Por las declaraciones vertidas en sus redes sociales en febrero de 2026, se podría inferir que para el periodista Juan Carlos Arana —director y conductor del programa Posdata—, la empresa tecnológica Palantir Technologies es un simple «piojo tuerto» si se la compararía a una supuesta tripleta institucional de la vigilancia boliviana: la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (Adsib) y la Plataforma Estatal de Geoinformación (Geo Bolivia).
Los medios de comunicación con frecuencia construyen narrativas a partir de información parcial o especulativa, ya sea por falta de acceso a todos los elementos del contexto o por alineamientos económicos o políticos. Desconozco los motivos que llevaron al señor Arana a realizar sus declaraciones; por ello, este artículo busca complementar los aspectos que, a mi juicio, estuvieron ausentes en su análisis y en las acusaciones formuladas.
Según Arana y varias de sus fuentes, estas entidades públicas sirvieron durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para vigilar y coartar la libertad de la oposición, operando con fines de persecución política. Esta acusación pone en evidencia un debate crucial: la digitalización de los datos de la población y de su recorrido burocrático-institucional conlleva un potencial latente de vigilancia y extorsión. Cualquier ciudadano puede sufrir sus consecuencias si su información es utilizada para fines distintos a los indicados al realizar un trámite.
El relato que presenta a ciertas entidades del Estado boliviano como un aparato represivo no sólo simplifica un debate complejo, sino que puede distorsionar su comprensión pública. Además, desplaza la atención del problema estructural: las verdaderas amenazas a la soberanía digital, provenientes de corporaciones tecnológicas transnacionales y agencias de inteligencia extranjeras cuya lógica se basa en la vigilancia a gran escala.
Por eso, antes de asumir como ciertas estas acusaciones, es fundamental comprender el contexto de creación de Adsib , Agetic y Geo Bolivia, sus funciones reales y los límites de su accionar. Solo así podremos distinguir entre los riesgos latentes de cualquier gestión estatal de datos y los peligros documentados de un modelo de vigilancia diseñado para controlar poblaciones enteras.
Contexto y funciones de Adsib, Agetic Y Geo Bolivia
Para comprender el alcance y las limitaciones de la vigilancia estatal en Bolivia, es necesario explicar el origen y la finalidad de las dos instituciones mencionadas y de la plataforma georeferencial.
Adsib (Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia): Fue gestada en el marco del Componente de Gobierno Electrónico del Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e implementado en Bolivia entre 1997 y 2002, durante los gobiernos de Hugo Banzer y Tuto Quiroga, en un contexto de reformas institucionales y modernización del Estado.
Antes de su creación formal, el propio Componente de Gobierno Electrónico ya había logrado avances significativos. En el año 2000 se implementó la emisión del certificado de nacimiento digital, que podía obtenerse sin presencia física en oficinas públicas, listo para su impresión y con medidas de seguridad incorporadas. Asimismo, se desarrolló una primera versión del Portal de Gobierno Electrónico, concebido como una ventanilla única para iniciar y dar seguimiento a trámites, desde la cual el usuario podría ser derivado a la institución correspondiente. La visión era que todas las entidades públicas fueran progresivamente digitalizadas bajo una lógica y formato estatal común.
Con el objetivo de consolidar y dar continuidad a este proceso de digitalización, el 19 de marzo de 2002 se creó la ADSIB mediante el Decreto Supremo 26553, durante el gobierno de Tuto Quiroga. Se estableció como una entidad descentralizada bajo la Vicepresidencia del Estado, con autonomía técnica y administrativa. Entre sus funciones se le asignó la formulación de políticas en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), la agilización y transparencia de los procesos administrativos mediante su digitalización, la reducción de la brecha digital y la continuidad de iniciativas como la Red Boliviana de Comunicación de Datos (BOLNET) y la Unidad de Fortalecimiento Informático (UFI).
Su propósito era simplificar la burocracia mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la reingeniería de procesos administrativos. No obstante, el poco entendimiento de su verdadero objetivo y potencial, empezando por su primer director —Jorge Paravicini, anterior director de BOLNET—, la falta de continuidad en las políticas públicas bolivianas, una inadecuada comprensión de su finalidad por parte de los vicepresidentes y los cambios en la conducción del Ejecutivo impidieron que la entidad alcanzara plenamente las metas para las cuales fue concebida. Cuando Carlos Mesa asumió la Vicepresidencia el 6 de agosto de 2002, el proyecto no logró posicionarse como una prioridad estratégica dentro de la agenda gubernamental ni consolidarse como eje de modernización estatal; además, su permanencia en el cargo fue breve, hasta el 17 de octubre de 2003, cuando asumió la Presidencia en un contexto de crisis política.
