Por Virginia Montilla
La historia política del Ecuador en los años 80 y 90 se caracterizó por un alto nivel de desestabilización y una debilidad institucional profunda. Esto trajo como consecuencia que el país tuviera grandes niveles de estancamiento en su desarrollo social y económico, con respecto a los vecinos. Más aún, cuando en 2000 su economía fue dolarizada, reduciendo así sus capacidades internas de manejar los temas económicos.
Con la llegada de la Revolución ciudadana al poder en 2007 y la creación de una nueva Constitución Nacional se dio comienzo a la construcción de instituciones públicas fuertes y estables, con miras a estimular la inversión, pública y privada, con el objetivo de desarrollar el país. Durante los 10 años de este período político, hubo grandes inversiones en temas de infraestructura vial, energética, salud, vivienda, entre otros. En general, el impulso al desarrollo, la estabilidad política y social marcó una gran diferencia entre el Ecuador de 2007 y el de 2017.
Muchos analistas pueden no estar de acuerdo con la ideología política en la que se enmarcó el gobierno de Rafael Correa, pero es imposible no reconocer que sus políticas públicas permitieron que Ecuador experimentara la mayor época de desarrollo de su historia republicana. En general, podría afirmarse que la política de Correa se enmarcaba en la creación de instituciones fuertes y estables y la inversión en infraestructurasfísicas que permitan la inversión privada, nacional e internacional, todas dirigidas al desarrollo estructural del país. Hubo políticas dirigidas al sostenimiento social, como en vivienda y salud, sin embargo, el enfoque más que asistencialista, era de cambio estructural para crear las oportunidades para el Buen Vivir.
Todo este proceso parecía no tener vuelta atrás, y que el Ecuador por fin había logrado establecer un sistema democrático y de desarrollo sostenido. Sin embargo, como es conocido, en América Latina los sistemas democráticos son muy frágiles, y le es difícil prevalecer en el tiempo, a pesar de la alternancia gubernamental.
En los últimos 20 años, se establecieron en Sudamérica movimientos sociales que llegaron al poder político para reestructurar el Estado con un enfoque en lo social, como fue el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina, entre otros. Sin embargo, estos tuvieron la dificultad de formar nuevos líderes con miras a sostener el proyecto político en el tiempo, con lo cual mucho de ellos se convirtieron en proyectos unipersonales. La visión de desarrollo de un país no puede ser un proyecto de una sola persona o partido político. Nuestros países deben convertir el desarrollo en una política de Estado que se mantenga en el tiempo, a pesar de los gobiernos de turno.
Lo ocurrido en el Ecuador tras la elección de 2017, no pudo ser anticipado ni por los mayores oponentes a la Revolución ciudadana. Esas elecciones fueron ganadas por el partido de la Revolución ciudadana (Alianza País) y solo se esperaba que se diera una continuidad de las políticas públicas, con algunos matices propios del presidente Moreno.
Se comieron el elefante a pedazos
La grave crisis institucional, económica y social que vive el Ecuador para el 2020, comienza con el proceso de desmantelamiento de las instituciones públicas creadas durante la Revolución ciudadana a través de la Consulta Popular del 2018 y la judicialización de la política o el lawfare, con el encarcelamiento del Vicepresidente de la República, electo, Jorge Glas; la destitución del presidente de la Asamblea Nacional, electo, José Serrano, por supuestos hechos de corrupción. Estas persecuciones se realizaron desde la Presidencia de la República. Ambos políticos fueron electos por el mismo partido del presidente Moreno. Era evidente que esta situación llevaría a la implosión de Alianza País, partido que era la primera fuerza política tras las elecciones presidenciales y al que concurrían todas las fuerzas de izquierdas y grupos sociales ecuatorianos.
Este sería el principio de un profundo proceso de desestabilización y de “judicialización de la política”, en complicidad con los medios de comunicación y los otros partidos políticos de derecha, que se habían fortalecido con el llamado del presidente Moreno al “Diálogo Nacional” y el nombramiento de algunas figuras políticas opositoras en puestos claves del Ejecutivo. El objetivo era claro, debilitamiento de las instituciones nacionales para una reapertura de las políticas económicas (fue el próximo paso) sin resistencia política , tras el desmembramiento de la fuerza política que existía en torno a la Revolución ciudadana.
