Plan Ecuador en plena ejecución de impronta Made in USA y multilaterales como FMI

La Corte Constitucional del Ecuador dictaminó que los acuerdos firmados entre Ecuador y Estados Unidos para cooperación de seguridad no requieren de la aprobación de la Asamblea Nacional, con lo cual se configura una flagrante vulneración del Artículo 419 numeral 2 de la Constitución.

El Gobierno de Daniel Noboa podrá ratificar y continuar con la ejecución de los tratados.

En el año 2023 el régimen de Guillermo Lasso suscribió dos documentos denominados “Acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas” y “Acuerdo relativo al estatuto de las fuerzas”. Posteriormente, fueron enviados los textos a la Corte para que emita dictamen relativo a la necesidad o no de aprobación legislativa, previo a la ratificación de los acuerdos.

El pasado 11 de enero el pleno de la Corte Constitucional resolvió dictaminar que los acuerdos antes mencionados no se encuentran incursos en los parámetros del Artículo 419 de la Constitución, el cual establece una serie de casos en los que se necesita la postura de la Asamblea.

La decisión se aprobó con seis votos a favor y tres salvados (en contra del dictamen de mayoría).

Es inverosímil que la ratificación de los acuerdos no requiera de la aprobación de la Asamblea. Con ello la Corte ordenó devolver los documentos a la Presidencia de la República para que continúen con el trámite correspondiente.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, en un conversatorio con medios de comunicación manifestó este miércoles 24 de enero que la decisión de la Corte es “una buena noticia”, ya que reducirá los tiempos para implementar los acuerdos.

“Lo que corresponde es que el Presidente emita un decreto y sea conocido e informado a través de nuestra diplomática hacia los Estados Unidos”, expresó Sommerfeld.

Contenido de los acuerdos:

El Acuerdo entre Ecuador y los Estados Unidos relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre las partes con el fin de prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las acciones marítimas transnacionales irregulares.

Estados Unidos ayudará a combatir el tráfico de drogas, tráfico ilegal de migrantes, transporte peligroso de migrantes, proliferación por mar de armas de destrucción masiva, sus vectores y material conexo, y pesca ilegal no declarada ni reglamentada.

En el acuerdo se precisa que las operaciones se efectuarán únicamente contra buques sospechosos, incluidos los sin nacionalidad.

El Acuerdo relativo al estatuto de las fuerzas establece mecanismos de asistencia entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de Ecuador con relación a la visita de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias, actividades de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos, tales como el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, terrorismo internacional y otras amenazas.

La Corte precisa que no se trata de una alianza política, ni militar, porque no tiene como objetivo la realización de actividades militares o bélicas para afrontar amenazas propias de conflictos armados, lo que al parecer genera más dudas e incertidumbres.

Pretenden posicionar que el acuerdo se refiere a un compromiso de cooperación interestatal encaminado a fortalecer la capacidad de respuesta a los retos compartidos por ambas partes.

Ya hemos manifestado que el neoliberalismo es perverso, insensible e inhumano, profundiza la injusticia social, así como las enormes brechas de pobreza multidimensional, concentra riqueza en pocas manos y mantiene activada la lucha de clases; y mediante sus multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) cuelgan el peso de las crisis estructural del otrora hegemón estadounidense, que no ha dejado de considerarse el gendarme de la Humanidad, de diseminar y penetrar su presencia  a través de la generación de conflictos que se convierten en la punta de lanza de desestabilización de las democracias de una segunda oleada progresista en construcción y disputa permanente de los Estados Unidos. La agenda multilateral tiene su sustento en el achicamiento del Estado e implementación de medidas antipopulares, incremento de impuestos, eliminación de subsidios, disminución presupuestaria, desinversión en la infraestructura social en las áreas de salud, educación, incremento de la tasa desempleo, con predominio del denominado subempleo, que agrietan y profundizan la pobreza multidimensional que golpea a las clases subalternas, sectores sociales y populares excluidos históricamente por la ausencia del Estado, en donde la violencia e inseguridad entra en escena y hace su modo de vida propicio para el fomento de diferentes tipos de delitos permitidos por estructuras oligárquicas antidemocráticas y antagónicas al Estado de bienestar y justicia social; que descargan toda su parafernalia neofascista, la que es orquestada por una estructura massmediática y corporativa que reproduce una narrativa fáctica que termina endosando a los sectores sociales y populares excluidos y discriminados los males habidos y por haber.