Posteriormente, durante la Vicepresidencia de Álvaro García Linera, la ADSIB tampoco fue fortalecida como plataforma integral de gobierno electrónico. En la práctica, su accionar quedó acotado principalmente a la administración del dominio nacional (.bo), la generación y gestión de llaves de encriptación —desde 2014— y el resguardo de repositorios de software libre, sin desplegar plenamente el potencial transformador que originalmente se le atribuía en materia de modernización y transparentización del Estado. Con lo que nunca contó con la posibilidad de obtener datos administrativos, ni personales de la ciudadanía; que pudieran ser usados para algún tipo de vigilancia estatal.
Es así que, siguió cumpliendo sus funciones básicas hasta enero de 2026, cuando el gobierno de Rodrigo Paz emitió el DS 5519, que ordenó el cierre de la ADSIB y la transferencia de todas sus atribuciones a la AGETIC. Esta medida, presentada oficialmente como una optimización de recursos, tuvo un claro trasfondo político: quitarle al vicepresidente Edman Lara cualquier potestad de acción sobre las políticas de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Otro decreto, de febrero de 2026, que quita más atribuciones a la Vicepresidencia es el DS 5552: al establecer que la Vicepresidencia recibirá apoyo funcional desde el Ministerio de la Presidencia y transfiere personal, presupuesto, activos y funciones a diversas carteras estatales. Estas decisiones responden a las crecientes rencillas entre el presidente Paz y su vicepresidente, quienes mantenían diferencias políticas y de gestión, lo que llevó al Ejecutivo a despojar a la Vicepresidencia de una de sus áreas más estratégicas y con mayor proyección tecnológica.
Agetic (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación): Creada mediante el DS 2514 el 9 de septiembre de 2015. La institución tiene entre sus atribuciones la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y servicios de Gobierno Electrónico y de Tecnologías de Información y Comunicación para las entidades del Estado. Dependiente del Ministerio de la Presidencia, AGETIC se ha consolidado como el brazo operativo central del Gobierno Electrónico.
Sus funciones incluyen la implementación de sistemas de interoperabilidad, el fortalecimiento de la ciberseguridad, la reducción de la brecha digital y la digitalización de los servicios estatales. Por más de haber logrado la implementación del sistema de Ciudadanía Digital, entre otros, así como cierto nivel de interoperabilidad con algunas entidades públicas, su “poder de vigilancia” no llega a niveles de tener acceso a cuentas bancarias de los ciudadanos, como lo indicó Arana. Hecho que solamente se puede dar bajo una orden judicial y con aprobación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y no sería la AGETIC que recibiría estos datos.
Geo Bolivia (Plataforma Estatal de Geoinformación): Forma parte de la Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia (IDE – EPB), una iniciativa de la Vicepresidencia que nace el año 2011. Es la plataforma encargada de generar y administrar la geoinformación oficial del Estado, orientada a centralizar información geográfica oficial para planificación territorial, gestión de recursos naturales y políticas públicas.
Su finalidad es técnica y administrativa: integrar y estandarizar datos geoespaciales para fortalecer la planificación, la gestión territorial y la toma de decisiones del Estado. No fue concebida como un instrumento de vigilancia, sino como una plataforma de información territorial —de acceso abierto— destinada a facilitar el uso estratégico de datos espaciales por parte de instituciones, investigadores y ciudadanía en general.
Otro episodio, mencionado por el periodista Juan Carlos Arana en su crítica, refleja con claridad la tensión que rodea a estos procesos. Arana hizo eco de la réplica emitida por el hasta febrero director de ADSIB —Bladimir Magne— quien indicaba que al presidente Rodrigo Paz no se le había proporcionado su firma digital porque este no inició el trámite correspondiente, a diferencia de varios de sus ministros que sí la gestionaron y la obtuvieron sin problemas.
Esta queja revela una concepción excepcionalista del poder, según la cual el presidente, por el solo hecho de ejercer el cargo, debería recibir una firma digital de manera automática, sin someterse a los procedimientos administrativos y de seguridad que rigen para cualquier ciudadano o funcionario público. Además, la firma digital es un trámite estrictamente personal, pues otorga validez jurídica a los documentos suscritos y exige el cumplimiento de estándares técnicos y protocolos de identificación que no pueden ser omitidos en nombre de la jerarquía.
