Por Correo del Alba
En Colombia mucha gente se pregunta dónde fue a parar el dinero asignado para atender los gastos de la pandemia. Según congresistas opositores al gobierno de Iván Duque, las asignaciones no concuerdan con las cuentas que presentan desde el Ejecutivo.
Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, anunció que se destinaron para el tema del Covid-19 una cifra de 117 billones de pesos, con los cuales aseguraban cubrir todo el territorio nacional. Por otra parte, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, aseguró que la cifra emanada desde el Gobierno, equivale a un 11% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, colocándose por encima de países europeos como España, que han llegado a invertir un 10% de su PIB.
Otra asignación proviene del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), desde donde fueron desembolsados de 25 billones de pesos.
Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, tras aplicar un minucioso y exhaustivo análisis, llegaron a la conclusión de que realmente existe soporte de inversión por 5.7 billones de pesos, monto inferior a la cantidad anunciada por Duque. En la revisión, de esos 5.7 billones al menos 3.6 billones de pesos fueron transferidos desde el Ministerio de Hacienda a entidades que no tienen relación con el Covid-19. Por tanto, las cifras no coinciden con lo que ha dicho públicamente el mandatario colombiano.
Un grupo de senadores de oposición han denunciado los actos descritos y llamaron a una rueda de prensa para exigir Gobierno nacional esclarecer lo relacionado con la inversión en la pandemia y su distribución en el país. En esta conferencia de prensa participaron los senadores Iván Cepeda, Jorge Robledo, Aída Avella, Antonio Sanguino, Luis Fernando Velasco, Iván Marulanda y Roy Barreras.
“Al Congreso le queda la vigilancia, pero ese derecho nos ha sido recortado. Me corresponde llamar a los organismos de control a que vigilen el gasto, a dónde se fue la plata que el gobierno menciona”, dijo el senador Jorge Robledo.
Finalmente, en la actividad los legisladores igualmente denunciaron otras acciones del Gobierno, las cuales calificaron como antidemocráticas y autoritarias ya que, luego de expedir más de 120 decretos para transformaciones en asuntos fundamentales de la sociedad colombiana, el gobierno de Duque no ha admitido el control político legal por parte del Senado de la República. En este sentido, la principal crítica estuvo dirigida al Decreto 811, que faculta al Gobierno directamente a poder vender bienes del país, entre los que se encuentran empresas estatales como Cenit y Ecopetrol, sin pasar por revisión, análisis ni autorización del Congreso de la República.