Daniel Noboa Azín, presidente constitucional del Ecuador, cumple 60 días en Carondelet, y es importante analizar que ha emitido dos decretos presidenciales, Nro. 110 y 111, que le han permitido hacer uso del estado de excepción y declaratoria de conflicto armado interno, así como la implementación de los Acuerdos de Cooperación legados por el régimen de Guillermo Lasso, firmados  respectivamente entre el exCanciller de Lasso con el embajador estadounidense en Quito, Michael Fitzpatrick, que se encargó de denunciar la corrupción de estructuras del narcotráfico en la Policía Nacional a través de narco generales y Fuerzas Armadas, el sistema de justicia, es decir, la contaminación del narco en la institucionalidad del Ecuador.

El pronunciamiento de Corte Constitucional del Ecuador configura no solo subordinación a una potencia extranjera, sino la vulneración y pérdida de la soberanía ecuatoriana, amparada en estos acuerdos de cooperación militar motivados por los decretos de estado de excepción y declaración de conflicto armado interno (CAI) 110 y 111, firmados por presidente Daniel Noboa Azín, muy bien planificados, argumentados, que son  la evidencia más tangible del proceso de desinstitucionalización iniciado tanto por expresidente Lenín Moreno, como el expresidente Guillermo Lasso.

Estos acuerdos surgen en momentos de máxima popularidad de apoyo y combate a la delincuencia organizada que tiene atrapado al pueblo ecuatoriano mediante la guerra psicológica y el miedo, evidenciado la sumisión y subordinación al gobierno federal estadounidense, responsable de todos los males que aquejan a la región de nuestra América, mediante la penetración de grupos de delincuencia organizada y narcoterrorismo que se convierten en la punta de lanza para el incremento de la enorme ola de violencia e inseguridad que ha devastado al otrora segundo país más seguro de la Región, como es el Ecuador, y que fuera considerado el jaguar latinoamericano por los logros y resultados socioeconómicos mediante el Estado de bienestar, hoy en soletas y agrietado por la inseguridad, violencia, desempleo, mientras en el cenáculo legislativo está el proyecto de Ley Económica Urgente para incrementar el Impuesto del Valor Agregado (IVA) del 12% al 15% , que ya fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico, mismo que ha pasado a la sesión del plenario legislativo previsto para el sábado 27 de enero (Ley Económica Urgente) para el  primer debate. Con este proyecto se pretende pagar el financiamiento de un conflicto armado interno, no internacional, que no tiene límites de finalización, pero sí fecha de iniciación, significando con ello que el pueblo ecuatoriano deberá pagar la enorme factura del conflicto, la compra de armas, construcción de mega prisiones, una especie de copy paste del modelo Bukele; concomitante ya se está rotulando a todo adolescente y joven  tatuado como integrante de uno de los grupos de delincuencia organizada, que significa una flagrante criminalización no solo de la pobreza, proliferación de estigmas,  comportamiento cargado de xenofobia y discriminación por la pertenencia sociocultural a determinado pueblo como es el caso específico del afroecuatoriano. Ya suenan voces de que se están violando Derechos Humanos bajo el amparo de estado de excepción y de conflicto armado interno.

Tan solo hay que mirar el significado traumático y execrable del Plan Colombia, todavía con un enorme velo de impunidad, de violaciones de Derechos Humanos, sin restitución de derechos y que ha abierto una quinta mesa de diálogo entre el gobierno de presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en La Habana, Cuba, que también ha permitido un cese al fuego por seis meses.

Abrigamos la esperanza que Colombia encuentre la ruta de la justicia social y construya esa potencia mundial de la vida.

Algunos analistas manifiestan que Noboa es un improvisado neoliberal proveniente de una de las oligarquías más opulentas y poderosa del Ecuador. Nosotros decimos que no, fue una ficha estratégica oculta bajo la manga geopolítica estadounidense para implementar y retornar con bombos y platillos a la región nuestramericana, cuyo objetivo y fin en mente es la recuperación de su denominado patio trasero, ahora que China tiene una importante presencia en la Región con inversiones muy significativas en varios ámbitos de la producción, megaproyectos de infraestructura vial, aeroportuaria, energéticos, tecnológicos y también científicos; es decir, un gran portafolio en materia socioeconómica, tomando en cuenta que al ser una de las economías más boyantes y  mediante algunos tratados comerciales ha logrado expandir su presencia, cooperación y poder en nuestra América.

