Con temple, tranquilidad y la mejor disposición respondió todas las preguntas formuladas por Correo del Alba el ministro de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Iván Lima Magne, quien dirige uno de los poderes más complejos: el Judicial.
Abogado de profesión, con estudios en Derecho Judicial, Argumentación Jurídica y Arbitraje, se graduó en la Universidad Católica Boliviana (UCB) y en el Instituto de la Judicatura de Bolivia.
Fue consultor en el Ministerio de Justicia dentro de la Comisión de Reformas al Orden Jurídico Penal. También fue asesor legal del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Tiene el rango de teniente (h) de las FF.AA. Desempeñó los cargos de director de Política Criminal en el Viceministerio de Justicia, y de director general de Defensa Pública y Derechos Humanos.
Asimismo, ha sido catedrático en la UCB y en la Universidad Nuestra Señora de La Paz. Desde mayo de 2014 ejerció como Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
Ministro, a más de un semestre de gestión en Justicia ¿cuál es su balance?
En noviembre, cuando asumimos el Ministerio, teníamos alrededor de trescientas acefalías entre los jueces, y no lográbamos que la Fiscalía terminara de asumir el rol de persecución penal en un Estado democrático. Había una ruptura al orden constitucional y había que restablecer algunos principios y líneas de trabajo.
Al mes siguiente hubo la necesidad de iniciar un juicio de responsabilidades contra el Consejo y dejarles claro que no se iba a tolerar que no hicieran su trabajo, que no nombraran a los jueces; en ese momento nombraron más de 200 jueces, que parece un tema menor pero, considerando que Bolivia tiene mil 138 jueces, es un algo importante. Recientemente han nombrado a los últimos 75 jueces y han iniciado el proceso de elección de 42 vocales, esto es lo básico si se tiene un Poder Judicial que carece del número ideal de personas; es decir, deberíamos tener dos mil jueces, pero hay poco más de la mitad.
Pero, ¿por qué, como dice, “no hacían su trabajo”?
No estaban trabajando porque en el tiempo de Áñez decidieron cerrar los tribunales. Lo mismo que se cerró la educación, se cerraron los tribunales y se ejecutó un acto que es cuestionable en tanto ni siquiera se podían presentar amparos constitucionales.
Hay una evaluación muy negativa del tiempo de injusticia o del “Estado de no derecho”, en palabras de Zaffaroni. Entonces todo lo que se pueda hacer a partir de un estado tan calamitoso siempre es bueno, aunque no llega a ser suficiente.
“Estamos sentando las bases de la Justicia y deberíamos tener una definición de política pública que trascienda a la gestión del presidente Arce”
La Mesa de Notables fue tachada por algunos medios de prensa como un fracaso, ¿por qué?
Sí, porque no logró el resultado que esperábamos, que era que el 7 de marzo el país votara por una reforma a la Constitución. Si bien hubo voluntades, no existía el consenso suficiente para una reforma tal, e insisto, era un nivel muy técnico, muy respetable, con abogados de reconocida trayectoria, pero creo que esta discusión es política y la política boliviana se define a nivel de las organizaciones de la sociedad civil.
La mesa debió haber sido más plural, debió haber tenido más mujeres en su conformación, y definitivamente por eso es reconocido que no tomó esos dos factores que son muy importantes en la política local. Si no tenemos pluralismo y equidad no vamos a hacer una reforma a la Justicia. Lo que había que hacer era lo que se está haciendo: hablar con cada una de las organizaciones y lograr que el eventual proceso de reforma constitucional se dé con el mayor consenso posible este semestre.
Pero el título de Mesa de Notable estaba ya siendo elitista en la conformación, ¿por qué no una mesa social para la Justicia, por ejemplo?
Definitivamente. El nombre de Mesa de Notables lo puso Página Siete y en realidad yo siempre fui muy claro y dije: necesito un consejo que asesore al Ministro de Justicia y este tiene que tomar como principio que nadie debe comenzar todo de cero, que en el país tenemos una historia, por eso lo que necesitaba era reunir a todos los actores relevantes, desde 1997. El objetivo luego fue ampliar la mesa con una visión más plural, con más mujeres; tema que está pendiente.
¿Va a haber otra mesa que no sea de “notables”?
Sí, tiene que haber un nivel de diálogo en el Estado para construir políticas públicas, plural, amplio, la Justicia no se va a terminar de cambiar ni en cinco años. Estamos sentando las bases de la Justicia y deberíamos tener una definición de política pública que trascienda a la gestión del presidente Arce. La evaluación es muy positiva, creo que hemos logrado restablecer muchos niveles de institucionalidad, ya no tenemos acefalías, ya están en el Parlamento las leyes fundamentales, las leyes de urgencia, muchas de ellas ya aprobadas. Tener a los mejores bolivianos administrando justicia en el país, debería ser el objetivo más importante de este y el próximo año: renovar los tribunales.
¿Cuál sería el perfil de ese mejor boliviano o boliviana que tiene que estar administrando la justicia?
