Por Correo del Alba
En la tarde de ayer, miércoles 2 de septiembre, el Secretario de Estado de estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que la administración de Donald Trump impondrá sanciones a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda, quien se ocupa de los eventuales crímenes de guerra cometidos durante la invasión estadounidense a Afganistán. Con ello se cumple un capítulo más de atropellos por parte de Washington en contra de esta importante profesional del Derecho. Esta vez se le imponen a la fiscal verdaderas sanciones que, además de no impedir su entrada en los Estados Unidos, ordena que se puedan confiscar sus bienes en el país, además de las restricciones de visado contra sus familiares.
Conjuntamente con Bensouda ha sido sancionado Phakiso Mochochoko, destacado funcionario de la CPI de La Haya. La decisión ha sido considerada por los expertos en Derecho Internacional como algo sin precedentes, dado que estas altas autoridades jurídicas de la Corte están siendo equiparadas por la Casa Blanca al mismo nivel de delincuentes como traficantes de drogas o criminales de alta peligrosidad, lo que significa un trato oprobioso dada su alta investidura.
Reacción de Naciones Unidas
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado su preocupación por la decisión de los Estados Unidos de sancionar a los funcionarios de la CPI. Esto fue anunciado por el portavoz del cuerpo, Stéphane Dujarric, en una conferencia de prensa: «El Secretario General sigue con preocupación la declaración hecha hoy por el Secretario de Estado de los Estados Unidos anunciando las sanciones a la Fiscal de la Corte Penal Internacional y el jefe de la división de jurisdicción, complementariedad y cooperación”.
Fundamento jurídico imperial
Para la administración Trump el fundamento jurídico la decisión se basa en una Orden Ejecutiva firmada por el Presidente de los Estados Unidos en junio de 2020, que permite a su gobierno imponer sanciones al personal de la Corte. Esta orden sancionatoria se suma a la campaña del Gobierno norteamericano en contra de las principales organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ahora con más frontalidad contra la CPI, instancia creada por las Naciones Unidas para ocuparse de delitos internacionales como el genocidio y los crímenes de guerra.
Para la administración Trump la CPI es un órgano «corrupto» que está llevando a cabo una investigación ilegítima contra su país por los presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán. Mike Pompeo ha acusado al tribunal de «intentos ilegítimos de someter a los estadounidenses a su jurisdicción».
Para algunos juristas la investigación que actualmente desarrolla la fiscal Bensouda es considerada totalmente legítima dada la cantidad de pruebas de la violencia y torturas, catalogadas como “crímenes de guerra”, que se produjeron desde 2003 en contra de la población civil y militar afgana.
Es necesario señalar que los crímenes de guerra son acciones de violencia llevadas a cabo durante un conflicto armado, pero que no tienen nada que ver con el enfrentamiento entre ejércitos. De hecho, la mayoría de las víctimas suelen ser poblaciones desarmadas o soldados prisioneros tratados de manera inhumana, al margen de la Convención de Ginebra.
Estados Unidos más allá del Derecho Internacional
Las relaciones entre la Casa Blanca y la CPI nunca han sido buenas. Estados Unidos es uno de los pocos Estados miembros de la ONU que nunca ha ratificado el Estatuto de Roma por el que se fundó el organismo. Por consiguiente, la posibilidad de investigar los crímenes de guerra de ciudadanos estadounidenses en Afganistán solo se justifica por el hecho de que cualquier violación del Derecho Internacional se haya cometido en el territorio de un Estado miembro, en este caso la nación asiática. Lo que la administración Trump está socavando, con sus posiciones y medidas, es el principio de la justicia supranacional. Esta es una potestad a través de la cual un Estado nacional cede una porción de soberanía para actuar legalmente en favor de un órgano judicial erigido más allá de las fronteras estaduales. De acuerdo a Gonzalo Boye Tuset se genera “una dimensión supranacional del derecho al debido proceso y de la propia justicia para adentrarnos en la consecución de lo que algunos autores denominan la justicia metanacional o lex universalis en materia de respeto de los derechos y libertades inherentes a todo ser humano”. No cabe duda que los órganos de justicia internacional son un grave peligro para los intereses imperiales.
Cronología de la investigación
Semblanza de Fatou Bom Bensouda Nyang
Nació el 31 de enero de 1961 en Gambia, ha vivido la mayor parte de su vida con el afán de buscar la justicia y la responsabilidad. Bensouda creció en Banjul (Bathurst), Gambia, en una familia musulmana polígama con más de una docena de niños. Siendo una adolescente, después de clases, entraba en los tribunales locales para seguir los procedimientos. A partir de ahí desarrolló un interés en la ley hasta convertirse en abogada, asesora presidencial y actualmente en Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI).
Tras cursar estudios de Derecho en Nigeria, Bensouda volvió a su país natal en 1987 para trabajar como abogada y fiscal. Tiene un máster en Derecho Marítimo Internacional y Derecho del Mar, convirtiéndola en la principal experta de Gambia en Derecho Internacional Marítimo.
Bensouda es madre de dos hijos y una hija adoptada.En 1987 el expresidente de Gambia, Sir Dawda Jawara, la nombró consejera del Estado y posteriormente directora adjunta de la Fiscalía, a principios de 1994. El actual expresidente de Gambia, Yahya Jammeh, derrocó a Jawara en 1994 y nombró a Bensouda para varios cargos sucesivos, entre ellos el de Fiscal General, Asesor Jurídico y Ministra de Justicia.
Ha desarrollado una carrera dentro de la justicia internacional primero en el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, donde se desempeñó como asesora jurídica y abogada litigante, y más tarde como asesora jurídica principal y jefa de la dependencia de asesoramiento jurídico. En 2004, la Asamblea de los Estados Miembros de la CPI la eligió como Fiscal Adjunto, bajo el entonces Fiscal Jefe, Luis Moreno Ocampo. Ocampo se retiró y Bensouda se convirtió en el Fiscal Jefe el 15 de junio de 2012. Hasta ahora, Bensouda ha manejado casos como las acusaciones en contra de Joseph Kony del Ejército de Resistencia del Señor y Thomas Lubanga de la República Democrática del Congo.
En 2012 la revista Times incluyó a Bensouda entre las 100 personas más influyentes del planeta. por su papel en persuadir a los gobiernos a apoyar los procesos de justicia. En 2009 se hizo merecedora del distinguido Premio Internacional de Juristas (2009), dada sus contribuciones a la legislación penal, tanto a nivel nacional como internacional
