Desde hace dos día en toda Colombia hay movilizaciones contra la propuesta de ley de Reforma fiscal del presidente Iván Duque; gran parte de los trabajadores, estudiantes e indígenas consideran que la iniciativa legal perjudica a los sectores populares y es inoportuna en medio de la crisis económica que enfrenta el país.
El proyecto de ley de Duque, conocido como Ley de Solidaridad Sostenible, fue presentado el 5 de abril y consiste en una serie de reformas del estatuto fiscal para ampliar la base de contribuyentes. El presidente colombiano aseguró traerá varios beneficios y que sus efectos sociales serán inmediatos: «No estamos haciendo reformas para el Gobierno sino para la nación, para las nuevas generaciones».
Miles de ciudadanos se han manifestado en un Paro Nacional que inició el 28 de abril y al cual se han adherido movimientos estudiantiles, pueblos indígenas, trabajadores y diferentes sectores sociales que han sido golpeados por la crisis económica, la violencia del Estado y los grupos irregulares armados que proliferan en el país. Estas protestas suceden después de las manifestaciones de septiembre de 2020, en plena crisis pandémica, justamente cuando Colombia atraviesa uno de los peores momentos por la segunda ola del Coronavirus, mientras la sanidad, casi totalmente privatizada, se encuentra nuevamente a punto colapsar con contagios que ascienden a 19 mil solo en el día de ayer, con 500 fallecidos.
Cuestionada reforma fiscal
No obstante que Colombia esté en una situación crítica, el Gobierno, estrechamente vinculado al expresidente Álvaro Uribe (acusado de vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico), pretende sacar adelante esta reforma fiscal que golpeará duramente a los sectores más vulnerables. El proyecto de ley, que aún no ha llegado para su discusión en el Congreso, busca subir el IVA al 19% en todos los productos, incluidos los alimentos y productos básicos, aumentos en los impuestos de la gasolina, sin claramente afectar en lo más mínimo a los sectores financieros y a las grandes empresas que mantienen sus ventajas fiscales; esto incluiría también aumentos generalizados del costo de los servicios, electricidad, gas y agua. En particular, las economías populares, informales, indígenas y campesinas se verían afectadas, así como las clases trabajadoras de las grandes ciudades.
Las ayudas por parte del Gobierno, a causa de la pandemia y sus restricciones, para las pequeñas y medianas empresas y familias han sido casi irrisorias y muchos sectores, como el del espectáculo, no han recibido ningún tipo de subvención. Mientras tanto, gastos de 14 mil millones de pesos en armamento, equipo militar, uniformes y aviones de bombardeo fueron anunciados por el Presidente en los días previos a la reforma fiscal.
En 2021 la violencia ha aumentado a niveles casi extremos en todo el país. En los tres primeros meses del año, 27 mil 435 personas fueron desplazadas por la violencia armada entre grupos paramilitares, disidentes de la guerrilla y el narcotráfico; además 271 exguerrilleros fueron asesinados tras la firma de la paz. Según la organización Indepaz, también se han producido 31 masacres con 116 víctimas en este inicio de año. Mientras que en la ciudad de Cali colectivos feministas han denunciado que en los últimos meses desconocidos han secuestrado al menos a siete mujeres, pero, a pesar de las numerosas denuncias, la Policía ha hecho caso omiso.
Protestas violentas y represión
Según la red de Defensores de la Libertad, durante las manifestaciones del 28 de abril hubo 49 heridos y 73 detenidos en las ciudades de Bogotá, Cali, Yopal, Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio y Barranquilla. Se produjeron 10 ataques a organizaciones que promueven la defensa de los Derechos Humanos y el derecho de manifestación, y hay en curso 78 denuncias contra la Policía por abusos y violencia durante la represión de las manifestaciones masivas que recorrieron decenas de ciudades y en particular Bogotá.
Tras la primera jornada, el comité organizador de la huelga prolongó la protesta, pero esta se volvió muy violenta en numerosas ciudades produciéndose saqueos en supermercados, enfrentamientos con la Policía, barricadas en carreteras, autopistas y puentes que conectan regiones. En las pancartas de las manifestaciones aparecen inscripciones como «Queremos vivir, no sobrevivir» o «Hay que echar a los matones del gobierno», para subrayar que ante la incapacidad del Estado para gestionar la crisis económica cualquier protesta es legítima. «¿Quién dio la orden de disparar y matar?», rezan muchos carteles, así como «¡Nos están matando y no es Covid!». Otros denuncian también el papel del Ejército en relación con la violencia que sigue haciendo estragos en el país; todavía está vivo el trauma causado por el asesinato de menores durante un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana contra un supuesto campamento guerrillero.
Toda la furia e impotencia del pueblo se ha desatado, arrastrando con ello años de silencio y sufrimiento ante un gobierno que pretende llevar a cabo una reforma fiscal neoliberal, aumentar el costo de la vida, y así poder continuar con el saqueo y las privatizaciones para asegurarle la acumulación de capital a las oligarquías y las multinacionales.
El Paro Nacional colombiano ha sorprendido a los medios de comunicación de la derecha y al propio Gobierno, señalando la fuerte oposición social gracias a la multitudinaria presencia en las calles y el gran apoyo popular. Mientras los parlamentarios aún no han iniciado la discusión de la reforma, la protesta continúa, señal de que el límite de la tolerancia popular ha sido rebasado por Duque y el poder económico.
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Yoselina Guevara López Corresponsal en Italia
