En Venezuela la justicia y los Derechos Humanos son retos de larga data. Durante décadas han existido organizaciones sociales que verdaderamente luchan y defienden los Derechos Humanos, que vigilan y han trabajado esta materia arduamente en el país, como lo es la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin); la cual, en el mes de junio, conmemoró los 43 años de su creación. Por su labor y prestigio, esta organización no gubernamental es la única en Venezuela con el Estatus Consultivo Especial en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es importante analizar la sinergia existente entre la justicia y los Derechos Humanos, que constantemente resumía en una frase el creador de dicha fundación, el padre Juan Vives Suriá: “Si quieres la paz, trabaja por la Justicia”.
Gracias a los constituyentes de 1999 ya no solo existen esas organizaciones, ahora tenemos una institución del Estado encargada de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución, los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos: la Defensoría del Pueblo, institución que algunos tienden a confundir con la Defensa Pública, que es el ente del Sistema de Justicia cuyo propósito principal es garantizar la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa técnica.
En el año 1978 cuando Vives Suriá y su equipo de trabajo crearon, en Caracas, a Fundalatin, nuestro continente se encontraba bajo dictaduras militares que practicaban el terrorismo de Estado (desapariciones, torturas, exilios), según decían «para salvaguardar la civilización occidental amenazada por el terrorismo». En esa época los entes multilaterales no iniciaban investigaciones ni manifestaban preocupación por la violación de los Derechos Humanos en Latinoamérica. Solo basta con ver la historia de los casos en Venezuela como Cantaura, Yumare, el Amparo o el Caracazo, época en la que la violación de los Derechos Humanos fue una política de Estado.
Hoy, los globalistas utilizan los Derechos Humanos desde el cinismo, como un intento más de controlar todo, para imponer una falsa protección de los seres humanos mediante bombardeos, invasiones, investigaciones viciadas y las mal llamadas sanciones. Igualmente, de forma hipócrita, utilizan la falsa protección de la democracia y la lucha contra las drogas. Sería interesante comparar las investigaciones preliminares llevadas por la Corte Penal Internacional a Colombia durante décadas y las investigaciones en Venezuela.
En el examen preliminar llevado por Corte Penal internacional (CPI), denominado “Venezuela I”, denunciado por un grupito de países hostiles a Venezuela, se denota presiones externas para que dicha instancia internacional tome una decisión contra el Estado venezolano, ello a pesar de que las instituciones venezolanas colaboran constantemente suministrando toda la información requerida en esa instancia. Igualmente es de destacar que hasta la presente la CPI no indica cuáles son los parámetros ni los hechos específicos de las presuntas violaciones de Derechos HUmanos; cuestión que le ha sido reclamada de forma reiterada a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Esperemos y aspiramos que la CPI recuerde que tiene carácter complementario a las jurisdicciones penales nacionales de los países, las cuales son parte del Estatuto de Roma, por lo que esa instancia internacional interviene cuando los presuntos casos no han sido investigados por el sistema de justicia de un Estado Parte. La investigación de los casos en las jurisdicciones penales nacionales coloca en evidencia que las presuntas transgresiones de normas fundamentales no son una política de Estado y que existe el compromiso real de que algún exceso de los organismos de seguridad será investigado y castigado por las instancias nacional pertinentes.
Actualmente, en la CPI, en La Haya, se manejan dos posibles casos de Venezuela, los cuales se encuentran en “examen preliminar”, una instancia de la CPI en la que la Fiscalía recauda información para ver si las situaciones de Derechos Humanos ameritan una investigación formal. Estos casos son “Venezuela I” y “Venezuela II”, este último caso no es del mismo interés de los poderes globalistas, por ello no son publicados por las agencias de noticias ni tienen igual celeridad.
El caso “Venezuela II” es una denuncia realizada entre otros por la organización independiente Fundalatin contra el esquema de medidas coercitivas unilaterales (MCU) que le ha impuesto Estados Unidos a todos los venezolanos, “sanciones” que han originado muchas víctimas, entre ellos niños que mueren por falta de operaciones de alto costo en el extranjero. Cualesquiera transgresiones de algún organismo de seguridad, de ser comprobadas debe ser rechazada sin ningún tipo de distingo por toda la sociedad, pero también cualquier acción, medida o ataque ilegal a todo un país.
Ya no basta con que las minorías no puedan respirar por la presión de la rodilla del opresor, asfixiados hasta la muerte, sino que ahora se señala y se tilda a las grandes mayorías y a sus representantes de «violadores de los Derechos Humanos». Solo la arrogancia sustentada en el malinterpretado “Destino manifiesto” puede concebir que un Estado-nación se encuentre por encima de otro para “sancionarlo” y, además, considerar la autodeterminación soberana como un delito. Esa arrogante concepción es una copia fiel y exacta del destino marcado por la providencia para plagar la América de miseria, tal como alertó Simón Bolívar el 5 de agosto de 1829.
La lucha por la justicia y los Derechos Humanos, hoy también, es una lucha de la defensa real del concepto de Derechos Humanos versus la utilización interesada y propagandística de los mismos, todo esto enmarcado en la batalla de las ideas del Libertador Simón Bolívar y las de James Monroe. Así como se abrogan el nombre de un continente se quieren adueñar de los derechos de la humanidad y con ello descertificar o certificar a los demás países bajo sus parámetros de interés geopolítico. Igualmente que en otra época, cuando colocaban en listas de Estados Unidos y Europa como “terrorista” al luchador por los Derechos Humanos, Nelson Mandela, y hoy por hoy le rinden tributo en actos, de forma interesada, para manosear su imagen.
Estando en segundo táctico, enmarcado en un minuto estratégico y en la hora histórica de conmemoración de los 200 años de la Batalla de Carabobo, que decidió la lucha por la independencia en Venezuela, debemos tener claro que podrán imponernos medidas coercitivas unilaterales, que podrán circunstancialmente bloquear, cuentas y puertos para evitar que ingresen vacunas, medicinas y la venta de productos, pero jamás podrán bloquear las ideas de libertad, el trabajo por la justicia y el deseo de bienestar colectivo y con ello desbloquearemos y desataremos cualquier acción o amenaza inusual violatoria del Derecho Internacional que realicen supuestamente a nombre de la libertad y los Derechos Humanos contra Venezuela y el nuevo mundo pluripolar.
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Yonder Canchica Abogado
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