El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que creará una comisión para revisar los casos de las familias migrantes latinas que fueron separadas durante el gobierno de su antecesor, Donald Trump, quien aplicó una persecución a estas con estatus de ilegales en Estados Unidos.
La detención y separación forzada desde 2018, asciende a más de cinco mil 500 familias víctimas de las políticas agresivas del exmandatario, con la famosa y cuestionada “tolerancia cero”, según ha reporteado la prensa local. También destacan que más de mil niños se encuentran en custodia ilegal de las autoridades y de otros 500 se conoce el paradero de sus familiares directos. Las condiciones lamentables de hacinamiento de los niños, apresados en jaulas como delincuentes, fue una de las imágenes más fuertes y que quedan en la retina de un mundo impávido que no acusó a Trump de este crimen de lesa humanidad.
El intento por solventar la situación no eliminará el sufrimiento generado a las familias, los traumas que deben ser tratados y que muchos no superarán; no hay dinero que pueda pagar el atropello y la agresión a la que fueron sometidas estas personas que vieron en Estados Unidos la esperanza de mejorar su condición de vida y al ser consideradas “ilegales” se vulneró su derecho a la migración, irrespetando todo principio humano y derechos.
La comisión creada por Biden será presentada este 2 de febrero y tendrá la tarea de buscar familiares y revisar la situación migratoria con la finalidad de obtener una residencia; también se pretende cubrir los gastos médicos y ayuda psicológica para las y los afectados, como una forma de lavar las culpas del Estado por estos crímenes. La situación irregular, sin embargo, no se ha detenido y el proceso va desde padres deportados y sus hijos dejados en cárceles habilitadas, o niños y niñas deportadas aún teniendo sus padres en Estado Unidos.
Las medidas de Biden, que buscan estudiar los casos de migrantes, han tratado de ser frenadas por el magistrado de la corte del Distrito Sur de Texas, quien emitió una orden nacional que dice: “Prohíbo la implementación y cumplimiento de las pólizas descritas en el memorando del 20 de enero, de Biden –Pausa inmediata a cien días de expulsiones”.
