En las últimas semanas, el debate público chileno se centró en el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones (AFP). En los dos anteriores ya se habían generado debates álgidos, pero fueron apoyados incluso por sectores del oficialismo.
Sin embargo, la sorpresa se dio el 20 de abril cuando el ministro de la Secretaría General de la Presidencia anunció que el Ejecutivo recurriría al Tribunal Constitucional para evitar que el tercer retiro se pueda realizar.
Dicho escenario se dio por posible por mucho tiempo, pero se dudaba que el Gobierno fuese a implementarlo. Incluso intelectuales de derecha, como Patricio Navia, negaron que Piñera se atreviese a recurrir tal instancia considerando la baja popularidad y apoyo político con el que cuenta.
Esto abrió la puerta a otro debate y es el planteado por la oposición en la Cámara de Diputados: la acusación constitucional.
En Chile no existe la figura del referendo revocatorio, sino que es el Congreso quien puede destituir a un Presidente de sus funciones. El mecanismo se consagra en la Constitución y en los reglamentos de ambas cámaras legislativas.
En este caso, la Cámara de Diputados es la encargada de acusar a la persona (ministro, juez, Contralor, Presidente, etcétera) y suspenderlo de su cargo. No obstante, es la Cámara del Senado quien hace de jurado y decide si la persona cesa sus funciones o no.
En diputados y diputadas puede existir la mayoría simple requerida para suspender al Presidente de la Republica, no obstante, en el Senado se requieren 2/3 de todos los senadores para hacer efectiva la acusación constitucional. La oposición cuenta con 24 senadores, por lo que se necesitarían cinco votos de la derecha.
Es necesario destacar que, si bien en el Senado se ha apoyado el primer, segundo y tercer retiro con votos de la derecha, no quiere decir que estén dispuestos a destituir al Presidente. Sobre todo se debe tomar en cuenta que en la cámara en dicha cámara están los miembros más relevantes y leales al gobierno de cada partido.
Guillier y la destitución por incapacidad mental o física.
El día 22 de abril, justo en medio de este debate, el senador independiente Alejandro Guillier se sumó a la polémica. Argumentó que, así como la Cámara de Diputados puede promover la acusación constitucional, el Senado tiene la atribución de acusar al Presidente de la República por incapacidad mental o física.
Dicha propuesta fue introducida el año pasado por el diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social. Por lo que el senador pidió a la comisión de constitucional que se evalúe y se entregue una respuesta a la brevedad posible.
Esta petición se da por el cuestionamiento que el Senador hizo al gobernante, reclamando su tozudez y de poner, nuevamente, en peligro la paz social y la gobernabilidad del país.