La situación, en realidad, parece menos técnica y más política. El presidente Paz habría optado por obtener la firma digital no como parte de una estrategia integral de modernización del Estado, sino porque esta herramienta le permite suscribir decretos y documentos oficiales desde el extranjero —en el marco del DS 5515, promulgado el 29 de diciembre de 2025— sin necesidad de delegar temporalmente el mando al vicepresidente, como ha sido la práctica sostenida desde la recuperación de la democracia en 1982. Ninguno de los presidentes anteriores, desde Hernán Siles Zuazo hasta Luis Arce, requirió una firma digital para ejercer sus funciones durante viajes oficiales. Esto sugiere que la urgencia en obtenerla —y las decisiones institucionales asociadas, como la desaparición de la Adsib— responden más a dinámicas de control político y preservación personal del poder que a consideraciones técnicas o a una genuina preocupación por la protección de los datos de la ciudadanía.
Al existir estas instituciones que centralizan grandes volúmenes de datos personales y estratégicos, el riesgo de que funcionarios públicos, desde niveles operativos hasta altos mandos, se sientan tentados a fisgonear información sensible o utilizarla con fines de persecución política es una preocupación legítima. Esto es inaceptable y debería ser justamente prohibido y sancionado por una ley de datos y medidas de seguridad que debieron trabajarse desde la gestación de estas instituciones.
Sin embargo, de ahí a vincular a estas entidades con mandos militares y capacitaciones en vigilancia impartidas en Cuba e Irán, como sugiere el relato periodístico, me parece que es querer justificar el cierre de Adsib mediante un relato alineado al contexto geopolítico actual, creando un escenario más allá de lo comprobable. No porque no sea posible, sino porque se corre el riesgo de minimizar las verdaderas amenazas externas a nuestra soberanía tecnológica, desviando el foco hacia un enemigo interno fabricado, que ya no está al mando del Ejecutivo.
Por eso, considero que es preciso ampliar la visión sobre las verdaderas fuerzas que operan en el tablero global de la información. Es imperativo, entonces, cambiar el lente: debemos analizar cómo, de manera deliberada, las TIC son instrumentalizadas como mecanismos de vigilancia, control y, en última instancia, destrucción. Entender esta lógica depredadora es el fundamento para definir políticas que nos protejan de estas entidades y para internalizar, de una vez, que la soberanía tecnológica es la única garantía de que nuestros datos y nuestra toma de decisiones no queden secuestrados por intereses foráneos.
El origen y finalidad de las verdaderas entidades de vigilancia global: Palantir y el Mossad
En el mundo operan entidades públicas y privadas creadas y orientadas exclusivamente a la vigilancia masiva y la extorsión, cuyos modelos de negocio y acción dependen del control total de la información. Entidades que debemos conocer, dada su influencia geopolítica y la alineación del presidente Paz con los gobiernos de Estados Unidos e Israel.
Palantir Technologies: Fundada con el apoyo del brazo de inversiones de la CIA, Peter Thiel, Alex Karp y otros socios vinculados al ecosistema tecnológico estadounidense. Se especializa en el análisis de grandes volúmenes de datos (big data) para crear perfiles de vigilancia predictiva. Sus principales productos (Gotham y Foundry) permiten integrar datos provenientes de distintas fuentes —registros migratorios, telecomunicaciones, redes sociales, bases policiales— para generar perfiles, patrones y predicciones.
Su software es utilizado por ejércitos como: el estadounidense y el israelí, así como por agencias de inmigración y control fronterizo. Un ejemplo emblemático es su uso por el Immigration and Customs Enforcement (ICE) de Estados Unidos, donde sus herramientas han sido clave para identificar, rastrear y capturar migrantes indocumentados. Esta plataforma, alimentada con datos de diversas fuentes, permite a los agentes tomar decisiones sobre detenciones y deportaciones, convirtiendo la información personal en un arma de control migratorio. Esta empresa tiene como único objetivo generar la mayor cantidad de ganancias económicas sin nunca cuestionarse sobre si su actuar es éticamente correcto.
