El 13 de diciembre de 2022, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. La iniciativa propone, entre otros aspectos, el cambio de denominación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), revirtiendo las voces que señalaron la desaparición del Conacyt. No se trata solo de un cambio de semántica, sino un cambio del paradigma científico, de transformación de conceptos, de episteme, ejercicio del pensamiento crítico y cultura en las políticas y actividades de las humanidades y la ciencia. El organismo conserva su carácter público, descentralizado y su papel de asesor del Estado en estos ámbitos.
Por un lado, se recupera el viejo mandato casi olvidado de garantizar el derecho humano a la ciencia, de ser considerada un bien público, con acceso abierto a los resultados de la investigación humanística, patrimonio de todas y todos, remitiendo a miradas más allá del beneficio de las aplicaciones científicas. Por otro lado, el Estado mexicano asume el rol rector de las políticas de ciencia y tecnología, convirtiéndolo en un sujeto activo del impulso, financiamiento y generador del desarrollo científico y tecnológico.
La iniciativa de ley elabora un recuento histórico de las dos últimas décadas de las políticas neoliberales del sector científico y tecnológico, destacando el predominio de la visión mercantilista que facilitó entre otros aspectos la creación de fideicomisos y transferencias, ejecutadas mediante traslados de recursos del sector público al sector privado bajo una supuesta detonación de la investigación científica. Por ejemplo, el entonces Conacyt promovió el apoyo a las grandes empresas privadas nacionales y transnacionales (Kimberly Clark, Femsa, General Motors, Monsanto entre otras), transfiriendo a fondo perdido más de 45 mil millones de pesos, aproximadamente un 42% del total de recursos destinados al financiamiento de las actividades científicas, de desarrollo tecnológico y de innovación.
Privilegios financieros que gozaron empresas privadas –responsables de la depredación ambiental, que incluso no contaban base de ciencia y tecnología alguna–, por encima de las instituciones de educación universitaria y los centros de investigación públicos, así como por sobre la generación de investigación científica básica. En tal sentido, se eliminan los fideicomisos y se decide concentrar los programas presupuestarios del Conahcyt en un solo programa. Es evidente que las grandes empresas privadas deben financiar sus proyectos con recursos propios y no con recursos públicos.
Las políticas públicas se constituyen en salvaguarda de la investigación humanista de la ciencia en áreas definidas por el Estado mexicano y en el establecimiento de estrategias de incidencia en la atención de los problemas nacionales. La recuperación e impulso de la ciencia básica y de frontera y el Derecho Humano a la Educación al ser dimensiones fundamentales para el desarrollo científico y la consolidación de las capacidades nacionales se convierten en la base de las políticas públicas.
Asimismo, las políticas públicas en el ámbito de la ciencia humanista están sujetas a los principios de inclusión; igualdad y no discriminación; perspectiva de género; pluralidad y equidad epistémicas; enfoque intercultural y diálogo de saberes; solidaridad y colaboración nacional e internacional, así como el beneficio social; la responsabilidad ética, social y cuidado del medio ambiente; la producción horizontal y transversal del conocimiento.
En este sentido, el Gobierno creó los «10 Programas Nacionales Estratégicos», impulsados por Conahcyt a través de articular e involucrar a las comunidades científicas, los sectores sociales públicos y/o privados para el desarrollo de investigación que brinde soluciones a problemas urgentes con acciones concretas, incidiendo «en las causas de estos y en sus dinámicas de reproducción». Los Procaces deben operar a través de la integración armónica de los saberes, «puntos de vista y necesidades, con abordajes participativos y colaborativos entre los actores». Entre los problemas nacionales concretos destacamos los relacionados con la salud, la transición energética, el cambio climático, soberanía alimentaria, agua y destrucción de ecosistemas.
En lo que respecta a los Órganos de Gobierno y Administración, la ley plantea el establecimiento de una Junta de Gobierno y una Dirección General. La Junta de Gobierno integra al titular de la Dirección General, quien la presidirá. Un aspecto importante es la incorporación de los representantes de las 13 secretarías de la Administración Pública Federal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Se trata de la instauración de un tipo de modelo colectivo que permita transformar la ciencia, en el entendido que estas deben responder a los problemas nacionales articulados con la Agenda Nacional garantizando no solo que los beneficios derivados del desarrollo científico sean del pueblo de México, sino que se pueda transitar hacia la soberanía científica, tecnológica y de innovación.
Este ambicioso proyecto nacional impulsado por la 4T tiene el propósito de desmantelar las políticas neoliberales –de las cuales están impregnadas las universidades públicas nacionales–, modificar las estructuras organizacionales y el modo del ejercicio académico/científico de las y los investigadores. La reforma del Artículo 3 de la Constitución hizo de México el primer país en incorporar el derecho humano a la ciencia en la carta magna. La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, considerada la primera en este ámbito, muestra nuevos horizontes de las actividades científicas, una nueva hoja de ruta para una perspectiva diferente de ciencia no solo al servicio de las y los mexicanos, sino al servicio de la Humanidad.
A pesar que sector público, privado, social y académico participó en la discusión de la ley para la construcción de consensos, las críticas de algunos sectores de la Academia mexicana, controversias y grandes desacuerdos sobre todo entre quienes ven afectados sus privilegios con las nuevas ordenanzas no se dejaron esperar. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la cual entró en vigor el 8 de mayo de 2023, día que es publicada en el Diario Oficial de la Federación. El documento se compone de 52 páginas que contemplan 100 artículos y sus transitorios.
Asimismo, la ley se presenta en momentos de importantes cambios geopolíticos a nivel mundial, de disputa de los recursos naturales estratégicos, de crisis civilizatoria, así como de mayor penetración de la inteligencia artificial, cuyos efectos en el desarrollo de la Humanidad continúan siendo debatidos.
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Ximena Roncal Vattuone Mexicana, doctora en Economía Política del Desarrollo