China es la columna vertebral de los Brics junto a Rusia, Brasil, India y Sudáfrica, ahora con la inclusión de más países miembros, convertida en la gran amenaza inusual para el orden unipolar liderado por los Estados Unidos, azotado por una enorme crisis estructural interna y externa, el mantenimiento del bloqueo a Cuba, Nicaragua, Venezuela, sumadas las medidas coercitivas unilaterales, órdenes ejecutivas y de rotular a Cuba como país patrocinador del terrorismo, que no es más que la reconfiguración de la doctrina de Seguridad Hemisférica Occidental, con ciertos elementos de la guerra fría y el espectro naciente del Plan Cóndor 2.0, concomitante el apoyo a Israel en la violencia genocida que viene cometiendo casi cuatro meses en contra del pueblo de Palestina, violentado, transgrediendo y tutelando las resoluciones de los Consejos de Seguridad y de Derechos Humanos, del tortuoso sistema de Naciones Unidas y el silencio cómplice de la comunidad internacional, pero sí la condena, repudio y solidaridad de los pueblos del mundo.

A los Estados Unidos no les ha ido bien en la operación de vandalismo y saqueo en Afganistán, Irak, Libia, en estos días ha bombardeado Yemen junto a su aliado Gran Bretaña, que siempre se apoyan mutuamente en estos actos bélicos, tampoco en  Ucrania y al parecer el proceso de desnazificación emprendido por la Federación de Rusia le ha pasado una gran factura a su recurrente geopolítica de la dominación en crisis, de su modelo neoliberal de capital rentista y especulativo, que desnuda a un capitalismo salvaje, oprobioso e inhumano, que se torna muy peligroso y que no deja de roturar conflictos en la aldea global.

 En contexto del proceso de primarias estadounidenses es visible el avance y consolidación de Donald Trump, que nuevamente acaricia el solio presidencial de la Casa Blanca, porque la imagen del presidente demócrata Joe Biden está salpicada de algunos hechos y eventos negativos que abren y allanan el camino a su rival.

Por ello es importante mencionar que en el Ecuador fueron construyendo el escenario durante siete años y hoy se abre la puerta de ingreso a la expansión y presencia estadounidense en la Región a través del Comando Sur.

Ya en la Cumbre Continental de Seguridad realizada en Quito en septiembre de 2022 se construyó la gran agenda a implementarse con intervención de diferentes agencias estadounidenses que mediante  los acuerdos y la cooperación militar con los Estados Unidos van afincar su permanencia en la región nuestramericana bajo el paraguas de ayudar a combatir a las serias amenazas de grupos de delincuencia organizada articulados a los carteles del narco como son Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y las mafias provenientes de los Balcanes, de Albania, Serbia y Montenegro. Todo encaja y se amolda como anillo al dedo, así expresa un refrán muy popular. Es cierto que no se desconoce la enorme data de violencia e inseguridad que viene erosionado al Ecuador, generada por la disputa y control de territorios de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), hoy ascendidos a la categoría de bandas narcoterroristas articuladas al crimen y delitos transnacionales, convertidas en el objetivo militar del conflicto armado interno cuyo significado se traduce en el financiamiento de este conflicto, por el 99% del pueblo ecuatoriano vía incremento de impuestos, que en informe de la Comisión de Desarrollo Económico de Asamblea Nacional ya cuenta con luz verde, impuesto que una vez sancionado durante los años 24, 25 y 26 pagará el incremento del 3% y al siguiente año volverá a bajar al 13%.

El  estado de excepción y de CAI, que en definitiva lo configuran como guerra al crimen organizado, a las drogas, al narco, cuyo escenario más nefasto y atroz fue el Plan Colombia, Plan Mérida de México, con enormes indicadores y datas de víctimas mortales, muchas de las cuales fueron denominados falsos positivos que desnudaron terribles violaciones de Derechos Humanos y fundamentales, con secuelas aún en camino de solucionar; todavía se está asesinando a líderes sociales y hay una enorme resistencia de las estructuras  políticas oligárquicas neofascistas que sometieron a Colombia en ese plan cuyas repercusiones han salpicado al Ecuador.

