Por Javier Larraín
Viernes 18 de octubre de 2019, Santiago de Chile (mediodía). Como durante todo la semana, cientos de estudiantes secundarios evadieron los portales de pago del Metro, que aumentó en 30 pesos la tarifa, alcanzando el costo de más de un dólar. La convocatoria a la protesta se hizo por redes sociales, con la siguiente consigna: “No son 30 pesos, son 30 años”.
En esos días, en vivo y en directo, en entrevista televisada, el exdirector de Metro, Clemente Pérez, hizo un llamado a los estudiantes: “Cabros, esto no prendió. La gente está en otra…”. Paso seguido, Carabineros baleó a jóvenes dentro y fuera de estaciones del Metro, en distintas comunas de la capital –por ejemplo, San Miguel–; se suspendió el transporte y, ya casi de noche, miles de trabajadoras y trabajadores se vieron obligados a regresar a sus hogares a pie. Pero, en ese trayecto, de pronto el “clic”. Esas y esos trabajadores, padres de esas niñas y esos niños bestialmente reprimidos por la Policía y que le han enrostrado por 15 años (vía “movimiento estudiantil”) que sí vale la pena protestar y es asqueroso ser pusilánimes, decidieron no abandonar a sus crías, tenderles sus manos, ampararlos, levantar la cerviz, y aceptar que tenían razón, que “…son 30 años” de explotación; que el “éxito neoliberal” de Chile fue a costa de asesinados, detenidos desaparecidos y del exterminio de una parte de la población en dictadura, además de la perpetuación de la explotación y la humillación por casi tres décadas de supuesta democracia.
Desde ese día, viernes 18-O, como aún dice la gente en las calles: “Chile despertó”. La ola de protestas se extendió a lo largo del territorio nacional, donde fueron saqueadas y quemadas instituciones públicas y privadas, símbolos de la opresión contra las personas: AFP, Mall, Farmacias, Bancos, Supermercados, Compañías de Telecomunicaciones, entre otros.
La ciudadanía pasó a congregarse cada viernes, hasta antes del coronavirus, en la exPlaza Italia, hoy llamada popularmente como Plaza de la Dignidad, demandando medidas estructurales: cambios del sistema de pensiones y jubilaciones (fin de las AFP), reforma al sistema de educación y salud universal, público y gratuito, fin al cobro en carreteras y calles privadas, reconocimiento de naciones originarias, regionalización, recuperación de los recursos naturales estratégicos, entre otros. Todo lo que culminó en una gran meta: Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente.
En sus poco más 200 años de vida republicana, los tres intentos asamblearios y de cabildos impulsados por la ciudadanía desembocaron invariablemente en este orden: reacción de la élite, golpe de Estado cívico-militar y represión masiva. El último y más macabro episodio: la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejó un saldo de decenas de miles de detenidos, torturados, muertos y desaparecidos, la instalación del neoliberalismo a sangre y fuego y la creación de la Constitución de 1980, aún vigente.
Entre octubre y marzo, cualquiera que visitara Chile reparaba en al menos cinco cosas: 1) La solidaridad y lucidez ciudadana, multiplicada en cada espacio y concentrada no pocas veces en novedosas performances (ejemplo: “El violador eres tú”) e inéditas marchas (ejemplo: “8-M”, con dos millones de asistentes solo en Plaza de la Dignidad; casi siete millones en el país); 2) La valentía de “la primera línea”, quienes encabezaron la protesta y fueron duramente reprimidos, con casi medio centenar de muertos y medio millar de personas que perdieron parcial o totalmente la visión, que fueron mutilados por policías y militares, los que además, vejaron, torturaron y ejercieron violencia sexual sistemática contra hombres y mujeres en recintos de detención; 3) El hastío de la gente para con la élite política, dominadora ya por dos centurias; 4) La concienciación masiva de la aberración a la que llegó el neoliberalismo criollo (escuelas, hospitales, mar, ríos, árboles, jubilaciones… todo privado), al que alguien irónicamente tachó como la «Corea del Norte del capitalismo»; 5) Valorización de las naciones originarias, demandando el reconocimiento de la plurinacionalidad.
La irrupción agresiva del coronavirus en Chile, con hasta ahora más de 53 mil contagiados y más de 500 muertos, impuso un impasse entre la élite empresarial y derechista y el conjunto de la nación, dejando en stand by la consulta popular por la nueva Constitución, que debía llevarse a cabo el domingo 26 de abril de 2020, y que cuenta (según distintas encuestas) con una preferencia que bordea un 75%-80%. Por el momento, la consulta se trasladó al domingo 25 de octubre de 2020, y la ciudadanía comienza a rearticularse, sobre todo a partir del clasista trato sanitario de la pandemia por parte del gobierno del derechista Sebastián Piñera y su pandilla, en el que las famosas “cuarentenas dinámicas” no ocultan su denominador común: las y los pobres deben asistir a sus puestos de trabajos obligatoriamente, mientras los patrones pueden guardar reposo en sus casas. Es una lucha abierta, sin cuartel, en la que la élite apuesta al todo o nada, a derrotar a las y los chilenos –como numerosas veces lo ha hecho, aniquilando a una parte y traumatizando a la otra–. Pero… esta vez la gente parece estar decidida y junto a las consignas ya señaladas, enarbola otra: “Con todo, si no pa’ qué…”. Evidencia esta decisión las últimas protestas populares en el sector sur de la capital, al calor del grito de: «tenemos hambre».
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Javier Larraín Editor
