La misión de investigación independiente de la ONU presentó, este 4 de octubre, un informe que revela que en Libia desde el año 2016 se han cometido graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este reporte es el resultado de investigaciones que se realizaron en Libia, Túnez e Italia, e incluye la recopilación y el análisis de documentos y testimonios de entrevistas a más de 150 personas.
El presidente de la misión, Mohamed Auajjar señaló “nuestras investigaciones han demostrado que todas las partes del conflicto, incluidos los terceros países, los combatientes extranjeros y los mercenarios, han violado el derecho internacional humanitario, en particular los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y algunos han cometido crímenes de guerra”.
Según el informe, hay razones valederas para asegurar que se han cometido crímenes de guerra en Libia desde 2016, mientras que la violencia perpetrada dentro de las prisiones y contra los migrantes, los desplazados internos y los solicitantes de asilo, retenidos en centros de detención dirigidos por traficantes, la que podría equivaler a crímenes de lesa humanidad. Otras violaciones documentadas por la Misión fueron la detención arbitraria, la tortura, el reclutamiento de niños soldados y los asesinatos en masa.
Crímenes de guerra
La definición de crímenes de guerra, de acuerdo con el derecho internacional y la convención de Ginebra, se refiere a las infracciones graves de las leyes internacionales que se cometen durante un conflicto armado. Se incluyen como crímenes de guerra: el asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra, civiles o náufragos; la deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil en territorios ocupados; genocidios contra la población; la captura y ejecución de rehenes; la destrucción o devastación injustificada de poblaciones y el robo de bienes públicos o privados. De acuerdo con el informe presentado, los civiles en Libia han estado en una situación de riesgo y vulnerabilidad por los continuos ataques a hospitales, escuelas, centros de detención de migrantes y comunidades.
De acuerdo con Auajjar, presidente de la misión, “los ataques aéreos mataron a docenas de familias. La destrucción de instalaciones sanitarias ha repercutido en el acceso a la atención médica y las minas terrestres dejadas por los mercenarios en zonas residenciales han matado y mutilado a civiles”.
Cementerio en Tarhuna
Entre las diversas situaciones denunciadas, la misión se refiere a los crímenes cometidos en Tarhuna, una ciudad situada al sureste de Trípoli, entre 2016 y 2020. Habitantes de Tarhuna aseguran que la mayoría de la población fue asesinada por la milicia Kaniyat, quienes sembraron el terror por mucho tiempo en esa ciudad.
Coincidentemente, el mismo 4 de octubre se encontraron diez cadáveres sin identificar, en la zona agrícola conocida como “Kilómetro 5”, donde los trabajos de los equipos de búsqueda e identificación comenzaron en abril y, hasta ahora, han permitido recuperar al menos 50 cuerpos. Anteriormente, también se llevaron a cabo operaciones similares en otras zonas rurales de la misma ciudad, que dieron como resultado el descubrimiento de al menos 25 fosas comunes y unos 140 cadáveres; los hallazgos pueden ser vistos a través de vídeos que se encuentran en las plataformas y redes sociales. Según las conclusiones del informe, la milicia Kaniyat es la principal responsable del asesinato de cientos de civiles en Tarhuna, cuyas heridas sugieren que las víctimas recibieron varios disparos mientras tenían los ojos vendados, las manos esposadas y las piernas atadas.
Inmigrantes y desplazados
El reporte del 4 de octubre, también destaca la situación de los migrantes y los desplazados internos. Según los expertos, la inseguridad crónica en Libia ha provocado el desplazamiento interno de cientos de miles de personas, que han ido a parar a zonas sin preparación para recibir grandes flujos migratorios. Algunos grupos étnicos, como los tawergha, los tebus y los alahali, están desplazados desde 2011 y siguen sufriendo graves abusos. Las autoridades libias, por su parte, no han tomado medidas para garantizar la seguridad de los desplazados internos y su regreso a su lugar de origen.
Al mismo tiempo, los guardacostas libios, formados y equipados por la Unión Europea con el objetivo de frenar las oleadas migratorias que atraviesan el Mediterráneo, fueron acusados de maltratar a los migrantes y de entregar a algunos de ellos a centros de detención en los que se cometen torturas y violencia sexual. Chaloka Beyani, experto en derechos humanos y miembro de la misión de investigación declaró “las violaciones contra los migrantes son cometidas a gran escala por actores estatales y no estatales, con un alto nivel de organización y con el estímulo del Estado. Todo esto es indicativo de crímenes contra la humanidad”.
Asimismo, el comunicado de prensa emitido por el grupo de investigadores señala que Libia, asiste actualmente a una fase de diálogo nacional y de unificación de las instituciones del Estado, alentada por el alto el fuego firmado el 23 de octubre de 2020 y la formación de un gobierno provisional de unidad nacional. Mientras tanto, las autoridades judiciales libias también se han comprometido a investigar los casos denunciados por la Misión de Investigación. Sin embargo, hay una serie de desafíos que deben ser abordados antes de que los autores de violaciones y abusos puedan ser llevados ante la justicia.
Al parecer, se identificó a los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) no ha hecho público ningún listado que contenga nombres y señalamientos específicos.
La Misión Independiente sobre Libia fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos en la resolución 43/39 del 22 de junio de 2020, en la que se solicitó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que “establezca y envíe inmediatamente una misión de investigación a Libia”, para designar expertos que lleven a cabo, de manera independiente e imparcial, durante un período de un año, tareas precisas, incluida la documentación de las presuntas violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por todas las partes involucradas en el conflicto en Libia, desde principios de 2016.
