Por Correo del Alba
A inicios de mayo, diversas fuentes informativas, entre ellas el Washington Post, anunciaron que miles de exfuncionarios del Departamento de Justicia estadounidense, solicitaron la renuncia del fiscal general William Barr, por estar implicado en casos de corrupción, específicamente en el recorte de la sentencia a Roger Stone (amigo personal de Donald Trump), acusado por obstrucción y mentir al Congreso en el llamado “Rusia Gate”, referido a la supuesta intromisión rusa en las elecciones de 2016, caso por el que se le amenaza con impeachment al magnate presidente.
Las firmas fueron recolectadas por la organización Protect Democracy que “reconoce que hay pocas posibilidades de que las críticas de los firmantes conduzcan a la partida de Barr. Debido a que tenemos pocas expectativas de que lo haga, corresponde a los funcionarios de carrera del Departamento tomar las medidas apropiadas para cumplir sus juramentos de cargo y defender justicia apolítica, no partidista», según consignó el Washington Post.
La sentencia que debía recibir Stone rondaba por entre los siete y nueve años de cárcel, por más de siete cargos; sin embargo, se le condenó a 40 meses de prisión. El presidente Trump declaró: «Me encantaría ver a Roger exonerado, porque personalmente creo que se le ha tratado muy injustamente». Ante lo cual la reacción fue acusar al fiscal por presentar una solicitud para acortar el tiempo de sentencia.
¿Quién es William Bar?
Es un abogado estadounidense, que pertenece al Partido Republicano, además de tener un largo historial como asesor bélico. Barr es el fiscal que en marzo de 2020 acusó al presidente Nicolás Maduro y a varios funcionarios del gobierno venezolano de narcotráfico y corrupción, atreviéndose a poner precio a la figura del líder bolivariano.
Exasesor político de Ronald Reagan, exagente de la CIA, exasesor jurídico de George Bush (padre), Barr asesoró también la invasión a Panamá y las intervenciones militares a Somalia y la Guerra del Golfo. Siendo definido como «antiderechos civiles y libertades de los migrantes, afrodescendientes, población LGTB y personas con discapacidad”.
La crisis del sistema de justicia estadounidense
Esta denuncia que tal vez no prospere en lo legal, es una sentencia con impacto moral en el sistema de justicia de los Estados Unidos, ya que evidencia que no existe una separación plena de poderes con el Ejecutivo.
En la carta se recoge la denuncia de abuso de poder, inconsistencias legales y éticas, y fallas en el Estado de Derecho para ser imparcial ante un caso que implique algún alto funcionario de Estado.
