En un acto encabezado por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, le fue entregado al presidente boliviano Luis Arce, el “anteproyecto para fortalecer la Ley 348”. Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, promulgada en 2013, por lo cual se insta a iniciar la revisión y actualizar la misma a los requerimientos legales y administrativos necesarios para protegerlas. “Recibimos el Anteproyecto de Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que es resultado de un proceso de amplia participación de todos los sectores sociales e institucionales comprometidas en la tarea de erradicación de la violencia contra las mujeres” escribió Arce, en su cuenta de Twitter.
Por su parte, la ministra Prada, habló de los diferentes proyectos de ayuda a las víctimas de violencia, como el programa “Domitila Barrios”, “Autonomía Económica”, la respecto señaló: “Sabemos que una de las formas de violencia que se ejerce sobre nosotras como mujeres es la violencia económica, la violencia patrimonial, que no permite a muchas romper ese círculo de violencia; por eso, a la cabeza de nuestro Presidente, ya desde que era ministro de Economía, se impulsó este programa referido al fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, mujer jefa de hogar y ahora lo hemos fortalecido”.
Arce se comprometió a hacer entrega oficial de este documento al vicepresidente David Choquehuanca, para que sea discutido en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “Enviaremos a la brevedad este anteproyecto de ley a nuestro jilata, @Davidlarama, presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tenemos plena consciencia que hay una deuda histórica con las mujeres y entendemos que la despatriarcalización es el camino para saldarla” expresó a través de la red social Twitter.
Desde la instalación de la comisión encargada de revisar los casos de violencia de género y feminicidio que alertaron a la población boliviana, ante la liberación indiscriminada de los agresores, el Estado se propuso revisar las leyes, así como intervenir las instituciones responsables de la aplicación de justicia a fin de que no solo se cumpla el debido proceso, sino que se aplique la justicia y las víctimas sean protegidas integralmente, es un avance pautado en el marco del año de la despatriarcalización que impulsa el gobierno desde inicios de 2022.
