En los procesos electorales es habitual escuchar o leer de parte de candidatos, simpatizantes y militantes expresiones como «ahora es el momento» «es ahora o nunca» «avanzamos o nos hundimos», entre otras muy populares. Para los colombianos estas frases retumban no solo durante la presente campaña, sino desde la aplicación de las políticas de Iván Duque desde 2018, quien deja un legado marcado por la violencia, desigualdad y hambre.
Duque se va del Palacio de Nariño dejando al país como el mayor productor de cocaína en el mundo, con una inflación superior al 9%, con una tasa de casi 150 líderes sociales asesinados por año, un rango entre 80 a 90 masacres anuales, la retoma territorial por parte grupos armados ilegales, así como el aumento del desempleo producto de la quiebra de casi 600 milMipymes, un aproximado de 83 asesinatos de manifestantes durante el Paro Nacional y, tal como lo hizo su jefe político Álvaro Uribe Vélez (también conocido como el «Matarife»), el impedimento de que víctimas conozcan la verdad del conflicto social y armado.
El panorama suscito trasciende pasiones personales, la Embajada de Alemania en Colombia, la Unión Europea (UE) y hasta Naciones Unidas han expresado su preocupación por la situación económica y humanitaria en el país. Ante esta sombría coyuntura ¿será posible que, en el marco de estas elecciones, los colombianos den el viraje hacia una reconstrucción digna con justicia social o volverán a caer en la manipulación mediática para seguir inmersos en un precipicio?
Las encuestas parecen indicar que el pueblo se cansó de las manipulaciones de la vieja clase conservadora y le apuestan a la figura de Gustavo Petro, candidato por la coalición Pacto Histórico y que apuesta por algo fundamental para cualquier país civilizado: combate a la desigualdad social, diálogo político con grupos armados, garantías de acceso a educación, salud, pensión, vivienda, entre otros ejes temáticos que cuentan con la confianza de la mayoría de la población.
De acuerdo a la encuestadora Invamer, Gustavo Petro tendría el 41% de los votos, por encima del candidato del continuismo Federico Gutiérrez quien llegaría al 27% y Rodolfo Hernández, el Trump colombiano, que alcanzaría el 21%. El gran fracaso caería en manos de Sergio Fajardo, quien mantiene un discurso de “centro”, dejando intactos los problemas estructurales del país y las jugosas ganancias de la oligarquía criolla.
Con estos resultados se estaría disputando una segunda vuelta presidencial que, a diferencia de la suscitada en 2018, cuando se unieron los clanes políticos y sectores salpicados por el narcotráfico que dieron la victoria a Iván Duque, ahora el mapa político dejaría a Petro como nuevo presidente para el período 2022-2026. No obstante, nunca se debe subestimar a la oligarquía colombiana y sus grupos armados, capaces de usurpar las elecciones o hasta de asesinar candidatos opuestos a sus intereses.
¿Exageración o precaución?
El posible viraje político en Colombia debe conducir a simpatizantes y militantes del Pacto Histórico, así como a defensores de los valores democráticos a tener en cuenta los siguientes ítems para defender su derecho constitucional al voto y al cambio de Gobierno: 1) Defensa de la vida; 2) Despliegue masivo de los jurados de votación; y 3) Veeduría en la sistematización de los sufragios (esta última difícil de efectuar).
La historia contemporánea hace pensar que Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, deben tener un acompañamiento masivo (como se ha efectuado en sus manifestaciones) y guardar precauciones respecto a su presencia en algunas zonas ante un posible atentado; recordemos a Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán, todos aspirantes a la Presidencia y asesinados en plena campaña.
Recientemente Francia Márquez fue intimidada con un láser apuntándole en su rostro en plena manifestación en Bogotá y la suspensión de la campaña de Gustavo Petro en el Eje Cafetero colombiano después de conocerse de un atentado que estaría orquestando un núcleo paramilitar conocido como “La Cordillera”.
Por otra parte, los jurados de votación deben estar alertas en cada mesa de cada colegio de votación, así como en la veeduría permanente en los centros para el conteo y reconteo de votos. Los colombianos hemos sido testigos de fraude electoral, Jorge Eliécer Gaitán decía que después de las cuatro de la tarde la Registraduría elegía Presidente, o la vigente frase de Camilo Torres Restrepo: «El que escruta elige».
Los sectores progresistas y de izquierda revolucionaria que hacen parte del Pacto Histórico advierten sobre la falta de garantías en la sistematización de los votos, pues el registrador Alexander Vega impidió la auditoría técnica del software Thomas & Gregg encargado de realizar el preconteo y escrutinio de los votos. Dato no menor que pone entredicho la transparencia de los comicios antes de que inicien.
Además, Migración Colombia ha negado la entrada al país de algunos observadores internacionales, como los casos de Alejandro Javier Rusconi (abogado argentino) y de la estadounidense Teri Mattson, al mismo tiempo otros observadores fueron retenidos por varias horas en oficinas de Migración en Bogotá; llama la atención el silencio del Gobierno de Estados Unidos, de la UE y la Organización de Estados Americanos (OEA), caracterizadas por su “defensa a la democracia” en otros países.
Aunque el país con la dirigencia más conservadora y sanguinaria de América Latina podría dar un salto al progresismo, los coletazos de la oligarquía pueden traducirse en triquiñuelas políticas, fraude electoral y escalada de la violencia para seguir sembrando terror en los territorios e impedir que la gente vote o haga veeduría en los centros electorales.
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John Alexander Lastra Muñoz Colombiano, periodista