El principal perfil para mí sería el de la idoneidad. Se llama en Derecho Judicial la “idoneidad personal” al perfil que debe tener un juez, esto exige que no solamente sepa mucho Derecho, sino que sea una buena persona. Definir una buena persona implica además de no tener antecedentes penales, no tener una sentencia penal condenatoria, ejecutoriada, que es un mínimo estándar. En el último proceso de selección de jueces han escogido a dos que tenían sentencias condenatorias.
El perfil de un juez es distinto al de los demás abogados y eso se ha estudiado y se ha visto como la “idoneidad”. No es un juez idóneo aquel que tiene parcialidad; la imparcialidad es el valor fundamental de un juez. El juez no puede ser quien le cae mejor al consejero o al ministro, tiene que ser el boliviano que, formado como juez, tenga el mejor desempeño. Ese es el modelo que estamos planteando y la ley ya está en la Asamblea Legislativa.
Pasando a un teme legal pero sobre todo político, ¿cuáles son los antecedentes que hacen irrefutable la tesis de que hubo un golpe de Estado en 2019?
Creo que lo principal es que no existe un vacío de poder; si hay algo que ha marcado la agenda y la discusión jurídica es si el Tribunal Constitucional (TC) habilitó a Jeanine Áñez como presidenta.
Un segundo elemento es que nunca hubo ese vacío de poder en el país, ya que Susana Rivero renunció el 14 de noviembre, después que Áñez haya asumido de facto el gobierno. Esto es fundamental, porque si bien Evo, Álvaro y Adriana no estaban en línea de sucesión, no puede haber una sucesión horizontal, no se puede buscar hasta el último senador para habilitar la sucesión de los diputados.
“Estos tres puntos muestran que en el país hubo un golpe de Estado: 1) No hubo vacío de poder; 2) No hubo pronunciamiento del TC; 3) El MAS generó condiciones para una elección”
Hay que recordar los hechos, el 10 de noviembre Víctor Borda renunció bajo la amenaza de muerte a su hermano. Lo que ha pasado con Borda es un tema muy grave, él era el cuarto en la línea de sucesión, y en una estrategia planificada vieron la manera de sacarlo. Pero, en ese momento, como no hay un crimen perfecto, omitieron que Borda renunció antes que Evo, antes que Álvaro y antes que Adriana, por lo tanto, quien estaba en La Paz y en ejercicio de la presidencia de Diputados era Susana Rivero; a ella intentaron quemarle la casa, amenazaron a su familia, hicieron todo para que renunciara. Inclusive circuló un Twitter el mensaje de una renuncia que no es válida, porque la renuncia de una política, por mandato de la ley contra el acoso político a la mujer, debe ser libre, voluntaria, escrita y presentada ante el Órgano Electoral, lo que no ocurrió. La renuncia de Rivero se dio el día 14 de noviembre y fue aceptada por el pleno el 20 de noviembre, están los videos, las imágenes, las notas periodísticas, todo que prueba que no hubo un vacío de poder.
Por otra parte, el comunicado del TC no es una sentencia, no es una declaración, de ninguna manera puede ser considerado siquiera como un documento vinculante, la legitimidad, la constitucionalidad que se alega habría dado el TC no existe, es una mentira. El presidente del TC, Petronilo Flores, dijo: “Acá no nos hemos pronunciado”.
El tercer elemento es que cuando se comete cualquier delito lo que quiere la víctima es volver a la normalidad, a tratar de reconstruir su vida, y lo que nos están diciendo es que esa solución que toma, políticamente, el Movimiento Al Socialismo (MAS) de renovar el Órgano Electoral, de dejar sin efecto el resultado de las elecciones, que es diferente a anular elecciones, es la reacción que tiene la víctima, en este caso todo un país, para recuperar la democracia. Había que conseguir elecciones y lo más pronto posible, y las condiciones políticas en ese momento exigían tomar algunas decisiones tal vez equivocadamente, pero que el MAS las ha respetado: por ejemplo, el efecto vinculante del Informe de la Organización de Estados Americanos (MAS), era un compromiso, y la respuesta por tanto era dejar sin efecto los resultados de la elección; allí no se reconoció un fraude, tampoco un delito, se dejó sin efecto el resultado de la elección, de hecho el compromiso del presidente Evo antes de renunciar fue el de renovar el Tribunal Electoral y la bancada del MAS dio viabilidad a eso.
Estos tres puntos muestran que en el país hubo un golpe de Estado: 1) No hubo vacío de poder; 2) No hubo pronunciamiento del TC; 3) El MAS generó condiciones para una elección. No hay en este momento ni siquiera un documento que pruebe que Áñez fue elegida, fue una autoproclamación.
Aún hay presos políticos y personas exiliadas que no pueden retornar porque sus casos siguen abiertos, ¿por qué no ha habido solución legal para estas personas que fueron enjuiciadas y perseguidas por un gobierno ilegítimo?