«La práctica de la ‘judicialización de la política’ como mecanismo legal han imposibilitado a los líderes de movimientos progresistas de participar en las contiendas electorales»
Muchas de las decisiones tomadas por el presidente Moreno pueden ser justificadas, desde lo político, como la necesidad de consolidar su propio liderazgo, diluyendo la influencia y presencia del antiguo líder de las fuerzas políticas, Rafael Correa. Empero, hoy día queda la duda: ¿fue solo la intensión de no ser “sombra” del expresidente Correa o realmente al querer no ser identificado con este último favoreció a los adversarios y terminó siendo secuestrado por sus propias debilidades? Lo cierto es que en política los traidores son despreciados y Lenín Moreno pasará a ser, sin duda, el peor presidente de la historia del Ecuador.
Cumplido el objetivo, intentan consolidar el proceso de cierre de la época “Revolución ciudadana” a lo democrático. A diferencia de otros casos, como Bolivia o Brasil, las fuerzas políticas y económicas que tienen como meta recuperar el poder usarían los elementos “democráticos” que les ofrece la Constitución, con un gobierno títere a sus intereses y seguir los tiempos democráticos, para conquistar, sin algún esfuerzo aparente, el poder de manera “natural”. Sin embargo, en sus cálculos no se imaginaron el factor pandemia Covid-19.
Elecciones 2021
El deterioro de la economía nacional, producto, entre otras cosas, de la caída del precio del petróleo y de una desaceleración de la economía desde 2017, llevaron al Gobierno Nacional a solicitar al Fondo Monetario Internacional (FMI) créditos por cuatro mil 209 millones de dólares, a cambio de reducir el déficit fiscal. Las políticas aplicadas producto del préstamo más que aliviar la economía agravaron la situación social con el aumento del desempleo, la desinversión en lo social, la eliminación del subsidio a la gasolina y una escalada de la inflación; lo que resultó en las masivas manifestaciones de protesta de calle dadas en el mes de octubre de 2019 a nivel nacional y que evidenciaron la pérdida de gobernabilidad de Moreno.
En medio de esta profunda crisis económica y política, con un presidente que tiene un alto rechazo a su gestión, en marzo de 2020 llegó la pandemia del Covid-19 a suelo ecuatoriano. Este hecho imprevisto demostró hasta dónde había llegado el estado de abandono en que se encuentra la población, debido al mal manejo de las políticas públicas sociales en los últimos cinco años. Los medios de comunicación internacionales mostraron, por varios días, la espeluznante situación de Guayaquil, primera ciudad por densidad poblacional y centro económico del país, con decenas de muertos en las calles, por falta de coordinación sanitaria por el Estado. El 17 de abril de 2020, el presidente Moreno mostraba un 24% de aprobación de su gestión de la crisis del coronavirus, según revelan los datos de una encuesta difundida por la encuestadora ecuatoriana Cedatos.
En el marco de esta situación, en febrero de 2021 se tiene previsto convocar a las elecciones nacionales para votar por el presidente, vicepresidente y parlamentarios, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. A pesar que para ello falta un poco más de seis meses, y que el aumento de casos de Covid-19 y la profundización de la crisis económica producto de la misma pandemia, dificulta la visualización de escenarios a largo plazo en los países de la región, todo parece indicar que las elecciones se van a celebrar en el tiempo que se estima.
Un hecho de gran trascendencia ocurrió en días recientes, el martes 7 de julio, que dio inicio a la campaña no formal electoral por la Presidencia de la República. El nuevo vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, el tercero del mandato de Moreno, y el segundo que fuera designado y no electo para el cargo, renunció tras un año y medio en el cargo.
Este joven de 37 años, empresario y economista, desde su nombramiento se encargó del seguimiento del Diálogo Social Nacional, la coordinación de las acciones de los Consejos Sectoriales y ser parte del desarrollo de la agenda sostenible y la atracción de inversiones. Siendo Vicepresidente públicamente ha sido poco vinculado con la administración de Moreno. Más aún, durante la pandemia fue el político que, mediáticamente, tuvo más proyección en cuanto a la gestión de atención sanitaria con los afectados.
