Por María Fernanda Barreto
Contexto
Como señalamos en textos anteriores, la crisis capitalista actual no ha dejado intacta a la economía estadounidense. La preocupación a corto plazo de esta superpotencia es cómo recuperar su primacía económica tan pronto comience a ceder el virus, sobre todo tomando en cuenta que China ha iniciado primero ese proceso.
La caída en los precios del petróleo previo a la crisis actual, ha hecho que la extracción por fracking no sea rentable y esta es la que garantiza el crudo a los Estados Unidos, por lo que vuelve a serles fundamental encontrar fuentes de extracción tradicional. Por otra parte, la mayoría de los metales que cotizan en la bolsa han tenido fuertes caídas en los primeros días de la pandemia, salvo el oro y el paladio, que incluso han tenido grandes subidas, convirtiéndose en una especie de refugio económico. Como es sabido, Venezuela posee significativas reservas de oro y las mayores reservas de petróleo del mundo.
Pero, lo más importante es que la economía del capitalismo mundial, cuyo centro aún es Estados Unidos, ha venido en un franco proceso de financiarización. Y es este sector de la economía, el financiero, el que le permitirá una recuperación más rápida al capitalismo mundial.
La economía capitalista mundial cuenta con dos grandes “lubricantes”: la empresa de la guerra y el narcotráfico. Las últimas crisis financieras globales y las estadounidenses en particular, se han superado gracias al dinero que mueve el narcotráfico. La vía para ampliar los mercados de la droga que se produce en Colombia y disminuir los costos de transporte requieren apropiarse del Lago de Maracaibo y del resto de la gran Costa Caribe venezolana.
En cuanto al negocio de la guerra, la llegada de las tropas estadounidenses es parte de una nueva inyección de recursos a ese negocio que pretende generarse a partir de una agresión a Venezuela, que traería sin duda un largo conflicto armado interno, una guerra fratricida entre Colombia y Venezuela y, consecuentemente, según sus aspiraciones, el jugoso negocio de la reconstrucción, la atención a refugiados y refugiadas, la proliferación de las cárceles privadas, entre otros.
En suma, los objetivos económicos son fundamentalmente dos: acelerar el despojo de las riquezas de Venezuela y Colombia (no olvidemos que la militarización de estos y su involucramiento en la guerra la somete aún más al desangre en favor de las transnacionales) y revitalizar el sector financiero con otra guerra y nuevas rutas, más óptimas para el tráfico de drogas.
Por todo esto, el Estado norteamericano retomó la decisión de concretar la intervención militar en Venezuela, pero los altos costos que ella implicaría, la falta de consenso en Colombia y Brasil, que han impedido hasta ahora la concreción de una guerra regular contra la Revolución bolivariana, y el despliegue y avance en la legitimidad internacional que Rusia y China han logrado en la lucha contra esta pandemia, le han llevado a “abrir la licitación” para una invasión terciarizada.
La apuesta es a que grupos paramilitares colombianos y/o contratistas militares privadas (CMP) que tienen su asiento en los países que comparten frontera con Venezuela, particularmente en Colombia, realicen esta acción a cambio de esos primeros 35 millones de dólares que ofreció en recompensa y las consecuentes participaciones en los negocios mencionados.
El relanzamiento de la Doctrina Monroe implica la creación y fortalecimiento de ejércitos irregulares para desestabilizar la región y garantizar la continuidad del despojo de nuestras riquezas. Desde hace décadas que las instituciones del Estado norteamericano sostienen esos ejércitos con los capitales del narcotráfico y además participan del negocio de la legitimación de capitales para blanquear los presupuestos de sus operaciones clandestinas. Todo esto significa que la Casa Blanca aupará el fortalecimiento del tráfico de drogas, aumentará la legitimación de capitales y, como consecuencia, promoverá la corrupción de los Estados de Nuestra América, como lo ha hecho en Colombia.
