Por Yoselina Guevara López
El domingo pasado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, alertó al mundo sobre las abiertas intenciones bélicas en contra de la nación suramericana por parte de Donald Trump mediante el “más grande despliegue militar con el fin de amenazar a Venezuela y llevar al país a un enfrentamiento sin precedentes, costoso y sin tiempo definido”. Las razones de la Casa Blanca para esta medida estarían sustentadas en una supuesta intensificación de su lucha contra en el narcotráfico. Aún conociendo internacionalmente que Venezuela no es un país productor de drogas, ni su territorio se presta como ruta de tránsito de drogas. Al contrario, quien encabeza el ranking en este sentido, de acuerdo a un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es Colombia, el principal aliado estadounidense en la región.
Aquella movilización militar puede tener varias lecturas. En primer lugar, aumentar la presión político-militar sobre el Gobierno bolivariano con el fin de hacerlos deponer, dado que todas las medidas coercitivas que han usado hasta ahora no les han proporcionado los resultados esperados. En segundo lugar, para la mercurial administración Trump, en su perspectiva electoral, puede ser un factor positivo obtener una aceptación de la comunidad latina con su supuesta lucha contra las drogas y los gobiernos de izquierda, lógicamente en Estados como La Florida. Previniendo, como es de esperarse, que el manejo de la emergencia Covid-19 sea desastroso para sus aspiraciones de reelección.
Un plan fracasado
El «plan de transición democrática» presentado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, es una prueba de un nuevo fracaso de la ofensiva económico-diplomática. Aunque en los sitios web de los llamados Think Tank, como el Center for strategic and International Studies, los analistas insistan con diversos artículos en la llamada “transición”. Donde inclusive proclaman una participación de las mujeres, lo cual organizativamente dentro de la derecha venezolana es absolutamente inexistente.
La táctica de los Estados Unidos ha estado basada principalmente en sanciones a nivel económico, que van desde las exportaciones de petróleo venezolano (la primera fuente de ingresos del país), la imposibilidad de la realización de transacciones económicas y financieras casi a nivel mundial, además del reconocimiento de un presidente inexistente, Juan Guaidó.
«El ‘plan de transición democrática’ presentado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, es una prueba de un nuevo fracaso de la ofensiva económico-diplomática»
La Casa Blanca lo ha intentado todo, desde el endurecimiento del régimen de sanciones, mencionadas anteriormente, hasta los ataques a la legitimidad internacional de Miraflores. Sobornos con pagos para cooptar a los militares y funcionarios de alto nivel, hasta la discusión de supuestos planes subversivos con políticos y pequeñas fracciones de exmiembros de la Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana (FANB), refugiados en Colombia. Sin obviar la reciente acusación al presidente Maduro y otros altos cargos del Estado como narcoterroristas. Ahora se juegan la carta de la amenaza de una intervención militar, a la que se oponen otros países suramericanos y el propio aparato federal de los Estados Unidos. Ninguno de estos movimientos ha afectado a la presidencia venezolana, que ha sido capaz de pivotar todos los ataques sobre el papel del Ejército y el sólido sistema de poder cívico-militar, con un alto componente de participación y aceptación popular real, construido y heredado de las manos de Hugo Chávez.
Transición igual a suspensión de sanciones
Actuando como un gobierno supranacional y abiertamente ingerencista, irrespetando la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la administración Trump manifiesta una serie de exigencias, desde todo punto de vista no realizables por el Gobierno de Venezuela, en una especie de pliego de peticiones que servirían para levantar las sanciones. Entre otras imposiciones, Caracas debería liberar a los presos políticos –en su mayoría criminales organizadores de acciones terroristas y vandálicas– y disolver la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que en 2017 fue electa en comicios internacionalmente reconocidos. La Casa Blanca exige a su vez renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Corte Suprema y nombrar un Consejo de Estado (que asumiría los poderes del Presidente de la República), compuesto por dos miembros de la oposición y dos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que indicaría un presidente, figura excluida de las futuras elecciones presidenciales. Este Ejecutivo de transición debería expulsar a todas las fuerzas de seguridad extranjeras presentes en el país; aprobar la formación de una comisión para la reconciliación nacional y una ley de amnistía; además de organizar elecciones presidenciales en un plazo de 6 a 12 meses.
Un gobierno fiel al legado de Chávez
Nicolás Maduro ha actuado en consonancia con su principios ideólogicos, no ha aceptado los chantajes que desde los Estados Unidos han pretendido imponerle. Ha manifestado que sería un despropósito desconocer las instituciones, una pérdida total de la soberanía, que se retrocedería al colonialismo. Como primer presidente chavista, ha sido fiel a este legado y ha reiterado no solo con sus palabras, sino también con sus acciones, que no traicionará al pueblo venezolano. Hoy más que nunca retumban las palabras de Chávez, como un faro que continúa guiando al pueblo venezolano : “Nosotros estamos en una batalla que es mundial. ¡Vamos a volver a derrotar al imperio yanqui! ¡Yanqui go home!”.
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Yoselina Guevara López Corresponsal en Italia