Ecuador sufre el impacto de un proceso de hibridación de 30 y 20 años respectivamente, tanto de Colombia y México, al ser un país fronterizo entre Colombia y Perú, atrapado por una dictadura y retorno con fuerza del fujimorismo y su neofascismo, que ha recibido todos los impactos más nefastos del crimen organizado. Han convertido al Ecuador en objetivo geopolítico, estratégico y económico al tener puertos marítimos geográficamente situados en la cuenca del Pacífico, así como de la Amazonía, que se volvió muy fértil para el narcotráfico ya que al ser el banano y otros productos de exportación que salen por vía marítima sus contenedores han sido la fuente de contaminación del alcaloide, que por cierto ahora ingresa con mayor facilidad a puertos de Europa, desplazando el mercado estadounidense en donde ahora ingresa el 25%, sumado el fentanilo que está destruyendo y fortaleciendo la economía del narco, que posteriormente retorna a la Región para ser lavado ese dinero en el sistema financiero ecuatoriano. Algunos estudios evidencian esas operaciones financieras provenientes del narco y sus diferentes delitos, a los que están atados el tráfico de armas, de migrantes como lo que viene aconteciendo por el Tapón del Darién colombiano y panameño, trata, comercio, explotación sexual de niñez, adolescencia, mujeres, tráfico de órganos y la migración criminalizada convertida en mulas (transportadores/as naturales del alcaloide) del narcotráfico, concomitante miles de millones de dólares son invertidos en el sistema inmobiliario y otras actividades articuladas a la producción.

Empero, es importante manifestar que Daniel Noboa Azín es el hijo primogénito del Clan Noboa o Grupo Noboa, el más poderoso del Ecuador y cuya base económica es la exportación del banano con unas 150 empresas diseminadas en más de 50 países del mundo. En efecto, pertenece a esta estructura oligárquica, ha debido tomar decisiones oportunas y aprovechar estratégicamente el desmadre de siete años de  violencia e inseguridad, que generó masacres carcelarias, una de las tasas de violencia criminal más altas de Latinoamérica, que han colocado al Ecuador como uno de los cinco países más violentos e inseguros del mundo, con eliminación de ministerios estratégicos en materia de seguridad y desmantelamiento del  manejo del sistema penitenciario y una política pública que fue muy bien institucionalizada durante 10 años en los gobiernos de la Revolución Ciudadana.

En Ecuador en siete años se ha desmontado y desmantelado el Estado de manera abrupta y bien planificada con  la extirpación del espíritu constituyente de Montecristi, ahora con la implementación del Plan Ecuador que expertos constitucionalistas manifiestan que configura una flagrante vulneración de ese  espíritu constituyente, que no siguió el debido proceso contemplado en la Constitución en el Artículo 419: “la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 2) Establezcan alianzas políticas o militares”.

Ese numeral es clave para entender que no se ha seguido el debido proceso y con ello se está evidenciando que se incumple con una de las competencias de la Asamblea Nacional de ratificación o renuncia de los tratados internacionales ya que es requerida su aprobación o negación.

Por lo tanto, el milenial Presidente ha aprovechado de manera oportuna la declaratoria de estado de excepción y de conflicto armado interno, así como la coyuntura política de la Asamblea Nacional, para implementar la agenda estratégica impuesta por los multilaterales y el gobierno federal estadounidense con miras a candidatizarse a la reelección en 2025, ya que a mediados de 2024 nuevamente comenzará la campaña en  la arena política electoral  para candidaturas a la Presidencia, Vicepresidencia de la República del Ecuador y elección de 137 asambleístas.

