En el debate contemporáneo sobre la dolarización en Venezuela, diversas versiones informativas, tanto en espacios nacionales como internacionales, han recogido las posiciones de analistas y especialistas del área económica. En estos ámbitos, algunos sostienen que la adopción de la moneda estadounidense constituye una vía adecuada para dar solución al proceso inflacionario que experimenta la nación. En este marco, se plantean una serie de inquietudes que buscan posicionarse en el horizonte económico nacional.
Una primera cuestión remite a si el dólar sigue siendo un instrumento de denominación global más que una simple moneda. Bajo este criterio, su uso como medio de cambio y reserva mundial le ha permitido gozar de un “privilegio exorbitante”, tal como lo señala el profesor Barry Eichengreen, de la Universidad de California, Berkeley. Sin embargo, en los últimos años esta hegemonía ha comenzado a mostrar signos de reducción, en parte debido a la irrupción de economías emergentes que han incrementado su participación en el comercio exterior, fortaleciendo sus economías y sus reservas internacionales. Entre ellas destacan China, India y otros países del bloque BRICS, que han iniciado procesos de desdolarización al asumir parte del comercio que anteriormente mantenía Estados Unidos.
La hegemonía del dólar no se explica únicamente por factores económicos, sino también por el poder político y militar de Estados Unidos. Estas dimensiones, en conjunto, otorgan una posición de fuerza en el ámbito internacional, permitiendo que economías con estas características ejerzan presión sobre aquellas naciones que no se alinean con sus intereses, marginándolas de su entorno.
En este contexto, más que una crisis terminal del dólar, lo que se observa es la entrada en una fase de reconfiguración del sistema financiero global, enmarcada en un proceso más amplio de transformación del orden mundial. Este escenario se caracteriza por desequilibrios estructurales como la alta concentración de la riqueza, el incremento de la pobreza, las crisis ambiental y energética, la violación del derecho internacional, la debilidad del liderazgo global, los conflictos bélicos, la aparición de virus, la desertificación, la piratería en los mares y una pérdida generalizada de valores y credibilidad en las sociedades. A ello se suman los elevados déficits fiscal, comercial y social en numerosos países, así como la volatilidad de las principales monedas de reserva, incluido el dólar estadounidense.
Un elemento clave en la consolidación de la centralidad del dólar ha sido su relación con el mercado petrolero. Tras la crisis monetaria de los años setenta, el acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita para transar el crudo en dólares generó un beneficio extraordinario para la economía estadounidense, al convertir esta moneda en instrumento predominante del comercio internacional y en reserva global. Este esquema se sostuvo gracias a la fortaleza económica, política, militar y cultural de Estados Unidos, aunque hoy enfrenta tensiones derivadas de sus desequilibrios internos, como el alto déficit fiscal y comercial, el endeudamiento y la pérdida de productividad industrial.
Las sanciones económicas, por su parte, se presentan como un instrumento de doble filo. En un mundo donde no existe autarquía económica, los países dependen del intercambio de bienes e insumos para sostener sus procesos productivos. La ruptura de relaciones comerciales obliga a recurrir a mercados más lejanos y costosos, o incluso a mecanismos no convencionales de obtención de bienes. El caso de Venezuela, sometida a sanciones desde 2017, evidencia que el impacto recae principalmente sobre la población y que, a su vez, incentiva a los países afectados a buscar alternativas que terminan debilitando el comercio internacional basado en el dólar.
Para los países del sur, la dependencia del dólar en el comercio y el financiamiento implica una exposición directa a los shocks externos. Cualquier evento que afecte a esta moneda se refleja en los precios de bienes y servicios. Un ejemplo reciente es el aumento del precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril en el contexto del Medio Oriente, lo que encarece costos globales, genera inflación, reduce el poder adquisitivo, eleva las tasas de interés y encarece la deuda externa, provocando contracción productiva, desempleo y empobrecimiento.
En el caso venezolano, la dolarización de facto iniciada desde 2017 ha permitido cierta estabilización, pero no constituye una solución estructural. Persisten fenómenos como la inflación en dólares y en bolívares, así como una depreciación significativa de ambas monedas. Desde 2025 hasta el presente, el dólar se ha depreciado internamente en más de un 25% dependiendo del rubro, mientras que el bolívar ha sufrido un deterioro cercano al 90% entre enero de 2025 y abril de 2026. La brecha cambiaria se convierte así en un factor determinante en el incremento de precios, colocando al dólar en un proceso de depreciación continua dentro de la economía nacional.
En este sentido, la dolarización no aparece como una solución definitiva, sino como un factor que puede profundizar la dependencia externa. Las economías dolarizadas pierden su capacidad de aplicar políticas monetarias propias, quedando sujetas a las decisiones del país emisor de la moneda. Esto limita la posibilidad de responder a crisis financieras o bancarias y condiciona el crecimiento económico, especialmente cuando no se cuenta con la capacidad de emitir la divisa necesaria para enfrentar contingencias.
Asimismo, la experiencia venezolana muestra que el dólar puede coexistir con inflación elevada y pérdida del poder adquisitivo, lo que evidencia que su adopción no garantiza equilibrio económico. La ausencia de ajustes adecuados en el mercado cambiario puede generar distorsiones que favorecen prácticas de arbitraje en la compra y venta de divisas, afectando la eficiencia del sistema.
En el plano global, se perfila la posibilidad de un mundo multipolar que no necesariamente implique el desplazamiento del dólar. La tendencia apunta a la configuración de bloques regionales, como los BRICS, en un equilibrio geopolítico donde algunos países ganan espacios y otros los pierden. En este escenario podrían consolidarse dos grandes bloques: uno occidental, con el dólar como medio de pago, y otro euroasiático, con el yuan como referencia.
Sin embargo, los intentos de desdolarización impulsados por países emergentes tienden a ser, en gran medida, simbólicos. La ausencia de autarquía económica obliga a los países a participar en el mercado internacional y a utilizar divisas emitidas por economías con alta capacidad productiva y financiera.
Finalmente, los bloques como los BRICS contribuyen a la construcción de una economía mundial más equilibrada, equitativa y competitiva, orientada hacia una mayor justicia social internacional y una gobernanza más racional. Estas alianzas responden a la necesidad de cooperación entre países afines para enfrentar la volatilidad global, respetar las reglas internacionales y promover condiciones de estabilidad y paz.
En este contexto, resulta relevante considerar los casos de países y territorios que no emiten moneda propia y utilizan el dólar estadounidense como medio de intercambio, como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte. Asimismo, países como Ecuador (2000), El Salvador (2001) y Panamá (1904), junto con Timor Oriental, Zimbabue, las Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas, Bonaire, San Eustaquio y Saba, han adoptado esquemas similares. En algunos casos, como Panamá y Liberia, coexisten monedas nacionales con el uso del dólar.
En Venezuela, desde el año 2017, se ha venido aplicando un proceso de dolarización de facto con el propósito de estabilizar la moneda y desacelerar el proceso inflacionario, en el marco de un sistema económico atravesado por profundas tensiones internas y externas.
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Eudomar Tovar Venezolano, economista