Lo que hizo el presidente Arce, en su momento, fue dictar una amnistía y un indulto muy amplios para todos los perseguidos políticos y las personas que están en esta situación, lamentablemente muchos de ellos no quieren aplicar la amnistía a su favor ni el indulto y con toda razón dicen: “si yo soy inocente porqué me van a amnistiar, porqué me van a indultar”; y ese es el problema de la crisis de la Justicia. Tenemos muy pocos jueces, muchos casos y esto ha demorado la situación.
Creo que si alguna persona no está teniendo atención del Ministerio de Justicia debe darnos sus datos, porque hemos logrado una serie de sobreseimientos, declaraciones de inocencia y aplicación de amnistía, indulto para nuestros compañeros, es nuestra labor.
¿Los casos no se pueden anular?
Los casos se pueden anular en la medida en la que haya una decisión judicial, no es una decisión del Ejecutivo; lo máximo que puede hacer este es declarar amnistía o indulto y eso lo hemos realizado. Lo que estamos haciendo ahora, con los recursos que tenemos, es darle patrocinio a estos compañeros y a todos los bolivianos que lo requieran.
¿Por qué han quedado “fuera” –muchos en la ciudadanía se lo preguntan– del caso golpe de Estado, hasta el momento, personajes como Luis Fernando Camacho o Marco Pumari?
Entiendo que esos procesos de investigación están en curso y todos los proceso tienen ritmos, tiempos, y no creo que pueda haber impunidad de ninguna persona. La política es cero tolerancia contra la corrupción, y también tiene como pilar fundamental que no va a haber impunidad para nadie; quien comete un delito tiene que estar preparado para responder a la Justicia.
En estos días asistimos a un debate entre opositores y oficialistas referido a la repostulación indefinida como derecho humano, ¿qué opinión tiene Ud. acerca del tema?
El escenario es muy claro, la opinión consultiva es extemporánea, ya hemos tenido los bolivianos, en esa ley que habilita las elecciones el nuevo TC, una disposición que dice que en el país no tenemos reelección indefinida; esa norma se ratificó para la elección subnacional, porque son muy críticos con Evo, pero no nos dicen que Costas estuvo tres veces como postulante y electo, o el mismo Revilla.
En todo caso, lo que ha quedado para los bolivianos como enseñanza es que la opinión consultiva, como toda opinión que respetamos, va a ser analizada cuando la tengamos, y por ahora no tenemos una opinión, por eso no nos pronunciamos oficialmente.
En 2017 el MAS esgrimió al Pacto de San José, como convenio internacional, para inclinarse por la repostulación indefinida, ahora hay quien dice que la Constitución está por sobre cualquier decisión emanada de una instancia internacional, ¿qué es lo estrictamente correcto, en lo jurídico?
En realidad, el Artículo 256 dice que incluso por encima de nuestra Constitución están los Derechos Humanos; la Asamblea Constituyente puso claridad de que no es Constitución o Pacto de San José lo que está por encima uno del otro, sino los Derechos Humanos, la dignidad del ser humano. Si la Constitución boliviana da más derechos: está por encima; si el Pacto da más derechos, está por encima.
Por eso es importante que discutamos este concepto de convencionalidad, las 15 opiniones consultivas, ahora que la oposición boliviana quiere que rijan, vamos a exigir que rijan todas. Y aquí hablo de los casos de ciudadanos bolivianos que estuvieron en la residencia de la Embajada de México sin recibir salvoconducto, eso es convencionalidad. La Corte Interamericana dice que eso no puede pasar; hay actualmente en el país familias que no pueden acceder a la salud; tampoco se está cumpliendo la convención consultiva de matrimonio igualitario o cuando hay objeción de conciencia de muchos que no quieren prestar su Servicio Militar, lo que asimismo es una opinión consultiva. Si vamos a hacer respetuosos de la dignidad de los Derechos Humanos, seamos coherentes.
Para terminar, sigue elevándose la tasa de feminicidios en Bolivia, ¿qué está haciendo su cartera para detener y castigar este tipo de crímenes?
Si analizamos todos los casos que ha habido en el país de feminicidio durante la gestión del presidente Arce, el 90% están con prisión preventiva, mientras que quienes no lo están es porque estamos buscando al autor del delito o porque lamentablemente se suicidó cuando cometió el acto de feminicidio. Tenemos equipos en todo el país que hacen seguimiento a los casos que se han producido y estamos buscando sentencias condenatorias; no va a encontrar ninguno de los casos que no tenga un apersonamiento y atención de parte del Ministerio de Justicia. Los nueve departamentos van a ser escuchados y pensamos presentar el proyecto de reforma a la Ley 348, que es un elemento –la ley no arregla todo–, a fines de julio o principios de agosto. El tema del feminicidio es muy grave y le estamos dando toda la atención. Los casos anteriores a que el presidente Arce asuma también los estamos trabajando, nos hemos apersonados en todos y estamos pidiendo que la Policía y la Fiscalía realicen los actos de investigación.
