan al margen. De hecho, el Estado ha llegado a ser cómplice en varios casos de violencia contra la mujer. Resulta indignante ver cómo ambos bandos del MAS apelan a voces feministas para legitimar sus respectivas posturas. Quizás recurren al feminismo, porque reconocen que este movimiento es hoy el que tiene mayor claridad política.
Frente a este contexto, de aquí en adelante debemos asegurarnos que exista una verdadera profundización de las políticas de despatriarcalización y que desde el Estado se garantice una vida libre de violencia para las mujeres. Es importante que las denuncias de violencia que se han hecho públicas sean procesadas y con un enfoque de priorización para las víctimas.
Ante el nuevo escenario electoral es clave estar alertas a que no continúe la instrumentalización de la lucha de las mujeres para legitimar propuestas políticas, además de asegurarnos en defender lo conquistado hasta ahora y tener claridad en que nuestros derechos que aún no se han alcanzado, como el aborto, el reconocimiento de los trabajos de cuidado, entre otros, se reconozcan y se consoliden y que se efectivice la despatriarcalización, porque las normas no son suficientes. Son décadas de lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. El camino recorrido de las mujeres, de nuestras bisabuelas, abuelas y madres no fue en vano y estaremos aquí para defenderlo.
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Khantuta Muruchi Escobar Boliviana, socióloga