Por ello, luce aún más absurdo que con el argumento de cerrar rutas al narcotráfico, Donald Trump lanzara su “Operación Antidrogas de Mayores Esfuerzos”, el 1 de abril de 2020, que implicó, en principio, un despliegue sin precedentes del Comando Sur sobre el Mar Caribe oriental por donde –según la Administración para el Control de Drogas (DEA)– solamente circula aproximadamente el 7% de la droga que llega a Estados Unidos desde América del Sur, pero desde la Casa Blanca dejaron claro que el objetivo era de nuevo atacar al gobierno venezolano.
Por las hípervigiladas costas del Caribe se intentó llevara cabo el 3 de mayo la “Operación Gedeón”, que fue inmediatamente repelida por la unión cívico-militar-policial de Venezuela. Aunque es francamente imposible que el Gobierno estadounidense no estuviese al tanto de ella y menos aún que el Comando Sur no se hubiera percatado de su ejecución, esta operación dejó en evidencia la importancia de prestar atención a la participación de las CMP sobre las que hemos advertido. Esta derrota golpeó nuevamente la escasa moral de la oposición interna, pero sobre todo aniquiló la confianza de Trump en las capacidades de la derecha venezolana para derrocar al gobierno bolivariano.
El 26 de mayo se retomó el discurso de la “crisis de refugiados”, supuestamente generada por Venezuela, en la llamada Conferencia de Países Donantes, a la que hemos calificado de una rueda de negocios que más se asemeja a un concierto para delinquir que a una cita con fines humanitarios.
Finalmente, el mes pasado se abrió una gran brecha política, económica y militar en el pretendido cerco estadounidense sobre Venezuela con la llegada de buques iraníes cargados de combustible, químicos para refinación y repuestos. Las múltiples implicaciones de esta acción solidaria soberana de dos pueblos del Sur bloqueados por los Washington merece un análisis aparte. Pero lo concreto es que fue considerado, sin duda, una gran afrenta.
El escenario específico
En ese contexto descrito, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó, el pasado 27 de mayo, un día antes de que lo comunicaran las instituciones del gobierno de Duque, el próximo arribo de una brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB), que vendría para supuestamente ayudar a Colombia en su lucha antinarcóticos. La SFAB es una unidad especializada del Ejército de los Estados Unidos que ha actuado en Siria, Irak y Afganistán, según ellos mismos informan. Y su misión se supone llegó el pasado 1 de junio a Colombia y tendrá una duración de varios meses, en los cuales, según su anuncio, centrará sus esfuerzos principalmente en las Zonas Futuro delimitadas por el gobierno colombiano, al que califica como “su mejor aliado y amigo en la región”. El mismo comunicado de la Embajada relaciona este despliegue del SFAB con la “Operación Antidrogas de Mayores Esfuerzos”, anunciada el 1 de abril por Trump.
«La economía capitalista mundial cuenta con dos grandes ‘lubricantes’: la empresa de la guerra y el narcotráfico»
La reacción de la opinión pública colombiana fue rápida y airada desde todos los sectores, movimientos sociales y partidos de izquierda en principio, pero la molestia llegó a los partidos de centro e incluso de derecha, que señalaron que toda circulación de tropa extranjera debe ser autorizada por el Congreso y que el verdadero objetivo de esta misión sería involucrar al país en un ataque militar contra Venezuela.
La presión pública obligó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a ratificar el anuncio al día siguiente, introduciendo nuevos elementos. Primero, afirmó que se trata “solamente” de 50 militares y no de 800, que es la cifra que ha manejado la opinión pública. Segundo, que este contingente no vendría a las regiones que insinuaba el comunicado de la Embajada –que incluían los departamentos fronterizos de Arauca, primer departamento de Colombia en ser declarado libre de cultivos ilícitos, Guajira y Norte de Santander– sino que, según Holmes, en el caso de la frontera colombo-venezolana, solo se ubicarían en la región del Catatumbo, departamento Norte de Santander. Por último, fue enfático al decir que la presencia de asesores y técnicos no requiere aprobación del Congreso y dijo que los estadounidenses asesorarán a las unidades militares de las Fuerzas de Tarea Conjunta, Hércules (Nariño), Vulcano (Norte de Santander), Omega (Meta) y de la Brigada contra el Narcotráfico.
