El reciente presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, en su habitual estilo discursivo –dejando eslóganes para los titulares–, ha decidido cerrar el Ministerio de Justicia bajo la consigna: “se acabó el ministerio de la persecución, de la injusticia”, y prometió que “no volvería el terrorismo de Estado”.
Esta decisión, tomada en el contexto de la pugna interna entre el vicepresidente Lara y el primer mandatario, refleja que las actuaciones se basan en cuestiones viscerales que también evidencian pugnas internas en el oficialismo. Se debe recordar que su ascenso al Ejecutivo se dio de forma accidental y de igual manera la conformación de su gabinete. En menos de 24 horas cambiaron de ministro y desde ambos bandos se acusó a los designados de tener delitos en su haber. Acto seguido, el Presidente procede a cerrar el Ministerio de Justicia, como si esa fuera la solución.
Es muy alarmante que las decisiones se tomen por emociones o conflictos de interés en lugar de velar por los derechos, pensar en el país o buscar algo más que un eslogan presidencial para los titulares de los medios.
Eliminar el Ministerio de Justicia bajo la acusación de injerencia es un error. Quisiera pensar que esto se debe al desconocimiento de cómo opera el Estado, más que a la ignorancia sobre los derechos que se deben defender para todas y todos los bolivianos; o quizás por utilizar otro eslogan más, lo cual sería aún peor. En ese ministerio se encontraban entidades cruciales: el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que vela por los derechos de las mujeres, niñas, niños y adultos mayores; el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (Conalpedis); y la defensa de los derechos del usuario y consumidor. Además residía la tutela de la Defensa Pública, protegiendo a las poblaciones vulnerables. Otra entidad que formaba parte de esta estructura era el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Se tomó la decisión de que algunas de las carteras fueran asumidas por el Ministerio de la Presidencia, otorgando un centralismo de funciones a ese despacho. Asimismo, decidieron mover el Conalpedis al Ministerio de Salud, lo que generó un conflicto con las personas con discapacidad. Como planteó esta población existen contradicciones con el enfoque de Derechos Humanos establecido por las normas internacionales, cuestión que se debe a que al reducir la discapacidad a una condición médica se restringe la gestión de las políticas a una prestación de salud, cuando en realidad se requieren políticas integrales.
Pero hay un desconocimiento de fondo, porque las carteras ministeriales están diseñadas para elaborar y gestionar políticas públicas, función que el Órgano Judicial no puede llevar a cabo ya que su misión es impartir justicia. No se necesita un ministerio para ejercer injerencia o realizar persecución, como señala el Presidente. No es casualidad que los intereses de la justicia hayan cambiado con el nuevo Gobierno, sino ¿cómo se explica la liberación de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho y las aprehensiones inmediatas del expresidente Luis Arce y Lidia Patty a menos del primer trimestre de gestión? Lamentablemente en este país la justicia opera en función de quién esté en el poder, y esto ocurre independientemente de la existencia de un Ministerio de Justicia.
Lo que se ha cometido es un gravísimo error que, por pugnas internas y por el uso de eslóganes como soluciones, atenta contra los Derechos Humanos, contra la lucha anticorrupción y contra la protección de las poblaciones vulnerables. De paso debilita la misma imagen de transparencia que este Gobierno pretende proyectar y que debería preservar y fortalecer. Es fundamental robustecer las instituciones que previenen actos de corrupción para no caer ni repetir aquello que tanto se critica del anterior gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de los precedentes.
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Khantuta Muruchi Escobar Boliviana, socióloga
