Por Yoselina Guevara López
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitaron, el pasado jueves 30 de abril, la autorización al gobierno de Nicolás Maduro para la aplicación del «modelo venezolano» en la lucha contra la pandemia de Covid-19, que en los actuales momentos flagela al mundo entero. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con los representantes Peter Grohmann, coordinador residente de la ONU, y con Gerardo de Cosio, representante de la OMS en el país.
En el encuentro, los altos directivos reconocieron el éxito de las medidas aplicadas por las autoridades bolivarianas, con las cuales han logrado aplanar la curva de contagios y con ello también el número de fallecidos. Asimismo, los funcionarios estuvieron de acuerdo en la paulatina flexibilización del cierre total en Venezuela y con la reactivación de la normalidad por etapas, bajo control. Por otra parte, discutieron sobre la próxima fase para combatir el avance de Covid-19, que consiste en la masificación de pruebas moleculares, las que se iniciarán en los próximos días.
El modelo venezolano: pensado en la vida, más allá del capital
La estrategia de combate del Covid-19 esta caracterizada en Venezuela por la utilización de la plataforma «Patria» y el carnet del mismo nombre, a través del cual los usuarios y usuarias registrados/as responden una encuesta telemática acerca de su salud. Las preguntas, muy sencillas, permiten determinar en una primera instancia si se tienen síntomas del virus.
En una primera fase, dicha encuesta la respondieron 18 millones 988 mil 616 de usuarios y usuarias registrados/as en la plataforma. Posteriormente, de acuerdo a los resultados de la encuesta, los pacientes sospechosos son visitados en su casa o habitación, por los médicos de Barrio Adentro (misión médica cubana-venezolana). La encuesta, en una primera etapa, arrojó un total de 192 mil 114 hogares que se debían visitar y hasta el 27 de abril –de acuerdo a informaciones suministradas por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez– ya habían sido visitados 191 mil 35 pacientes. A la par, la nación sudamericana ha aplicado de manera gratuita las pruebas para determinar los contagios, siendo suministradas a 440 mil 996 personas. Convirtiéndose de esta manera en uno de los países que más tests ha realizado a su población, con un aproximado de 14 mil 699 pruebas por cadamillón de habitantes.
Por otra parte, la mentada encuesta no solo abarca la salud física, sino también la salud mental. A partir de las respuestas se puede detectar rápidamente síntomas de depresión, ansiedad, entre otros. Esto le brinda la oportunidad al Gobierno de emprender planes y acciones efectivas para la preservación de la salud del conjunto de la ciudadanía.
En cuanto a la red hospitalaria, si bien atraviesa un profunda crisis generada por las sanciones norteamericanas, en Venezuela han logrado articular los hospitales públicos, las clínicas privadas y los centros de atención de la Misión Barrio Adentro. De acuerdo a declaraciones de Nicolás Maduro, se cuenta con una capacidad de atención en camas de hospitalización, para casos preventivos y diagnósticos positivos no crónicos, que totaliza 23 mil 762. Además, han recibido toneladas de importantes donaciones de insumos médicos y medicamentos desde Cuba, China y Rusia. Este es un modelo de salud gratuita y abierta a toda la población, pensado en la preservación de la vida, a diferencia del modelo capitalista, donde se privatiza la salud y se genera pobreza, explotación y muerte.
Bloqueo a la salud de los venezolanos
Los resultados positivos alcanzados por las autoridades bolivarianas los obtienen en medio de un asedio y un bloqueo económico y financiero que, de manera sostenida desde el año 2015, ha impuesto la Casa Blanca a Miraflores.
Recientemente, el Kremlin, a través de su representante adjunto en la ONU, Dimitri Polianski, denunció la congelación de fondos de Venezuela por parte de Estados Unidos y varios países europeos. Dichos fondos ascienden a un valor aproximado de nueve mil millones de dólares, los cuales pudieran ser utilizados para el combate del Covid-19.
Con ello queda claro que las sanciones impuestas por la administración Trump y sus aliados no son solo contra funcionarios de la Revolución, sino que son restricciones que afectan a todo la población venezolana. Son acciones que restringen e imposibilitan al Gobierno la realización de pagos para la compra de insumos, tratamientos médicos e inclusive la continuidad en los convenios internacionales para la realización de intervenciones quirúrgicas de alto riesgo.
Tal es el caso del convenio entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Asociación para el Trasplante de Médula Ósea de Italia, que permitía que niños y adultos viajaran al país europeo para someterse a complejos tratamientos y operaciones quirúrgicas para recuperar su salud. Este acuerdo, al igual que muchos otros, están suspendidos temporalmente por la imposibilidad de Caracas de realizar los pagos; pero no por falta de liquidez, como quiere hacer ver la prensa occidental, sino por las trabas que a nivel financiero le han sido impuestas y que le imposibilitan la movilización de millones de activos que se encuentran represados en bancos internacionales.
De acuerdo con un estudio publicado[1] en abril de 2019 por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs para el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR)), con sede en Wahisgnton D.C., el incremento de la mortalidad en Venezuela, entre 2017 y 2018, en un número de 40 mil fallecidos, tiene una relación directa con las sanciones impuestas por Estados Unidos. Evidentemente las sanciones son un acto criminal que buscan por la fuerza un cambio de gobierno, pero castigando a los sectores más vulnerables de la población.
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Yoselina Guevara López Corresponsal en Italia
[1] https://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-04.pdf
