Por Nahir González
El presidente argentino, Alberto Fernández, informó el lunes pasado que el Gobierno rechazó una contrapropuesta hecha por tres grupos de acreedores. Afirmó que la administración que dirige realizó un esfuerzo para responder a la deuda y no continuar con el proceso de default virtual por el que atraviesan, otorgando nuevos plazos y montos de pago ajustados a la realidad económica del país.
En una entrevista para Televisión Pública, manifestó Fernández su preocupación por cómo los acreedores intentan imponer una medida de pago que sobrepasa los parámetros de recuperación económica y protección de la población: “Argentina ha hecho un enorme esfuerzo ya con la oferta que ha hecho, que es muy difícil hacer una oferta mejor (…) empieza a poner en riesgo el mañana. Lo que yo busco es que la Argentina resuelva un problema, de tal modo que no tengamos que discutir más con los acreedores (…) que cada vez que haya que cobrar, simplemente cobren (…). Se ha materializado una contraoferta que ya todos sabíamos en qué consistía y que nosotros (…) demanda más esfuerzos y nosotros queremos actuar de buena fe, francamente queremos encontrar una solución, seguiremos discutiendo, pero la verdad es que hemos hecho la oferta posible y es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo (…) no queremos hacer una oferta que ponga en riesgo a los sectores más vulnerables de la Argentina, necesitamos sacar de la pobreza a un número muy importante de argentinos (…) por lo tanto cuando decimos que la deuda sea sostenible, quiere decir, que la deuda la podamos pagar en el tiempo y no a costa de los sectores más vulnerables”.
Contramedida y acreedores que la proponen
La oferta de reestructuración fue solicitada por el Grupo Ad Hoc, el Comité de Acreedores de Argentina y Exchange, incluidos los que se negaban a aceptar el acuerdo argentino de pagos. La propuesta de la Casa Rosada presentada a la Securities Exchange Commission (SEC), se constituyó en un USD 53.5 por bono, sin embargo, la contrapropuesta le sobrepasa en tres puntos, ubicándose en USD 56.5.
Los tenedores de bonos intentan que el interés sea del 3.4% sobre el que plantea el Estado, que es de un 3.07%. BlackRock, que mantiene su negativa en la negociación, pide que continúe esta sobre el monto total de 66 mil 200 millones de dólares, más un adelanto de los plazos de pago, incrementos de porcentaje en la tasa de interés para los bonos de 2030 y que este se haga sucesivamente en toda la escala de bonos hasta 2041; propuesta que, por supuesto, no toma en consideración la crisis postpandemia ni el sistema de protección social que impulsa Fernández para la población. La respuesta argentina sigue siendo la misma y el plazo de aceptación definitiva expira el 4 de agosto.
Panorama
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (Indec), para fines de 2015, terminando el segundo mandato de Cristina Fernández, el índice de pobreza estaba ubicado en un 30%. Sin embargo, para el segundo semestre de 2019, culminando el mandato de Mauricio Macri, el mismo indicador se empinaba a un 35.5%.
Durante su gestión, Macri impulsó una serie de medidas económicas que afectaron el flujo de efectivo en las familias que dependían de un sueldo mínimo y la pobreza se incrementó al menos cinco puntos con respecto a la economía manejada durante el gobierno de su predecesora, desencadenando la inflación, el aumento desmedido de servicios públicos y el de la canasta básica de alimentación que pasó de un alza de 4.6% a inicios de 2016 a un 52.8% para fines de 2019. Mismo índice que ha comenzado a declinar desde la asunción de Alberto Fernández, llegando ahora al 42.0%.
«A causa al endeudamiento de Macri, los acreedores intentan imponer una fórmula que contradice los principios de protección social pautados por Alberto Fernández durante lo que va de año y proyectados para la postpandemia»
A causa al endeudamiento de Macri, los acreedores intentan imponer una fórmula que contradice los principios de protección social pautados por Alberto Fernández durante lo que va de año y proyectados para la postpandemia, en el marco de la renegociación de los bonos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que se trata de una solicitud de ajuste en los fondos de pensiones y jubilaciones que no está en los planes de la Nación, y aseveró que «aceptar lo que ellos piden significa más desempleo y más angustia para la gente, significa tener que ajustar jubilaciones eso es algo que no vamos a hacer. La Argentina ya está en default«.
Alberto Fernández, el día de ayer, mantuvo una conversación virtual con la Americas Society of the Americas, para tratar el tema de la renegociación, refrendando su propuesta y explicando que el país tiene un índice de pobreza aproximado de un 40%.
Con respecto al default, el mandatario expresó que en las dos oportunidades en las que ha sido representante del Estado le ha tocado asumir un país con una deuda impaga, con unos plazos cortos y la reestructuración para tratar dos aspectos: 1) Sacar al país de la crisis; y 2) Cumplir los compromisos. “La deuda es un fuerte condicionante”, dijo Fernández, mientras que el modelo de desarrollo y la receta que propone para bajar la tasa es “inversión y empleo, el que invierte produce y genera empleo”, refiriéndose a qué sistema se dirige la Nación para recomponer la economía de la población y la necesaria inversión de capital privado en sociedad con el Gobierno: “el Estado genere las condiciones para que el capital privado invierta”. Este sistema de productividad tiene que ver con sectores de inversión en áreas como la minería, gasífera, pesquera, ganadero y alimentación en general, el desarrollo de agroindustria, la construcción de vías necesarias para la industrialización, desarrollo y conectividad nacional e internacional que permitan la movilidad suficiente para exportar ese producto final que se genere. Intentar inclinar a favor la balanza comercial, con un equilibrio en el dólar interno, para transformarlo en un dólar competitivo en el mercado internacional.
Asimismo, manifestó Fernández la necesidad de que los pagos sean acordes con la realidad del país, basados en la buena intención del Estado de pagar, de culminar con los calendarios que estipule para las erogaciones: “la deuda debe ser coherente con el nivel de desarrollo”. Al tiempo que ratificó que los compromisos de deudas adquiridas y heredadas han sido resueltos en negociaciones durante los dos gobiernos en los que ha participado, una como jefe de gabinete y en esta etapa como presidente: “estamos para tratar de resolver un problema en términos sensatos, hemos hecho un enorme esfuerzo y seguimos discutiendo el tema de la deuda, aun cuando la pandemia nos sigue pegando (…) de dos cosas no pueden acusarnos: de no haber sostenido el diálogo y de no haber hecho un esfuerzo enorme por tratar de encontrar una solución (…) esto es lo que podemos, no es un capricho, es sensatez. Es también no estafar a nuestro acreedores prometiéndoles cumplir algo que por ahí no podemos cumplir”.
En la charla, Alberto Fernández apeló al respeto a las normas internacionales sobre las deudas soberanas de los países y manifestó que para luchar contra las asimetrías que surgen frente a un proceso de deuda internacional y globalización en Sudamérica se requiere la unidad como recurso para hacer frente a este flagelo y convertir la “globalización en una oportunidad”.
__________________________________________________________________
Nahir González Analista política
Te puede interesar │ “Argentina y el default”.