Ese mismo día el Comando Sur expidió un comunicado para tratar de hacer control de daños, en el que ratificó que se trataría de labores estrictamente de asesoría. Por su parte, el Comandante de esta Brigada anunció el 30 de mayo que saldría hacia Colombia al frente de un equipo de aproximadamente 45 soldados profesionales entrenados con amplia experiencia adquirida en Irak y Afganistán. Indicó que su equipo tiene más de seis meses preparando esta misión y que al llegar cumplirán 14 días de cuarentena, como parte de las medidas contra el Covid-19.
Un dato muy importante lo entregó el Comandante de las Fuerzas Militares (FF.MM.) al decir que “su presencia en Colombia tendrá una duración de alrededor de cuatro meses”.
Es clave aclarar nuevamente que la presencia visible de militares y contratistas estadounidenses en Colombia está normalizada desde hace tres décadas. Al principio de los n90, con la llamada Guerra contra las Drogas, y posteriormente con la firma del Plan Colombia en 1999, que desde el principio llegó a autorizar 800 soldados y 600 contratistas civiles gringos en el país, así como el uso de dos bases militares colombianas para esas tropas. En 2009, el gobierno de Álvaro Uribe sostuvo un acuerdo con Estados Unidos para permitir la llegada de militares de ese país a otras siete bases colombianas y garantizar la impunidad de los militares y contratistas civiles en territorio nacional.
Hoy se encuentran alrededor de 23 instalaciones militares con presencia de equipos y personal militar estadounidense en Colombia, sin que ninguna información exacta sea conocida ni por el Congreso colombiano ni por la opinión pública.
En el caso de las CMP esta información es aún más difícil de precisar pues como ya hemos señalado están vinculadas no sólo al área de la seguridad y defensa del estado sino también a las trasnacionales, sobre todo las minero energéticas que explotan el territorio colombiano.
En 2001, por ejemplo, un famoso medio colombiano denunció la presencia de mil contratistas civiles de la Dyncorp, cuyo primer contingente había llegado en 1993, cuatro años antes de que otra contratista, AirScan, fuera acusada de masacrar civiles al bombardear desde sus aviones la población de Santo Domingo, Arauca, donde fueron asesinadas 17 personas, entre ellos varios niños y niñas. Entre estos contratistas se encontraban varios oficiales retirados de las fuerzas especiales del Pentágono.
Según reseña el mismo medio, un militar colombiano expresó en ese momento: “Es gente muy difícil de manejar. La mayoría de ellos son altos consumidores de droga. Muchos se inyectan antes de volar (los aviones fumigadores). Varios oficiales han tenido enfrentamientos abiertos con esos pilotos porque no respetan la disciplina castrense en las bases militares. Y nuestros oficiales no aceptan que estos hombres, por más experimentados que sean en el campo de la guerra, estén consumiendo droga dentro de las instalaciones militares”.
A partir del 2018, con la incorporación de Colombia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en calidad de socio global, la presencia de las diversas instituciones de seguridad y defensa estadounidense y las CMP en Colombia se legitiman aún más.
Por tanto, la llegada de este nuevo contingente de tropa estadounidense cobra relevancia por darse en el marco de amenaza a la seguridad de la Revolución bolivariana y por su pretensión de incitar a la primera guerra fratricida del siglo XXI en Nuestra América al propiciar un ataque a Venezuela desde Colombia; pero no es inusual ni constituye en sí misma una novedad.
Es fundamental siempre recordar que Colombia vive un conflicto social y armado que no cesa. En este se enfrentan las FF.MM. y los grupos paramilitares, con el obvio apoyo aquí reseñado de los Estados Unidos, contra las organizaciones guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y diversos sectores disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque se dice más simple de lo que es. Este conflicto es muy complejo y amerita largo tratamiento, pero para los fines de este análisis es menester simplemente recordarlo, dejando aquí el enlace donde se encuentran algunas para comprenderlo a quienes se interesen en profundizar el tema. No se puede evadir tampoco mencionar que la resistencia popular a la oligarquía colombiana y los intereses transnacionales de economías lícitas e ilícitas se enfrenta desde hace cuatro años a un nuevo genocidio de líderes y lideresas sociales, así como de exguerrilleros de las FARC-EP.
