La película, Argentina 1985, muestra las inseguridades y temores de enjuiciar a los miembros de la dictadura militar por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra opositores al régimen militar. Revela el miedo del fiscal a cargo y las amenazas que recibió para impedir que concluyera su tarea de juzgar a los responsables del genocidio contra los revolucionarios o cualquier persona sospechosa.
El director del film plantea que se trató del juicio más importante después de Nuremberg. Sin embargo, la tarea del fiscal que demandó cadena perpetua para los culpables fue una victoria parcial obstaculizada por la absolución de algunos condenados.
No obstante, el indulto otorgado por el presidente Menem a varios de los condenados (220 militares y 70 civiles) permitió la libertad del general Leopoldo Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier Basilio Lami Dozo, integrantes de la junta militar que condujo al país a la Guerra de Malvinas. También resultó beneficiado el general Carlos Guillermo Suárez Mason y los “caraspintada”, amotinados de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli, entre ellos el coronel Mohamed Alí Seineldín y el teniente coronel Aldo Rico.
Recuperaron así la libertad Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini, jerarcas militares que integraron las juntas y que habían recibido duras condenas por violaciones a los derechos humanos en el histórico juicio de 1985. Tras años de lucha se logró en 1998 la apertura de investigaciones por sustracción de niños durante la dictadura de Videla y otros exjerarcas militares volvieron a ser detenidos.
Terminado el gobierno de Menem, y pese a que la vigencia de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida e Indultos anulaban la posibilidad de un juzgamiento a los autores de los delitos de lesa humanidad, se iniciaron en 2000 los «procesos de la verdad» que tuvieron la finalidad de conocer el destino de los detenidos desaparecidos. En 2003, el Congreso derogó las leyes de Punto Final, Obediencia debida y los indultos, previa declaración de inconstitucionalidad de parte de jueces, entre ellos Gabriel Cavallo.
Mientras se iniciaron los juicios de lesa humanidad, comenzó en paralelo un largo recorrido judicial que llevó a la Cámara de Casación Penal a ratificar los fallos de primera instancia contra los indultos de Menen hasta que, en 2010, la inconstitucionalidad de los indultos quedó firme por un fallo de la Corte Suprema.
Lo importante es que estos jerarcas no murieron en la cárcel por el juicio de 1985, sino por otra causa de sustracción de menores que se abrió posteriormente. A pesar de las discontinuidades en las condenas de los dictadores, por primera vez un país latinoamericano logró enjuiciar y encarcelar a los militares de las dictaduras de seguridad nacional que infectaron el continente, con la anuencia de Washington en las décadas del 60, 70 y 80 del siglo pasado.
La película retrata con filigrana el temor del poder judicial que fue obsecuente con las dictaduras y que no se decidieron a investigar las violaciones a los derechos humanos hasta que ya estuvo consolidada la democracia, como el caso chileno.
Argentina, en cambio tuvo el valor de hacerlo en un periodo de mucho poder militar sustentado en el apoyo civil de las clases altas y medias, no obstante, fue capaz de sortear los obstáculos y dictar las sentencias condenatorias.
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Cherie Zalaquett Aquea doctora en Estudios Americanos.