«Los nuevos medios digitales de comunicación política y campañas electorales están impulsando la consolidación de estos ‘políticos jóvenes’ estilo Nayib Bukele»
Su renuncia, anunciada en cadena nacional, deja entrever sus futuras intenciones electorales y sobre todo su necesidad de quedar completamente alejado de la gestión de Moreno, como cuando dijo en la alocución: “No me siento y nunca me he sentido un político, pero sé que nuestro mundo ha cambiado. En esta nueva realidad requerimos formas muy distintas de hacer política a como muchos la entienden hoy. Ecuador necesita nuevas soluciones para afrontar los problemas. Por eso hoy, que enfrentamos una situación más estable, puedo finalmente tomar esta decisión”.
Con el debilitamiento de la mayoría de los partidos políticos tradicionales, así como de sus figuras políticas, presentadas en reiteras contiendas electorales, las fuerzas económicas y políticas que presentaron a Otto Sonnenholzner como candidato a la Vicepresidencia y ahora impulsan esta figura nueva que demostró que “sabe” gobernar, que muestra no tener aspiraciones personales, que tiene una sensibilidad en lo social, que además manifiesta no querer tener beneficios derivados del cargo de Vicepresidente, cuando en medio de su renuncia, expresó: “Renuncié desde el primer día a todos los beneficios que me corresponderían por haber ejercido esta función: sueldos vitalicios, seguridad o movilización”.
De cara a las elecciones del de marzo de 2021, existen varios elementos en la contienda política que es necesario tomar en cuenta:
1. A pesar de la estrategia de crear la nueva figura para renovar la dirigencia política de la derecha en Ecuador, el factor Covid-19 y el pésimo manejo de ello, antes analizado, tendrá un peso en el pueblo a la hora de votar. Queda por ver qué tanto pudiera el exvicepresidente Otto no verse afectado de la mala gestión, cuando él fue corresponsable de acuerdo al cargo que ocupó.
2. A pesar de la desarticulación de Alianza País, y la persecución de los principales líderes de ese movimiento,y que algunos se encuentran en el exilio, como el expresidente Correa, el conjunto con las fuerzas progresistas y de izquierdas en Ecuador, el 8 de junio pasado conformaron la Unión por la Esperanza (UNES) como el “nuevo espacio político” de cara a las presidenciales venideras. Incluso se mencionó sobre una posible candidatura a vicepresidente de Correa. Sin embargo, el martes 14 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inhabilitó “al movimiento Fuerza Compromiso Social Lista 5 del registro de organizaciones políticas habilitadas para participar en el proceso electoral 2021”, hecho denunciado por el exmandatar desde el exilio. En este sentido, el movimiento UNES tiene pendiente la complicada aprobación del CNE para su participación en las elecciones, teniendo en cuenta la acción ya tomada contra el movimiento Fuerza Compromiso Social. Igualmente, UNES tiene la necesidad de construir la capacidad de aglutinar las fuerzas progresistas nacionales y de capitalizar el descontento contra Moreno. Se debe recordar que Lenín Moreno formó parte de Alianza País y dividió la fuerza existente en 2017.
3. Desde la elección del 2007, los partidos de derecha de Ecuador no han logrado confluir hacia una candidatura unitaria, lo cual diluyó su fuerza contra la Revolución ciudadana. Si para las próximas elecciones logran superar esta característica, y unificarse ante una candidatura como Otto Sonnenholzner, por ejemplo, podrían tener claras posibilidades para obtener la victoria. Caso contrario, que existieran dos o más candidaturas, entonces habrá alguna opción del UNES de tener oportunidad de competir, y sería viable.
Lo cierto es que la elecciones del 2021, desarrollada en plena pandemia, con sus consecuencias en el comportamiento social, tienen nuevas implicaciones en el desarrollo de las nuevas campañas políticas. Por un lado, desde hace un par de años los medios de comunicación en América Latina y los nuevos medios digitales de comunicación política y campañas electorales están impulsando la consolidación de estos “políticos jóvenes” estilo Nayib Bukele, en El Salvador, que han tenido identificación con los votantes más jóvenes de las sociedades. Por otro lado, la práctica de la “judicialización de la política” como mecanismo legal han imposibilitado a los líderes de movimientos progresistas de participar en las contiendas electorales (eliminando de facto a los adversarios). Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo de las fuerzas políticas y económicas de derecha de Ecuador de erradicar a los movimientos progresistas del poder político, la pandemia Covid-19, el manejo sanitario y sus efectos sociales, han generado nuevas perspectivas en las ciudadanías y su visión hacia el papel del Estado, cuyas dimensiones transformadoras aún están en estudio.
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Virginia Montilla Analista política
