Por Correo del Alba
El ministro de Economía y Finanzas del gobierno de facto de Bolivia, Óscar Ortiz, sostuvo en rueda de prensa este martes en la ciudad de La Paz, que la entrega de parte de los dineros de la Administración de Fondos de Pensiones (AFP) a sus afiliados, afectará las jubilaciones en los próximos años. Ortiz ha omitido en tres ocasiones su asistencia a la Cámara de Planificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para explicar los motivos del gobierno acerca de la inviabilidad en la devolución de los ahorros en las AFP a los trabajadores, por lo que es posible que se inicie una interpelación por parte de esta instancia a ese ministro.
A inicios de septiembre, el economista y candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, planteó una propuesta de Ley a la ALP para la devolución de un 10% de las pensiones, sobre un saldo acumulado de 100 mil bolivianos (14 mil 347.20 dólares a cambio de 6.97 bs) o un monto menor de estos recursos en las AFP; los beneficiarios serían los cotizantes que que vieron afectados sus ingresos por causa del Covid-19. “La forma de retiro parcial será de: 50% a la fecha que establezca la reglamentación y 50% a los 90 días después del primer retiro”, propuso Arce.
Sin embargo, la propuesta de Arce no ha sido la única, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), de los cuales muchos han dejado de cancelar beneficios laborales desde el inicio de la cuarentena y han despedido personal, pidieron al gobierno de Áñez, en abril de este año, devolver precisamente el 10% del fondo a las personas más necesitadas y familias afectadas por la pandemia.
En Bolivia las AFP cuentan con una reserva estimada de 19 mil millones de dólares, sin embargo, la Ley de Seguridad Social exceptúa los casos en que se permite el retiro de recursos. A los trabajadores se les retiene el 10% del salario y el aporte patronal es de un 3% del monto mensual de salario percibido. Las AFP benefician solo a cónyuges sobrevivientes, hijos e hijas menores de 25 años (incluso si se tiene alguna discapacidad); si sobrepasa esta edad o no hay cónyuges vivos el fondo es absorbido automáticamente, sin derecho a goce por ningún familiar, así esté en situación de vulnerabilidad, lo que constituye un atropello al disfrute de un ahorro obligatorio al cual se somete al trabajador y la trabajadora dependiente.
Bolivia no ha logrado incursionar en la gratuidad total de la salud, los intentos del gobierno de Evo Morales en implementar el Sistema Único de Salud (SUS), aparte que generó resistencia del Colegio Médico, se vieron mermados por la llegada del gobierno de Jeanine Áñez y la inminente crisis mundial por coronavirus.
El Gobierno apuesta al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cancelar bonos de salud y pese a la oposición que mantiene la ALP, que legalmente debe autorizar las solicitudes crediticias mediante leyes, el Gobierno ha adelantado pago de intereses millonarios, sin haber cumplido los pasos previos que estipula la Constitución Política del Estado (CPE) para este tipo de transacciones. Mientras que Producto Interno Bruto (PIB) entrará en recesión: “La economía del país se contraerá en -6.,2% de acuerdo con la revisión de las proyecciones establecidas en el Programa Financiero Revisado 2020 que fue suscrito por los Ministros de Economía y Finanzas Públicas, Oscar Ortiz, de Planificación del Desarrollo Branko Marinkovic y el presidente interino del Banco Central de Bolivia-BCB, Armando Pinell.”, según informa la web ministerial de Finanzas de Bolivia, por lo que el país se acerca aceleradamente a una crisis financiera.
Además, entre la pugna política entre el bloque de derecha y la oposición, específicamente entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se da en la actualidad, dificulta que la propuesta de Arce de devolución de AFP llegue a buen término y se beneficie a trabajadores, porque para el gobierno transitorio significaría una victoria política para el MAS, en esta etapa cercana al proceso electoral.
