En el debate presidencial del domingo 17 de enero de 2021, Guillermo Lasso y Carlos Pérez reprodujeron el estigma de la “corrupción” de la Revolución Ciudadana prefabricado por los poderes fácticos, orientado a mancillar sus bases morales e impedir la adhesión masiva de los votantes por el Binomio de la Esperanza. Los orígenes de este infundio son los siguientes.
En primer lugar, el discurso en torno al “despilfarro”, el “derroche”, la “feria de recursos” que la derecha construyó durante el gobierno de Correa y que arreció en la campaña electoral de 2017 para demonizar la política antineoliberal sustentada en una gran inversión pública, con una perspectiva estratégica de cambio de la matriz productiva y de soberanía económica, la que además se tradujo en el bienestar de las grandes mayorías. Para la derecha neoliberal, que busca exclusivamente un Estado que le garantice su mayor enriquecimiento, esto era un “desperdicio”, “excesivo”, “superfluo”. Frente a ello, proponían la “austeridad”: más para las oligarquías, menos para el pueblo, tesis que se concretó con la traición de Moreno, pero que les permitió a las masas populares confirmar a los extremos que conduce esta política de absoluta indiferencia hacia ellas. De manera que la propia historia se ha encargado de demostrar la falacia de este discurso demonizador.
Pero, el discurso de la derecha alrededor de la inversión pública derivó en una calumnia forjada por el gobierno de Moreno: la cifra de la deuda externa contraída durante el gobierno progresista. En septiembre de 2017 este afirmaba: “…la mesa servida que nos dejaron [está…] ¡servida de deudas!” (Ecuadorinmediato, 17 de diciembre de 2018). Un mes antes, en agosto, el “contralor” había ya conformado una “comisión veedora para auditar la deuda”, y meses después, desde distintos escenarios oficiales empezarían a socializarse las “cifras astronómicas” del supuesto endeudamiento externo. Desde la Presidencia sonaban $60.000 millones (febrero, 2018); luego de un año, $70.000 millones (Confirmado.net, 16-04-2019); pocos meses después de la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) (11-03-2019) –para la que presentó otras cifras–, diría que la deuda externa que “dejó Correa”, ascendía a $75.000 millones (El Universo, 17-05-2019); y un año después, 65.000 millones (Varela, mayo 2020); la Contraloría hablaba de $65.700 millones (CGE, marzo, 2018), mientras un Ministro de Finanzas indicaba que llegaba a $66.000 (El Comercio, 25-01-2018); y otro a $58.979 (Confirmado.net, 10-06-2019). Todas estas cifras superaban con creces el umbral del 40% del PIB de endeudamiento –legalmente establecido por la propia Revolución Ciudadana–, ubicándose en un delirante 50% y cerca del 60%.
Empero, la realidad iría demostrando paulatinamente que todas eran calumnias prefabricadas. En efecto, en 2018, un estudio científico sobre la deuda pública en Ecuador demostraría la mendacidad de tales cifras, concluyendo que “las autoridades económicas [del gobierno de Correa] respetaron el límite legal del endeudamiento público al situarse por debajo del umbral del 40%, la legislación secundaria hizo cumplir lo que dispone el código de finanzas públicas y la Constitución de la República y la cuantificación estuvo de acuerdo a lo que recomienda el manual del FMI” (Paredes & Saltos, 2018: 219 y 227). A inicios de 2019, las estadísticas de la Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mostraban que a diciembre de 2016 la deuda externa ecuatoriana llegaba a $25.679,3 millones, equivalente al 25.7% del PIB, y la deuda agregada (externa + interna) a $38.136,6 (38.2% del PIB) (SFP, MEF, 28-02-2019), cifras distantes de las citadas por Moreno y sus corifeos. Un reciente informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) (2020) lo reitera: “(e)n 2007, Correa recibió una deuda externa del 24.9% del PIB. Durante los primeros siete años de su mandato esta se redujo y desde 2014 volvió a subir; en cualquier caso, Correa entregó el país con una deuda externa similar a la que recibió (25.7% del PIB)…” (Celag, 8-10-2020). Ha sido tan desvergonzada la mendacidad sobre el supuesto “endeudamiento gigantesco” del gobierno de Correa, que será recién a fines de 2020, justamente en el gobierno de Moreno, que la deuda alcanzará la “cifra astronómica” de US$65.000 millones. Pero poco importan estas “verdades de razón”. Los discursos del Gobierno, la derecha y los medios de comunicación venales persisten en sus falacias.