El Mossad y la vigilancia contra la población palestina: El Mossad es la agencia de inteligencia exterior de Israel, equiparable a la CIA estadounidense. Su misión declarada es «reunir inteligencia, frustrar amenazas y garantizar la seguridad del Estado de Israel y el pueblo judío». Para ello, emplea tecnología de punta y una vasta red de agentes. Su accionar en los Territorios Ocupados Palestinos, en coordinación con el Shin Bet (seguridad interior), es un ejemplo de cómo la información recolectada se utiliza para fines de control y ataque. El Mossad ha sido señalado como responsable de operaciones de inteligencia que preceden a bombardeos selectivos sobre la Franja de Gaza, utilizando datos de vigilancia para ubicar y eliminar objetivos, causando a menudo miles de víctimas colaterales entre la población civil, brindando información para bombardear áreas urbanas, hospitales y colegios.
Un ejemplo reciente y escalofriante de su capacidad tecnológica fueron las explosiones de buscapersonas y walkie-talkies en Líbano en septiembre de 2024. Aunque no asumió la autoría, se atribuyó al Mossad la operación de interceptar la cadena de suministro de estos dispositivos, manipularlos para introducir explosivos y hacerlos detonar simultáneamente. Este ataque, dirigido contra miembros de Hezbolá, dejó un saldo de decenas de muertos y miles de heridos, incluyendo civiles, y demostró un nivel de penetración tecnológica que trasciende el espionaje para convertirse en un arma de guerra.
La urgencia de proteger nuestra soberanía tecnológica
La comparación entre las entidades bolivianas y gigantes de la vigilancia global como Palantir o el Mossad —que utilizo al principio de éste artículo— puede ser desproporcionada, pero sirve para visibilizar el verdadero debate de fondo: ¿cómo protegemos la información de nuestra población de los intereses de gobiernos nacionales, así como de potencias extranjeras y multinacionales que buscan mermar nuestra soberanía política y tecnológica?
El cierre de la Adsib y la centralización de todas las capacidades digitales en la Agetic, es en cierta medida coherente, ya que ambas entidades tenían una finalidad similar y complementaria, sólo que se separaron sus atribuciones por no entender el verdadero propósito de la Adsib. El anterior Gobierno también se vio tentado de fusionar estas entidades. Sin embargo, quizá por respeto a su vicepresidente —David Choquehuanca— y por mantener las relaciones institucionales en un marco más armónico, no lo hizo. La pregunta que deberían estar haciéndose los periodistas y programas de opinión pública, como Posdata, no es sólo si el anterior gobierno de turno usó estas herramientas para perseguir opositores, sino si el uso indiscriminado de plataformas tecnológicas y servicios en la nube propiedad de corporaciones extranjeras es adecuado para un Estado que busca ser soberano.
Necesitamos investigaciones más profundas que analicen las implicaciones de que nuestros datos queden alojados en servidores fuera del país, sujetos a legislaciones como la Ley de la Nube (Cloud Act) estadounidense. ¿Qué acceso pueden tener agencias como la CIA o ICE a la información de los bolivianos si ésta está en manos de empresas de su país como Amazon o Starlink?
Por ello, resulta urgente actualizar constantemente las políticas de seguridad informática del Estado y aprobar una Ley Integral de Protección de Datos Personales que establezca criterios claros sobre qué información puede recabarse, con qué finalidad, bajo qué principios de proporcionalidad y minimización, y en qué condiciones puede compartirse. Agetic venía trabajando en un proyecto normativo en esa línea, que debió haberse promulgado durante la gestión de Luis Arce; sería pertinente esclarecer por qué esa iniciativa no llegó a consolidarse, incluyendo la responsabilidad de quienes entonces dirigían la institución, como su exdirector Vladimir Terán.
Hoy, más que nunca, estas medidas deben concretarse y situarse a la altura de un escenario internacional atravesado por una acelerada “carrera armamentista” tecnológica, impulsada por sistemas avanzados de inteligencia artificial y por el denominado Internet generativo. La digitalización masiva de los datos de la población —desde su historial burocrático hasta sus comunicaciones— encierra un potencial de vigilancia que nos concierne a todos. Reducir el debate a relatos de persecución política local —dinámicas que pueden darse en contextos de polarización incluso sin sofisticadas infraestructuras de datos— implica perder de vista el bosque: la creciente dependencia tecnológica y los sistemas de vigilancia global; mientras nos concentramos únicamente en los árboles: las disputas internas coyunturales. La seguridad y la privacidad de la ciudadanía no pueden quedar subordinadas ni a intereses de élites nacionales ni, mucho menos, a los de corporaciones y gobiernos extranjeros.
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Carlos Bonadona Vargas Boliviano, magister en energías renovables y medio ambiente
