El pasado 18 de octubre se dio a conocer la noticia de que como resultado de los acuerdos firmados en Barbados entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y un sector de la oposición agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos ha decidido suspender temporalmente algunas de las sanciones contra Venezuela.
Según el estudio “Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela”, de Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, publicado en mayo 2019 por el Center for Economic and Policy Research (CEPR), el daño de las sanciones económicas impuestas a la nación caribeña por el Gobierno estadunidense desde agosto de 2017 tuvo su mayor impacto en la población civil, que redujo su ingesta calórica aumentando las enfermedades y la mortalidad, lo que a su vez obligó a la migración de millones de venezolanos por la depresión económica y la hiperinflación.
El estudio afirma que la Orden Ejecutiva del 28 de enero de 2019 y otras posteriores, junto con el reconocimiento de un gobierno paralelo a la cabeza de Juan Guaidó, fueron más severas y destructivas que las sanciones económicas de agosto de 2017 en el marco de la desestabilización social y las guarimbas promovidas por la oposición política y la administración Trump.
Entre 2017 y 2018 se estima que hubo más de 40 mil muertes debido a la escasez de medicamentos y asistencia médica, una violación a convenciones internacionales. Las sanciones afectaron desproporcionadamente a los más pobres, generando mayor desigualdad. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida reportó un aumento del 31% en la mortalidad general para ese período, lo que significaría más de cuarenta mil muertes. Más de 300 mil personas enfrentaron riesgos por falta de acceso a tratamientos, incluyendo 80 mil con VIH, 16 mil que necesitan diálisis, 16 mil con cáncer y cuatro millones con diabetes e hipertensión.
En cuanto a la economía, el PIB real ya había disminuido en aproximadamente un 24.7% entre 2013 y 2016. La inflación de precios al consumidor estaba entre 758% y mil 350% anual entre de enero y agosto de 2017. En 2018 se estimaba una caída en los ingresos de seis mil 800 millones, que representaba aproximadamente el 21% de los ingresos por exportaciones petroleras. Para 2019 la caída fue de 67.2%. Esto provocó un colapso de las importaciones de bienes y servicios esenciales para el funcionamiento del aparato productivo venezolano.
La caída de los ingresos por la exportación de petróleo, como sanción a Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), afectó directamente la importación de medicamentos, alimentos, equipos médicos, repuestos y equipos necesarios para la producción, generación de electricidad, sistemas de agua, transporte y alimentos. En este último caso, se puso en una situación de inseguridad alimentaria grave a más de 2.5 millones de personas que bajaron sus niveles de ingesta diaria. En 2018 las importaciones de alimentos fueron de dos mil 460 millones de dólares frente a la suma de 11 mil 200 millones de dólares alcanzada el año 2013.
La relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan, en febrero de 2021 dijo que las sanciones unilaterales desde 2014 redujeron los ingresos públicos venezolanos en un 99%. Los bloqueos de activos estatales impidieron transferencias bancarias y congelaron fondos en los Estados Unidos, Reino Unido y Portugal. Esto resultó en carestía de medicamentos, aumentos de precios, problemas de agua, saneamiento, infraestructura y electricidad, además de impactar el transporte público y las condiciones laborales. Aunque muchos daños no se cuantificaron, evidenciaron un severo deterioro en las condiciones básicas de vida para la mayoría de la población venezolana.
Con el reconocimiento de Guaidó como presidente interino por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), su administración se hizo cargo de varias empresas estratégicas de propiedad del Estado venezolano, como Citgo y Monómeros, que finalmente fueron expropiadas o enajenadas ilegalmente por empresarios de los Estados Unidos y Colombia.
Con el bloqueo económico y financiero la economía entró en una profunda recesión que se agudizó con la crisis económica global y la pandemia del Covid-19.
El 18 de octubre de 2023 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la emisión de licencias generales que permitirán efectuar transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas, así como con el oro en Venezuela. Esta medida también incluye la eliminación de la prohibición para el comercio secundario en el país. Si bien este levantamiento de las sanciones tiene un carácter temporal y está condicionado a “avances hacia unas elecciones democráticas” y la “liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela”, se enmarca en los intereses estratégicos de una Casa Blanca que requiere estabilidad de los precios del petróleo en un escenario de alta conflictividad global. Es una decisión pragmática de la administración Biden, que le permitirá incorporar al menos 300 mil barriles de petróleo en el mercado energético en un escenario de una potencial guerra.
La suspensión parcial de las sanciones tendrá un impacto directo en las operaciones del sector de petróleo y gas al autorizar transitoriamente todas las transacciones relacionadas con las operaciones de dicho sector en Venezuela, incluidas las financieras con ciertos bancos bloqueados (Banco Central de Venezuela y Banco de Venezuela). La prohibición de la comercialización de productos, materiales y servicios de Pdvsa fue muy perjudicial para la empresa y la industria petrolera. Ahora se abre la posibilidad de que empresas internacionales puedan invertir en los sectores de petróleo y gas en Venezuela.
La autorización de transacciones en el sector del oro impulsará la formalización minera. Igualmente, la eliminación de restricciones en la negociación de bonos venezolanos y acciones de Pdvsa previas a 2017 revitalizará el sector financiero, sin perjudicar compras de ciudadanos estadounidenses, potenciando así el valor de mercado secundario de bonos y acciones soberanas.
Se mantienen restricciones en sectores como petróleo y gas, deudas gubernamentales y adquisición de acciones. La flexibilización progresiva de sanciones permitiría liberar activos incautados ilegalmente y repatriar miles de millones bloqueados en cuentas venezolanas en el extranjero.
Mientras algunos medios como el Wall Street Journal y el Financial Times instan a revertir sanciones, Forbes afirma que no habrá marcha atrás y califica estas solicitudes de «ingenuas». Sostiene que las tensiones entre Washington y Caracas son tácticas de negociación basadas en intereses estratégicos. En el mundo de los negocios, los intereses estratégicos prevalecen cuando es conveniente.
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Ramiro Lizondo Díaz Boliviano, economista