El asunto no termina ahí. De hecho, las calumnias sobre la “deuda astronómica” se irían articulando con “informes” que satanizaban la política de inversión pública basados en especulaciones estadísticas, como los de la autodenominada “Comisión Anticorrupción”, así como en fraudes interpretativos de documentos técnicos, como el que hiciera el periódico La Hora (4-10-2019) al informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado: “Mejor gasto para mejores vidas: Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos” (2018), para construir una nueva y más grave calumnia: la de la “corrupción” del gobierno de Correa, la del “robo astronómico” de los recursos públicos. Ese fraude interpretativo del diario La Hora se convertiría en una “evidencia” de esa “corrupción”. Así, los medios de comunicación proMoreno arreciaban con titulares como estos: “¿Se robaron más de $35 mil millones en la década ganada?” (Hernández, 22-12-2017); “70 mil millones en pérdidas por corrupción en gasto público durante el correísmo” (La Hora, 4-10-2018); “El ‘robo’ fue de 70 mil millones. El BID, la OCDE y la Unión Europea proponen la cifra” (El Universo, 4-10-2018). “Corrupción durante Correa le costó al país entre 30 y 70 mil millones de dólares” (La República, 9-11-2020).
Pero esta calumnia orquestada por el Gobierno y los medios de comunicación sería desmentida por el propio BID en Ecuador. En efecto, en una carta enviada el 27 de abril de 2020 al asambleísta Mauricio Proaño sobre las declaraciones de la secretaria Anticorrupción, Dora Ordoñez, sobre los “$70.000 millones de corrupción” del gobierno de Correa, en las que indicaba que dicho informe se habría referido a “USD40.000 millones que serían parte del incremento de precios en obras y desvíos de recursos, y USD30.000 adicionales por ineficiencia de las obras ejecutadas” (Dominguez, PU, 2-05-2020), el representante del BID en Ecuador, Fernando Quevedo, afirmaba: “No tenemos constancia que el Banco haya publicado algún informe detallando lo declarado por la Dra. Ordoñez”, refiriéndose a las cifras sobre los “$70.000 millones de corrupción” (Radio La Calle, 2-05-2020; Domínguez, PU, 2-05-2020). El propio BID desmentía categóricamente el embuste.
La mendacidad de dichas afirmaciones han sido observadas también por cientistas sociales que han analizado el mentado informe. Al respecto, Marcelo Varela ha puntualizado: “En ninguna parte del informe se señala que, en el gobierno de Rafael Correa, la corrupción bordeó los 70.000 millones de dólares. Esto es una conjetura de medios de comunicación y de la derecha ecuatoriana” (Varela, 16-03-2020). En el mismo tenor, el análisis de David Chávez ha caracterizado como “abierta mentira” la nota periodística de La Hora sobre el “robo” de los “70.000 millones” del gobierno de Correa…”, encontrando que, contrariamente a lo que afirma el periódico, el Ecuador del progresismo muestra en el informe “varios indicadores” que revelan “un gasto relativamente eficiente” (Chávez, 2028).
Poco importa la verdad a la derecha y sus aliados. La calumnia sobre el “robo” del progresismo la volvieron a repetir desparpajadamente Lasso y Pérez en el debate presidencial del pasado domingo 17 de enero. ¿Ignorancia o mala fe? Seguramente ambas, producto del abierto maridaje entre el “morenismo-yaku-lassismo”.
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Erika Sylva Charvet Licenciada en Sociología y Ciencias Políticas y exministra de Cultura de Ecuador en 2010-2013
