El pasado 6 de junio de 2022, un avión Boeing 747-300M, matrícula YV3531, perteneciente a la Compañía Emtrasur, filial de la empresa venezolana Conviasa, arribó a la República de Argentina, en un vuelo rutinario.
El día 7 junio se negó la salida del país a uno de los tripulantes, porque “no figuraba en la declaración de salida de la empresa”. Sin embargo, la empresa, presentó a tiempo los requerimientos solicitados por las autoridades, y se autorizó el despegue el que no se pudo realizar sino hasta el 8 de junio porque no había el combustible necesario para este fin.
Sobre este hecho, hay que acotar que el avión despegó finalmente el 8 de junio con destino a Uruguay, pero el gobierno de ese país negó el aterrizaje. Inmediatamente, se intentó hacerlo en Brasil y Paraguay, países que también prohibieron el descenso de la aeronave, obligándola a retornar a suelo argentino.
Una vez en territorio argentino, la aeronave no pudo volver a despegar porque el avión fue requisado, en presencia de la tripulación, por las autoridades argentinas. Sin embargo, no se encontraron elementos de interés que pudieran arrojar sospechas, tal como se detalla en el informe presentado.
Fue a partir del 10 de junio, que el caso comienza a ser de interés público. Por una parte, por la intervención de algunos diputados de la coalición de Juntos por el Cambio y también por la exigencia de una investigación, que hicieran las dos organizaciones judías más importantes de la Argentina, la DAIA y la AMIA.
Además, existen antecedentes que se dieron a conocer, que los proveedores se negaron a vender combustible por temor a represalias en su contra, producto de las sanciones que reposan sobre Conviasa.
El Boeing 747-300M fue “retenido” ilegalmente en la república de Argentina, a pesar de que la aeronave tiene todos los documentos en regla, los tripulantes fueron detenidos y obligados a permanecer en ese país, sin contar con justificación legal alguna para incautarles sus pasaportes. Imposibilitándoseles la salida del territorio argentino.
El caso inició una escalada mediática en los principales medios de comunicación y en la vida política nacional. El 19 de julio, se emite una orden de incautación en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, para el Distrito de Columbia. La orden alega que el avión, de fabricación estadounidense, “está sujeto a decomiso debido a violaciones de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní”.
El pasado 2 de agosto de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para incautar el avión, intentando sustentar la medida con argumentos que buscan vincular el movimiento de la aeronave con actividades terroristas.
Cabe destacar que la empresa Conviasa, la empresa matriz de Emtrasur, fue sancionada «por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) [control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos] en 2020 y su flota fue bloqueada conforme a una Orden Ejecutiva en 2019”.
El fiscal federal Matthew M. Graves para el Distrito de Columbia dijo que, “la incautación de este avión demuestra nuestra determinación de responsabilizar a aquellos que buscan violar las sanciones y las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos”. Se sabe que, en septiembre de 2016 Matthew M. Graves, se convirtió en socio de la sucursal estadounidense DLA Piper, una firma de abogados multinacional que tiene una ganancia promedio, por socio de capital, de mil 490 millones de dólares estadounidenses, y fue el tercer bufete de abogados más grande de los Estados Unidos medido según ingresos.
El Dr. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, denunció que la fiscal argentina Cecilia Incardona, que lleva el caso, viajó a Estados Unidos a cobrar el pago correspondiente por esta acción. También la asoció con otros funcionarios que tienen íntimos vínculos con el ex presidente neoliberal Mauricio Macri y que al día de hoy pretender empañar y judicializar a la vicepresidenta Cristina Fernández.
También es importante acotar que una causa similar, en relación al avión venezolano, se emite desde los tribunales estadounidenses, cuando recientemente autorizan incautar un Airbus A319-100 controlado y de propiedad del sancionado ciudadano ruso Andrei Skoch, de conformidad con una orden de incautación del Tribunal de Distrito de los EE.UU para el Distrito Sur de Nueva York, que determinó que el avión está sujeto a incautación y decomiso sobre la base “de causa probable de violación de las leyes federales contra el lavado de dinero”. Según se informa en la página oficial del Departamento de Justicia.
Desde Venezuela, el presidente de la república, Nicolás Maduro, denunció; “el avión que cumplía una función fundamental en la vida humanitaria en Venezuela, está secuestrado en Argentina y pretenden robárnoslo por una orden de un tribunal imperial”. Y declara que “Venezuela levanta su voz de protesta y pide la solidaridad de la gente honesta del pueblo argentino. ¡Solidaridad!”.
La aeronave en cuestión, tiene como único propósito la carga y acompañar a Venezuela en las misiones humanitarias para trasladar medicinas y productos de necesidad vital para los pueblos que los necesiten. Su recorrido se puede demostrar con una sencilla búsqueda en Google.
El secuestro de la aeronave venezolana refleja que la persecución imperial se escuda en la sumisión de terceros países, donde sectores de los Estados subordinados cumplen el mandato, con el objetivo de retomar prácticas piratas que atentan con la soberanía.
Estados Unidos e Israel promovieron un falso positivo con el interés de remover aires de resentimiento a partir del acto terrorista ocurrido el 17 de marzo 1992, donde se responsabiliza a Irán de ese evento. Hoy, se pretende usar este antecedente para atacar a los tripulantes iraníes con falsas banderas de terrorismo.
El secuestro de la aeronave bajo la fachada del accionar del órgano de justicia argentino (presiones coercitivas del imperialismo) atentan contra el mundo de la aeronáutica civil y busca, en el caso latinoamericano, fracturar las relaciones de Venezuela con Argentina y otras naciones, pero también atacar al gobierno de Alberto Fernández, frente a la campaña presidencial del próximo año.
Parafraseando al Papa Francisco, «Latinoamérica será víctima hasta que no se libere de los imperialismos». Venezuela continuará su lucha legal por recuperar la aeronave de Emtrasur, por eso se hace necesario contribuir a la independencia aeronáutica de los pueblos latinoamericanos y no ceder a presiones extranjeras.
Una vez más, es necesario apelar a la unidad nacional y levantar la voz ante el gobierno argentino en relación a este tema. Es importante reforzar estos llamados a través de las Embajadas de los países del ALBA en el mundo.
Se debe reiterar que la aeronave no lleva nada ilegal y su carga fue entregada sin mayor inconveniente, estamos ante una situación de violación de los derechos fundamentales de los pilotos de la aeronave, a quienes se les ha coartado su libertad, sin justificaciones legales, solo con pretextos. No hay acusación legal, y tampoco están solicitados por la Interpol. La justicia argentina debe colocarse a derecho y dar celeridad a este proceso.
Es lamentable pensar que el Estado argentino, quiera formar parte de la organización criminal que dirige Estados Unidos para hacerse de los recursos, bienes y activos de los países, como pasó en Libia, Irán, Rusia, Venezuela, entre otros. Es importante recordar que Argentina está a cargo de la presidencia pro tempore de la Celac, por lo que tiene la responsabilidad de seguir avanzando en el proceso de unidad latinoamericana.
Ojalá que el chantaje, la manipulación y la astucia de la CIA y el Mossad no calen en el seno de los grupos políticos que hoy gobiernan este país. Alberto Fernández tiene en sus manos la oportunidad de resurgir como un auténtico líder y hermano a favor de los intereses latinoamericanos.
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Anderson Ibarra Analista político
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