Con una metralleta en la raja, todo Chile trabaja.
Sergio de Castro, exministro de Hacienda de Pinochet
Sobre el concepto de «cómplices» de la dictadura, a propósito de la muerte de Sergio de Castro
En los últimos días han fallecido dos de las figuras civiles claves de la dictadura pinochetista, Sergio Fernández Fernández y Sergio de Castro Spikula. El primero, ministro del Trabajo y la Previsión Social y de Interior en dos ocasiones (1978-1982 y 1987-1988), siendo el primer civil en ocupar dicha cartera; el segundo, uno de los hombres claves de Los economistas de Pinochet, como les llamara Juan Gabriel Valdés en su libro, más popularmente conocidos como los «Chicago Boys».
De Castro, reconocido por ser uno de los arquitectos de la política económica de la dictadura, ocupó diversos cargos de asesoría económica, para luego dirigir los ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción y luego Hacienda. La prensa (hegemónica y no hegemónica), e incluso algunos de los organismos más avanzados en la defensa de los Derechos Humanos, quienes han jugado –y siguen jugando– un rol clave y protagónico en la búsqueda de verdad, reparación y justicia, han calificado a estos agentes civiles como cómplices de la dictadura pinochetista.
No cabe duda de que estos y los otros muchos civiles de la dictadura civil-militar no tuvieron un rol de espectadores y meros legitimadores del régimen de terror, sino que fueron el activo civil a través del cual el régimen de Pinochet buscó la generación de un nuevo consenso neoliberal. Como bien ha señalado la historiadora Verónica Valdivia, para alcanzar el objetivo estratégico de la resocialización del pueblo de Chile bajo los nuevos parámetros que exigía el modelo pinochetista, la represión, siendo el arma fundamental para el éxito del régimen militar, era insuficiente, pues los elementos consensuales resultaban imprescindibles a fin de llevar adelante dicha tarea. Para esta resocialización del mundo popular el municipio y su personificación, el/la alcalde/sa resultaron fundamentales[1].
La profesora Valdivia ha indicado que dentro de la “guerra social” la dictadura buscó “cooptar al mundo popular, históricamente asociado al centro y la izquierda política y que, por lo tanto, su relación con el ‘pueblo’ no se remitió exclusivamente a la represión”[2]. Este aspecto de la guerra social (la resocialización del mundo popular) tomó forma privilegiada en el proceso de municipalización que se desplegó durante la década del 80, a través de organismos de carácter oficialista, “cuyos personeros descendieron sobre las calles polvorientas de campamentos y poblaciones para enseñar los nuevos principios a mujeres y hombres pobladores” de manera que el municipio se transformó en “el centro materializador del neoliberalismo y del plan social dictatorial, con el alcalde como figura protagónica”.
Los nombres de alcaldes designados como Patricio Melero, María Angélica Cristi, Carlos Bombal, Iván Norambuena, Víctor Pérez o Iván Moreira, todos ellos militantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se suman a los de José García Ruminot, Pedro Sabat, Luis Navarrete Carvacho, militantes de Renovación Nacional (RN). Sin embargo, la conducción civil no estuvo exclusivamente circunscrita al ámbito municipal. En las esferas más altas de la gestión estatal la designación de personas como Alberto Cardemil, Sergio Onofre Jarpa, Carlos Cáceres, José Piñera, Miguel Kast, Alfonso Márquez de la Plata, Sergio Diez, Rolf Lüders, Hernán Büchi, Sergio de la Cuadra, Francisco Javier Cuadra, Pablo Baraona y el imprescindible Jaime Guzmán Errázuriz no resultan una anomalía, sino un modo de conducción en donde los civiles ocuparon puestos trascendentes en la gestión política, económica, internacional y cultural del régimen encabezado por el general Pinochet. Entre medio del ámbito municipal y ministerial encontramos cientos de personalidades en los medios de comunicación, presidentes de las federaciones universitarias y cientos de subsecretarios, asesores y otros puestos claves en donde el despliegue de las fuerzas civiles jugó un rol central.
La eliminación física del disidente a través de la represión y el terrorismo estatal fue acompañada, en forma paralela, por un despliegue político que buscó la generación de un nuevo diseño institucional (que en el período transicional se proyectó a través de la llamada “democracia protegida”) y la imposición de la joya del pinochetismo: el modelo neoliberal.
Quienes resaltan, con justa razón, la raigambre antipopular y represiva de la dictadura, y concentran sus dardos exclusivamente en los agentes represivos como Manuel Contreras, Álvaro Corbalán y Miguel Krassnoff, solo por mencionar tres de los agentes terroristas más brutales, olvidan en ocasiones que la elaboración del plan constitucional, el perfilamiento del modelo económico, la justificación política del régimen en el poder y el despliegue cultural dictatorial no fue diseñado, implementado y promovido por “cómplices” de la dictadura, sino que por agentes y funcionarios de la propia dictadura, en este caso civiles, los cuales en su mayoría respondían a la alianza gremialista-neoliberal que articuló el llamado ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán. Es más, no fueron pocas las ocasiones en que estos funcionarios civiles hicieron gala del aspecto represivo como forma de abalar y proteger la función política de la dictadura; basta recordar las palabras del recientemente fallecido Sergio de Castro acerca de que “con una metralleta en la raja, todo Chile trabaja”, o las del propio Guzmán, el cual haciendo una irónica referencia a los “combatientes de la libertad” que buscaron poner fin a la dictadura, señaló que “ellos trataron de derribar el gobierno militar, pero no lo consiguieron. Recibieron el poder del general Pinochet en el día y a la hora señalada, ni un día antes, ni un día después, y lo recibieron dentro de la Constitución que nosotros elaboramos”.
De esta forma, creemos que la noción de “cómplices” no alcanza a captar la profundidad de la participación de los funcionarios civiles en la dictadura, toda vez que no es posible diseccionar y aislar la función política, cultural y económica de la represiva, como muchos tratan de hacer con el fin último de expiar culpas y proteger el legado del pinochetismo, el modelo neoliberal en sus diferentes expresiones. Por el contrario, creemos que dicha categoría termina por asignarles un rol secundario ocultando de esa forma su participación en la primera línea política, cultural y económica del régimen pinochetista.
Con ello no queremos decir que la dictadura no haya contado con cómplices, tanto activos como pasivos, no obstante, estos hay que buscarlos en otras áreas y esferas, y no signar a quienes ocuparon los puestos de responsabilidad política al interior del régimen con el epíteto de “cómplices”. A falta de un concepto más analítico y descriptivo que pueda dar cuenta del complejo y protagónico papel de los civiles que participaron en los distintos niveles del aparato estatal dictatorial, vale la pena mencionarlos como lo que realmente fueron: agentes y funcionarios de la dictadura, ya que para el funcionamiento de esta y el logro de sus objetivos estratégicos fueron imprescindibles tanto los Contreras, Krassnoff y Corbalán, como los Guzmán, Fernández y de Castro.
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Pedro Lovera Chileno, historiador
[1] Valdivia, Verónica; Álvarez, Rolando; Donoso, Karen. La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinochetista. Santiago: LOM, 2012.
[2] Valdivia, Verónica. “¡Estamos en guerra, señores!”. El régimen militar de Pinochet y el “pueblo”, 1973-1980. Historia, n° 43, vol. 1, enero-junio 2010.
