Luis Otárola, presidente del Consejo de Ministros de Perú, decretó este martes 10 de enero, “inmovilización social” con la clara finalidad de frenar la protesta en contra de Dina Boluarte y su gobierno, luego de haber ordenado una fuerte represión policial que dejó el saldo lamentable de 18 personas asesinadas por las fuerzas policiales en Juliaca y desde el 8 de diciembre, a la fecha, un total de 47 muertes.
Esta ordenanza, además, del objetivo de controlar las movilizaciones que exigen la salida de la presidenta, la convocatoria de elecciones, la eliminación del Congreso y el llamado a una Asamblea Constituyente tiene otros fines implícitos: desarticular la marcha de los cuatro suyos indígenas, convocada para este jueves 12 de enero y que tiene como destino final la capital Lima. El conflicto político se mueve de la frontera sur hacia las zonas cercanas a los poderes Estatales.
La medida de “inmovilización social” es una forma de desviar la mirada ante la investigación abierta en contra de Boluarte, por parte de la Fiscalía que ya abrió caso por los hechos de diciembre y de enero en el que murieron civiles a manos de la Policía, tras la brutal represión después de insistir en un llamado desmedido para mantener el orden social, que se le escapó de las manos.
¿Es una posible cortina de humo?
La crisis en Perú no sorprende a nadie, es claro dilucidar que responde exclusivamente a intereses económicos y élites políticas que han gobernado el país por décadas e interferido en la continuidad democrática a voluntad.
Sin embargo, hay un aspecto importante que entró en vigor los primeros días del año, el 3 de enero, y es el “Proceso de Amparo de Concesiones Mineras”, es decir, para poder renovar las patentes de explotación de la minería el Estado somete a los inversionistas a cumplir con obligaciones contractuales y pagos de explotación que garantizan la continuidad de esta autorización. El proceso de pagos se inicia en marzo próximo, el no pago de la misma significaría perder la plaza y entraría en remate, las concesiones metálicas se dan por un lapso de diez años y las no metálicas por cinco años.
Por otro lado, Dina Boluarte, solicitó al Congreso habilitación por tres meses para legislar en materia económica-tributaria, a fin de modificar la legislación vigente, en especial el artículo 26 de la Ley de Impuesto a la Renta con lo que tendrá carta abierta para realizar los cambios que considere pertinente, en caso de ser aprobada. Asimismo, realizar modificaciones a la Ley de exportación de joyería, que tiene que ver directamente con la producción minera, supuestamente en favor de la fabricación nacional; se ampliarán las disposiciones de certificados para autorizaciones ambientales para la explotación minera; para el año Fiscal 2023.
Se prevé que parte de las fuentes de financiamiento provengan de créditos en un supuesto plan de “Reconstrucción integral con cambio” por lo que habría que ver si es la puerta a un mayor endeudamiento externo; también se modificarán o simplificarán los requisitos para la inversión pública.
Habría que hacer seguimiento a estas propuestas del gobierno de Boluarte, que justamente surgen como cortina de humo, en el marco de un proceso social violentado y reprimido, que busca establecer el poder y extenderlo como manifestó desde su ascenso al ser depuesto, Pedro Castillo, para que termine en 2024.
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Correo del Alba
