Según Transparencia Internacional, la corrupción se define como “el abuso de poder para beneficio privado”. De acuerdo a esta organización, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) otorga una puntuación y clasifica a los países según las percepciones que tienen expertos y ejecutivos de empresas sobre el grado de corrupción que existe en el sector público. Técnicamente es un indicador cuyo índice se construye sobre la base de 13 encuestas y evaluaciones sobre corrupción que terminan en un ranking de esta práctica a nivel mundial.
El nivel de corrupción que calcula el IPC se mide de 0 a 100 puntos. Los países que se acercan a 100 son menos corruptos que los que se acercan a cero. De hecho, según el IPC, todos los países del mundo tienen algún grado de corrupción, unos más que otros. La corrupción puede estar asociada al poco desarrollo institucional, pero no siempre ocurre eso.
Para dicha organización, la corrupción es un problema de carácter histórico, estructural y sistémico. La solución de los problemas de corrupción tendría que ver con modificaciones estructurales en la arquitectura de la sociedad y del Estado.
Sin embargo, el espectro de la corrupción abarca una amplia estela de la sociedad y la economía. Como una acción concreta, puede verse como un mecanismo de movilidad y ascenso social o hasta como un medio de subsistencia en sociedades profundamente desiguales. La complejidad de la corrupción, como una práctica normalizada, tiene que ver con una cultura tolerante de ella que es socialmente “aceptable” en tanto sirva para sobrevivir o escalar socialmente.
La pobreza o la falta de institucionalidad son reflejo de sociedades vinculadas a condiciones desfavorables de desarrollo, como es el caso de África. También tiene que ver con una estructura mental construida o moldeada en el marco de una estructura erigida sobre la base de una escala societal piramidal, que obliga a buscar mecanismos de ascenso social. Así, la riqueza es vista y está asociada al éxito, por lo que el escalamiento en la sociedad tiene una profunda connotación simbólica.
Lo que sí puede ser una convención general es que la corrupción erosiona la confianza, debilita la democracia, obstaculiza el desarrollo económico y promueve la desigualdad, la pobreza, la división social y la crisis ambiental, como lo plantea Transparencia Internacional.
En los últimos años se han dado escenarios favorables a la corrupción, como fue el caso de la crisis por la pandemia del Covid-19. En casi todos los países se hicieron denuncias públicas sobre el mal manejo de los recursos estatales destinados a la atención de una crisis sanitaria, principalmente con la adquisición de insumos médicos y vacunas. Es decir, la corrupción en situaciones de emergencia puede adquirir rasgos más visibles y en cierta medida “justificados” socialmente.
En América Latina y el Caribe la corrupción ocurre en las empresas, el gobierno, el sistema judicial, los medios de comunicación y la sociedad civil, así como en todos los sectores, desde la salud y la educación hasta la infraestructura y los deportes, involucrando a políticos, funcionarios o servidores públicos, empresarios, fuerzas armadas u organismos de seguridad y orden público como las policías. El sector privado no es ajeno a esa práctica, como banqueros, empresarios, importadores, entre otros.
Los criterios para definir el IPC tienen que ver con la medición de los sobornos, su frecuencia, la facilidad del desvío de fondos públicos por funcionarios, su impunidad asociada a las barreras administrativas y burocráticas que impiden una respuesta en la lucha contra la corrupción.
En el caso de la administración del Estado, se consideran como prácticas corruptas el nombramiento y ascenso de funcionarios de los diferentes niveles sin la calificación suficiente y/o asociados a los compadrazgos y prácticas de nepotismo.
Si bien en el caso de Bolivia se creó una compleja legislación para prevenir y castigar a los corruptos, como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, se atenuó la corrupción pero no se logró eliminar como una práctica habitual en la economía y la sociedad. La corrupción como una práctica normalizada en algunos niveles que intermedian la prestación de servicios de las distintas estructuras del Estado y la sociedad civil hace que la misma siga ocurriendo y al parecer con más intensidad. La corrupción puede tomar muchas formas y una de las más conocidas es la de servidores públicos exigiendo o aceptando dinero o favores a cambio de servicios, como ocurrió con el Ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia que recientemente fue acusado y detenido por las denuncias en su contra. El sector privado empresarial no se salva y el caso del Banco Fassil es otro ejemplo de normalización de la corrupción en el país.
La corrupción en América Latina y el Caribe es un factor importante a la hora de evaluar el desarrollo institucional de los Estados, además de considerar otros elementos que hacen o tienen que ver con la desigualdad.
El puntaje del IPC, medido en 180 países, muestra la percepción de la corrupción en una escala de 0 a 100. El IPC de 2022 señala que la mayoría de los países no logran detener la corrupción. El IPC clasifica a 180 países y territorios de todo el mundo por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, en el que una puntuación cercana a 0 significa altamente corrupto y una puntuación cercana a 100 menos corrupto o limpio de corrupción.
En ese marco, el país menos corrupto del mundo es Dinamarca, con 90 puntos de 100. Lo siguen Finlandia y Nueva Zelanda con 87 puntos cada uno. Por su parte, en América Latina y el Caribe, Uruguay es percibido como el país menos corrupto, con un puntaje de 74 sobre 100, seguido de Chile con 67 puntos y San Vicente y las Granadinas con 60 puntos. En el otro extremo están Nicaragua, Haití y Venezuela con 22, 18 y 15 puntos, respectivamente.
El puntaje promedio de la corrupción en nuestra Región es de 32 puntos sobre 100. De acuerdo a Transparencia Internacional, siempre ha existido corrupción endémica en nuestro continente. La media mundial del IPC es de 43 puntos y más de dos tercios de los países alcanzan una puntuación inferior a 50 puntos.
La puntuación media más alta corresponde a Europa Occidental y la Unión Europea (UE), con 66 puntos. Las regiones que obtuvieron las puntuaciones medias más bajas son África Subsahariana con 32 y Europa del Este y Asia Central con 36 puntos sobre 100. En el caso de los Estados Unidos, su IPC es de 69 puntos.
El resto de países de Latinoamérica tampoco pueden jactarse de no estar en el club de los más corruptos, como Colombia (39), El Salvador (36), Jamaica (44), Trinidad y Tobago (40), República Dominicana (28), Argentina (42), Ecuador (39), Perú (38), Honduras (24), Brasil (38) y Paraguay (28).
En el caso de Bolivia, su puntuación es de 31 sobre 100. A pesar de todos los esfuerzos realizados para combatir la corrupción.
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Ramiro Lizondo Díaz Boliviano, economista
