Este jueves 14, fue imputado por la Fiscalía de Bolivia el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por la compra de gases lacrimógenos y otros productos químicos con precio exacerbado, ganancias ilícitas y legitimación de capital, durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez en 2019.
La información la dio a conocer William Alave, fiscal del Departamento de La Paz, quien informó que Philip Lichtenfeld de la empresa Bravo Tactical Solutions también estaría involucrado en el proceso de compra ilegal que realizó Murillo, por el que aparecen unos depósitos puntuales con altas cantidades de dinero, para supuestamente comprar material de dotación para la Policía.
La medida cautelar, solicitada por la Fiscalía, es la comparecencia en tribunales competentes y posteriormente la solicitud de detención preventiva, para cumplir con el debido proceso. Sin embargo, Murillo permanece detenido en Estados Unidos, desde mayo de 2021, acusado de lavado de dinero, corrupción, usando las vías estadounidenses para efectuar dichas transacciones.
Murillo, fue uno de los personajes fuertes del gobierno de facto, el de mayor confianza de la expresidenta, ahora procesada por el caso de Golpe de Estado I y II; sobre él pesan una serie de irregularidades como el recibimiento de armas, las ordenes de actuar con fuerza contra la población en las concentraciones en defensa de la democracia y de Evo Morales, las masacres de Sacaba y Senkata y otra serie de actos ilícitos cometidos en el tiempo que duró su carrera ministerial, como forjar un falso positivo con trabajadores venezolanos de una empresa china, que luego de haber sido vejados públicamente y robado sus pertenencias, cuando se concretó el Golpe a Morales, acción que significó la excusa perfecta de expulsión de la Misión diplomática de Venezuela. Los trabajadores fueron liberados unos días después de concretarse el hecho en la frontera con Brasil, para que retornaran a su país.
Por ahora, no se conoce qué otras acciones emitirán las autoridades pertinentes en este caso, como si se solicitará o no la extradición del acusado para que responda ante las leyes bolivianas.