Claves
1. Las Fuerzas de Tarea Conjunta, según los define el profesor Renán Vega Cantor, “son grupos de despliegue rápido con una diversidad de especializaciones. Estos grupos se caracterizan por su capacidad de adaptación en diversos terrenos y su flexibilidad en el tipo de acciones, además de su carácter ampliamente confidencial. En varias de ellas hay presencia de Comandantes de Brigada del Pentágono estadounidense con experiencia en Irak y Afganistán”. La Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, a la que según el Ministro de Defensa colombiano se dirige parte de esta tropa extranjera, está ubicada en Tibú, Catatumbo, departamento Norte de Santander, (frontera con el estado Zulia), cuya fuerza inicial es de entre siete mil 900 y 10 mil efectivos. Estos fueron reforzados en el 2018 con alrededor de cinco mil efectivos de las Fuerza de Despliegue Rápido No. 3 (Fudra). Esta es la única Brigada que, según Carlos Holmes, vendría a asesorar este contingente estadounidense en la frontera colombo-venezolana.
«Hoy se encuentran alrededor de 23 instalaciones militares con presencia de equipos y personal militar estadounidense en Colombia, sin que ninguna información exacta sea conocida ni por el Congreso colombiano ni por la opinión pública»
2. Diversas fuentes periodísticas señalan falta de consenso en las FF.MM. colombianas en relación con Venezuela y el papel que les está obligando a jugar el gobierno colombiano. Incluso hay análisis que señalan la fractura interna de las FF.MM. como la razón del envío de esta misión estadounidense como acción para retomar el control sobre ellas. Lo que sí es público y notorio es que en los últimos meses se han destapado varios escándalos de corrupción en los altos mandos colombianos, que incluso han motivado denuncias directas de representantes del Congreso ante representantes del Senado estadounidense y la OTAN solicitando se revisen los fondos que ese país y esa organización asignan al Estado colombiano para fines militares.
3. Durante el confinamiento ordenado por la pandemia, el Estado colombiano ha aumentado la militarización de las zonas rurales del país.
4. El uribismo está en su peor momento y el pueblo se ha mantenido resistiendo en las zonas rurales, enfrentando un genocidio contra sus líderes y lideresas, y se apresta a volver a protestar a las calles de las principales ciudades tan pronto terminen las medidas de cuarentena.
5. Luego de que el cese al fuego unilateral que realizó del ELN en el mes de abril no lograra ninguna respuesta positiva de parte del gobierno de Duque, se da por hecho que no hay posibilidades de que se retomen los diálogos durante este Gobierno al que aún le quedan dos años de mandato. Postergando nuevamente la tan buscada salida política negociada al conflicto.
6. La invasión del paramilitarismo colombiano sobre Venezuela ha recibido duros golpes por parte de la unión cívico-militar, pero no ha cesado, ya que cuenta con el apoyo de los sectores más violentos de la oposición venezolana y los carteles de droga del norte, comandados todos por la DEA. Es de esperar que en los próximos meses esa invasión tenga repuntes de ingreso o busque avances en el control territorial de las zonas en las que se encuentra, como lo que se observó en Petare, Caracas, durante el desarrollo de la «Operación Gedeón».
7.- La idea de involucrar a Colombia en una guerra contra Venezuela no solo tiene el rechazo de la izquierda local, los movimientos sociales y representantes de partidos de centro y algunos y algunas de derecha, esa misma preocupación la tienen sectores vinculados a la industria manufacturera y comercial, cuya principal fuente de ingresos era la exportación a Venezuela.
8. Continúan los asesinatos e intimidaciones a líderes y lideresas de base del chavismo en todo país. pero sobre todo en las zonas de frontera con Colombia y con el Caribe.
9. Colombia es un país que tiene escándalos habituales, entre otras cosas porque hay la clara intención de impedir que la opinión pública construya un hilo histórico de su propia tragedia; seguramente en continuidad de esa práctica de dominación comunicacional, el lunes o martes estallará un nuevo escándalo para tapar la llegada de estas tropas.
