Por Adriana Lazarte
Entendemos que la soberanía alimentaria es el derecho a la alimentación por medio del acceso a recursos, a medios de producción, a la transformación, comercialización y consumo responsable de alimentos; al derecho de organización social liberada para la producción agropecuaria y para la generación de propuestas de políticas agrarias; y al derecho al desarrollo rural y agropecuario de los pueblos de un Estado.
En acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entendemos por seguridad alimentaria al acceso físico y económico de un individuo, de un hogar, de una nación; a suficiente alimento (seguro, sano y nutritivo) para satisfacer sus necesidades alimenticias.
Bolivia tiene una de las normativas de seguridad y soberanía alimentarias más completas de América Latina. El reconocimiento a la Madre Tierra, Ley N° 300; el reconocimiento y fomento de un sistema alimentario de producción agrícola y de base comunitaria, Ley N° 144; el reconocimiento e inserción de las Organizaciones Económicas Comunitarias y de las Organizaciones Económicas Campesinas en el proceso de revolución alimentaria, bajo una normativa de agricultura familiar y sustentable para alcanzar soberanía alimentaria, Ley N° 338.
En ese marco, Bolivia resguarda la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, Ley N° 830; promociona la alimentación saludable, Ley N° 775; protege los derechos de los usuarios y consumidores, Ley N° 453.
Pero, ¿qué se hace con tanta norma? La lista de leyes es aún más larga con respecto a la seguridad y soberanía alimentaria. Aunque una de tantas preguntas es: ¿cómo hacer para que se cumplan?
Dar al pueblo, a los pueblos, el reconocimiento y la libertad para organizarse, para desarrollar capacidades de hacer gestión de forma autónoma, para hacer uso de sus derechos en el ejercicio del control social y de participación como entidades reconocidas para proponer políticas de seguridad y soberanía alimentarias (en este caso), es la virtud máxima que yace sobre la normativa boliviana.
Instituciones no gubernamentales de capacitación, de formación y de fomento al desarrollo, han apostado, desde hace ya más de 15 años, por impulsar la agricultura urbana y periurbana como alternativa para el autosustento alimentario familiar en el Municipio de El Alto.
Por ejemplo, el Centro de Formación y Capacitación para la Formación Ciudadana, así como otras instituciones, desarrollan actividades de asesoramiento técnico en producción agroecológica, crianza de animales menores y comercialización. Cuentan con más de una década de experiencia en el trabajo con productoras en este municipio.
Actualmente el Centro de Formación y Capacitación para la Formación Ciudadana asesora 260 mujeres en agricultura urbana y a otras 500 mujeres, hombres y jóvenes organizados en grupos, asociaciones, en instituciones municipales, entre otros, en temas de seguridad y soberanía alimentaria.
Nuevamente, ¿cómo se hace para que se cumpla tanta norma?
El 9 de agosto de 2013 vio la luz la Ley Municipal de Agricultura Urbana Seguridad Alimentaria, como resultado de una intensa lucha y el esfuerzo de asociaciones de productoras y productores urbanos y periurbanos del Municipio de El Alto (Apalla, Alto Cuy, Ediso, Illimani, Macuy, Aprochan, Sumaj Huasi, Riego Todo) e instituciones no gubernamentales (Comunidad en Axion, Cistem, Cebiae, Red Hábitat, Chasqui, Cipca, Ayni, Focapaci).
La ley la hicieron todas y todos en un trabajo colectivo en busca del cumplimiento de sus derechos de participación ciudadana, para impulsar la implementación de políticas públicas y normativas que visibilicen la pelea por consumar una economía alternativa, sustentable, agroecológica y soberana.
La participación activa de colectivos de mujeres alteñas en estos programas que fomentan el desarrollo de sus capacidades para formar parte de un sistema de producción alternativo, agroecológico, con el objetivo de luchar contra el hambre y la pobreza, han convertido al Municipio de El Alto en una de las diez ciudades verdes de América Latina y el Caribe.
La inversión de tiempo y recursos de estos colectivos de mujeres a cambio de una accesibilidad sostenible y sustentable de alimentos agroecológicos, es muestra de que, en Bolivia, la seguridad y soberanía alimentaria son una realidad. Una realidad no reconocida, no mediática, una realidad casi oculta.
El siguiente paso es rescatar, aprender, visibilizar, sensibilizar y socializar para conservar. El derecho a la asociación, a la participación, el derecho al control social ha parido la mencionada Ley Municipal de Agricultura Urbana (entre otras muchas); que reflejan luchas ganadas de población organizada que promueve actividades productivas sustentables y sostenibles para combatir la pobreza y promover economías alternativas para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria.
Finalmente, esta lucha ganada tiene cara de mujer. Mujer organizada, mujer contestataria, mujer cansada de ser sometida por el sistema. Una mujer en busca de alternativas económicas y sociales, que le permite elegir ser madre, ser esposa, ser revolucionaria, ser jefa, ser sustento, ser independiente, ser líder, ser ley.
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Adriana Lazarte Técnica en Seguridad Alimentaria