A propósito, el financiamiento del conflicto armado interno va precedido del proyecto llamado Ley de Emergencia Económica que propone el incremento del IVA en tres puntos, el  que golpeará más a los sectores populares, que es una estrategia muy bien pensada y planificada por los laboratorios de inteligencia y tanques de pensamiento estadounidenses, condiciones de los multilaterales, para adquirir más deuda externa, de pagar el financiamiento de mencionado plan colgando en las espaldas de la gente el peso de un conflicto armado interno que también pretende focalizar los subsidios de los  combustibles, energía y otras fuentes energéticas, que se deberá debatir, aprobar o negar en la Asamblea Nacional. Algunas bancadas legislativas mencionan que paguen los que más tienen y consumen, como son los bancos que han tenido boyantes ganancias, los que sacan grandes capitales a paraísos fiscales como el expresidente Lasso. Que sean ellos los que financien el conflicto armado y no el pueblo al que se vulnera de manera recurrente sus Derechos Humanos y fundamentales.

La Asamblea Nacional tiene un proyecto de ley en mano y debe analizarlo, aprobarlo o negarlo, pero no colgar el peso de un conflicto armado interno que significa además enajenación de la soberanía nacional debido a la crisis de seguridad interna provocada en siete años por nefastos regímenes neoliberales.

Los denominados acuerdos de cooperación de Ecuador con los Estados Unidos de Norteamérica connotan la presencia de vehículos terrestres, naves aéreas y marítimas, uso del espectro radioeléctrico patrimonio intangible del estado Ecuatoriano, similarmente inmunidad total a los militares estadounidenses, exoneración de impuestos a empresas vinculadas al ámbito de la seguridad y a la construcción de las megaprisiones.

Como siempre la presencia de altas autoridades estadounidenses y la Jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, viene atada a todo el manual de la denominada Guerra Fría 2.0 y Doctrina de la Seguridad Hemisférica y Continental reconfiguradas a raíz del septiembre 11 del 2001, es decir, de guerra total a las amenazas inusuales terroristas, al modelo y consenso de Washington, que deben ser combatidas y eliminadas.

El Plan Ecuador significa una reconfiguración y presencia estadounidense en la cuenca del Pacífico, concomitante el control de los recursos naturales y energéticos que han sido el objetivo ya manifestado en diferentes alocuciones a medios de comunicación por General Laura Richardson.

Estos acuerdos tienen una clara intencionalidad de mantener activada la presencia militar estadounidense en la Región mediante Plan Ecuador para contrarrestar a los grupos de delincuencia organizada, hoy calificados de narcoterroristas y de objetivo militar del Plan.

Ergo, los dogmas y camisa de fuerza del neoliberalismo e imperialismo estadounidense vienen atados con una presencia, reconfiguración y control de su denominado patio trasero en la región nuestramericana a través del Ecuador, significando con ello que la apuesta norteamericana y presencia en la Región es volver a mantener su alteridad de poder, control de los recursos naturales, energéticos como el gas y petróleo, minería metálica, no metálica, el litio nuevo energético amigable con la naturaleza, los abundantes acuíferos de agua dulce presentes en la Cordillera de los Andes y la extensa región amazónica, aún un pulmón de la Humanidad, a pesar de los acelerados procesos de deforestación, megaproyectos extractivos, monocultivos, ganadería intensiva con vulneración de los derechos de los pueblos originarios, así como el boicot a las democracias que hacen uso del  principio fundacional de la libre autodeterminación contemplado en la carta de las Naciones Unidas, ahora su sistema bajo control y tutela de los Estados Unidos y el lobby sionista, que controla los complejos militares, industriales y financieros que se resisten a un nuevo orden ya en vigencia multicéntrico y multipolar y le apuestan al resurgimiento de un neoliberalismo libertario protofascista negacionista del estado de derechos y regresión de las conquistas laborales como es el régimen del  presidente Milei en Argentina, que ya recibió el primer paro de repudio y rechazo de la Confederación  General de Trabajadores (CGT) de Argentina.

Por ahora, el Plan Ecuador rumbo a Plan Cóndor 2.0 y la permanencia en Carondelet del proyecto político de la ultraderecha con presencia militar estadounidense.

Esta batalla cultural y de las ideas tiene que continuar con miras a una geopolítica de la emancipación, con unidad en la diversidad.

Mientras tanto hay militares y policías con licencia para reprimir al objetivo militar y enemigo interno que es el pueblo, amparados en el combate a grupos narcoterroristas.

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Luis Ernesto Guerra Ecuatoriano, analista político y activista de Derechos Humanos