Uno de los episodios políticos más vergonzosos de la Cuarta República fue la admisión pública -en vivo y en directo ante el país- del presidente Jaime Lusinchi (1984-1989), de que en las negociaciones con el Club de París, para la renegociación y pago de la deuda externa venezolana, «fuimos engañados» al reconocer supuestas deudas no suficientemente documentadas. Lo que fue igualmente dañino para el erario público fue que se agregó a la multimillonaria deuda pública, la cuestionable deuda de las empresas privadas venezolanas, convirtiendo, lo que inicialmente el presidente Lusinchi calificó como «el mejor acuerdo del siglo», en la mayor estafa de la burguesía financiera internacional contra el patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas que aún, 40 años después, la estamos pagando.
Sirva esta referencia histórica de la política nacional para considerar la sorprendente declaración del Presidente de la Asamblea Nacional, diputado J. Rodríguez Gómez de que, en los inconstitucionales (*) acuerdos sobre condiciones y garantías electorales, suscritos en la insular Republica de Barbados con la ultraderecha subversiva y traidora capitaneada por Leopoldo López, Juan Guaidó, María Corina Machado y Gerardo Blyde, tutelados abiertamente por el gobierno de Estados Unidos, habían sido «engañados» por el gobierno de Joe Biden quien, además, afirma el vocero venezolano, nunca ha cumplido con ningún acuerdo firmado con el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, lo que resulta aún más desconcertante, pues el Gobierno bolivariano sí ha cumplido completamente con tales acuerdos.
Los dos hechos antes señalados, a pesar de responder a dos gobiernos de signos políticos antagónicos y momentos distintos, confirman que históricamente Venezuela ha tenido una importante debilidad en materia de formación, habilidad y capacidad negociadora, sobre asuntos centrales de su vida diplomática, política, económica y territorial. Si a lo anterior, debe agregarse el haber acompañado a la comisión británica en la verificación de la línea limítrofe trazada por el fraudulento Laudo de 1899 sobre el despojo de la Guayana Esequiba venezolana, los acuerdos Pombo-Michelena sobre la delimitación territorial con la República de Colombia, la felizmente frustrada hipótesis de Caraballeda sobre ese mismo tema y la prolongada pasividad en la aplicación del Convenio de Ginebra de 1966 sobre el diferendo con Guyana sobre nuestro territorio del estado Esequibo, lo cual ha producido afectación de derechos e intereses a la Nación y al Estado Venezolano y dañado la credibilidad y el respeto a las instituciones y sus titulares.
Por supuesto que no se trata de traiciones de altos representantes en cada una de estas importantes controversias internacionales sino más bien de, falta de preparación científica, política y profesional en estos temas de difícil comprensión que deben ser asumidos por los órganos estatales para estudiar, construir estrategias, abordar y desarrollar procesos de diálogos y negociaciones en el tiempo y en el espacio, con visión de continuidad y actitud de Estado, muy por encima del debate y los conflictos políticos internos, que presente al país sólidamente unificado en torno a temas y procesos de naturaleza existenciales para la República.
Tal situación, ha de reconocerse, no es un asunto sólo de la capacidad técnica y política de la Presidencia de la República y menos, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, por cuánto tales debilidades y fracturas se aprecian en las estructuras del Estado en todos los niveles, pero que sí constituye una preocupación importante por afectar en su integridad y viabilidad los fines superiores de la República Bolivariana de Venezuela que, soportado en las disposiciones constitucionales, deberían estar destinada a construir, defender y proteger a la nación, su patrimonio material e inmaterial y alcanzar la mayor suma de felicidad social de su agobiada y dividida población.
El cercano horizonte electoral, es momento adecuado y oportuno para incorporar el tema de la profesionalidad y compromiso de todo el funcionariado del Estado y en la selección y preparación al mejor nivel de aquellos venezolanos y venezolanas en quienes recaerá la responsabilidad de Estado de promover y defender los derechos e intereses de la República en los escenarios internacionales, para lo cual ya existe la propuesta del Presidente Hugo Chávez Frías, de crear la “Escuela Superior de la Administración Pública” que acogería la selección acuciosa de jóvenes virtuosos, de alto nivel de formación e inteligencia y marcado patriotismo, para que asuman la tarea de construir, desarrollar y llevar a la más alta eficiencia las actividades del Estado venezolano acabando, de una vez por todas, con improvisados diplomáticos, ocasionales voceros, impreparados negociadores e inexpertos representantes de la República en las mesas internacionales de negociaciones.
(*) La calificación de inconstitucionales se basa que en la materia electoral es propia y exclusiva del Poder Electoral representado por el Consejo Nacional Electoral (C.N.E) y, en razón de que los derechos políticos son del ejercicio de los nacionales venezolanos, lo que excluye directa e indirectamente, al gobierno de Estados Unidos.
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Yoel Pérez Marcano Venezolano, exembajador en San Vicente y las Granadinas y Belice