10. El Estado colombiano no controla su territorio. Voluntariamente ha cedido territorios al narcotráfico y al paramilitarismo y solo enfrenta el control de las fuerzas de izquierda y las comunidades organizadas, a las que constantemente masacra. Por eso ahora dirige sus esfuerzos al Catatumbo, lo que supone una amenaza inmediata sobre el estado Zulia. En ese sentido es muy importante el esfuerzo que se haga en defender la soberanía venezolana sobre el Zulia y particularmente sobre la cuenca del Lago de Maracaibo que es sin duda uno de sus objetivos más preciados, por sus reservas de petróleo liviano, sus recursos naturales y por ser un gran puerto de importancia geoestratégica.
11. Senadores de la oposición colombiana llamaron a debate al Ministro de la Defensa esta semana para que explique las razones y el alcance de esta misión.
12. Si la aprobación del Congreso fue siempre innecesaria para la llegada de este contingente, cabe preguntarse porqué la Embajada Estadounidense decidió unilateralmente hacerlo público, evidentemente sin consultarlo con el gobierno colombiano. Una operación psicológica en marcha podría estar detrás de ello. Si se trata de propaganda o distracción, es imprescindible reflexionar al respecto.
Hipótesis
Vuelve a ser una fecha clave el mes de septiembre. Estados Unidos difícilmente se involucrará en una agresión militar directa, al menos no hasta que todas las de agresiones indirectas y multiformes hayan comenzado a dar frutos. Septiembre es una fecha crítica para ellos, en la que pueden involucrarse como acción desesperada, porque las elecciones para la presidencia se prevén para noviembre de este año y Trump está en el peor momento de su popularidad, debido al mal manejo de la pandemia, el desempleo y ahora a las multitudinarias protestas callejeras por la política racista del Estado.
Los siguientes meses podrían ser más de acoso y estudio de las reacciones in situ. Aunque operaciones tipo comando para secuestrar al Presidente y colocarlo en una cárcel estadounidense o asesinarlo a él y a personajes emblemáticos o emblemáticas de la Revolución bolivariana pueden volver a intentarse, con mayor nivel técnico.
Lo más probable es que estos primeros meses la tarea que orientará esta misión será un reordenamiento interno y operaciones para abrirse paso en la frontera del lado colombiano, procurando tomar el control de la zona del Catatumbo y tal vez Arauca, territorios que históricamente no han logrado controlar por la fuerte resistencia que han encontrado en ellos.
Lo segundo será fortalecer con dotación y entrenamiento las fuerzas paramilitares, con más personal de las CMP, para planificar y ejecutar acciones de acoso a la soberanía venezolana. Lo de los barcos iraníes fue un trago amargo que les ratificó que deben potenciar las acciones indirectas, que no será fácil una guerra directa contra Venezuela, y no quieren pagar el costo político. Esos costos se los quieren endosar todos a Colombia. De atreverse a entrar, lo harían cuando las primeras batallas se hubieran ganado y esto debe ser a más tardar septiembre del 2020, a no ser que los acontecimientos internos de Estados Unidos cambien drásticamente el panorama político en ese país.
Algunas recomendaciones finales
1. Priorizar la seguridad del presidente Nicolás Maduro y los cuadros más relevantes del Estado.
2. Mirar hacia el Zulia. Apoyar con más esfuerzo desde Caracas los problemas que aquejan la región, particularmente electricidad, agua y alimentación. Profundizar la unión cívico-militar en la región del Catatumbo y mantener sobre ella monitoreo constante. Vigilar el Puente Rafael Urdaneta como punto crítico y simbólico. Aumentar el patrullaje sobre las aguas del Lago de Maracaibo.
3. Continuar la vigilancia sobre la costa Caribe venezolana, haciendo énfasis en las costas de los estados Falcón y Sucre.
4. Fortalecer la inteligencia social y avanzar en la consolidación de las Unidades Populares de Defensa Integral de la Milicia Bolivariana.
5. Continuar acompañando a las comunas en las zonas de frontera y promover desde ellas la unidad entre pueblos bolivarianos de ambos lados de la frontera colombo-venezolana, porque solo esa unidad podrá derrotar el relanzamiento de la Doctrina Monroe sobre nuestra región y específicamente sobre ambos países.
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María Fernanda Barreto Investigadora colombo venezolana
