Por Javier Larraín
El miércoles 23 de enero marcó un punto de inflexión en el ya extendido plan desestabilizador que la burguesía venezolana, organizada y financiada por Washington, emplea contra la Revolución bolivariana. De manera hasta ahora inédita, la administración Trump le obligó a presentar un improvisado líder –Juan Guaidó– a ser autoproclamado como “Presidente adjunto”, con el fin de reconocerle y pasar de lleno a la ofensiva, con sanciones y amenazas, que ponen a la nación caribeña en el centro del debate político hemisférico.
EE.UU. cuenta a su haber con un vasto prontuario de invasiones, operaciones encubiertas, magnicidios, promoción de golpes de Estados, ejercicio de torturas y atentados en América Latina y el Caribe, países que según una antigua, pregonada y estratégica doctrina son considerados por aquellos como su “espacio natural”. De ahí la peligrosidad del golpe de Estado en curso contra Venezuela.
Después del Día D
Desde el miércoles 23 a la fecha la beligerancia yanqui se incrementó, a las típicas habladurías de Donald Trump, Mike Pompeo y John Bolton –quien en una conferencia de prensa hizo ver una liberta que apuntaba “5.000 tropas a Colombia”–, repetidas por una pandilla de desprestigiados presidentes derechistas de Occidente, se sumaron pasos táctico-estratégicos en aras de configurar definitivamente un escenario bélico. Algunos fracasaron, otros están su curso. Veamos.
En la búsqueda de lograr un consenso y eventual apoyo internacional para una intervención militar, EE.UU. implementó dos acciones, ambas fracasadas: la primera, convocar una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el jueves 24, con el fin de conseguir un reconocimiento unánime de los Estados miembros para Guaidó, pero, 18 de los 34 países se abstuvieron de hacerlo; la segunda, llevar el “tema Venezuela” al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el fin de condenar a Maduro en esa instancia, sin embargo, de los 5 países con derecho a veto, China y Rusia hicieron uso de su privilegio y se inclinaron por proteger a Nicolás Maduro. En efecto, las derrotas para Trump y compañía fueron contundentes.
Paralelamente, Washington perpetró otra serie de acciones dirigidas al interior de la nación caribeña. Con el fin de afectar la economía de la Revolución, el martes 26 presionó para que el Banco de Inglaterra retuviera 1.200 millones de dólares en reservas en oro que tenía Venezuela allí, y dos días más tarde se apropió de Citgo –filial de Pdvsa en EE.UU.–, haciéndose de otros 7 mil millones de dólares, además de anunciar bloqueos en conceptos de comercialización de petróleo por un valor de 11.000 millones de dólares. Esto en una coyuntura en que las exportaciones venezolanas han caído un 64.5% entre el 2012 y 2018; la industria petrolera ha pasado de producir 2 millones 743.000 a 1 millón 464.000 de barriles de petróleos diarios en el mismo periodo; y el PIB se contrajo en un 15% el año 2018.
Siempre en la vereda interna, la burguesía promovió asonadas callejeras en barriadas populares de Caracas, estado Bolívar, entre otros, con resultados adversos. Así, mientras Guaidó presentaba la mañana del jueves 31 el “Plan País: La Venezuela que Viene”, cientos de miles de chavistas expresaban en las calles su respaldo al Gobierno y la decisión de defender la Patria ante cualquier agresión. Pero, entonces, ¿cuál será el siguiente paso táctico-estratégico del imperialismo?
Los mil días de Allende y la Unidad Popular (UP)
Al igual que Hugo Chávez, el presidente chileno Salvador Allende accedió al poder Ejecutivo a través de las urnas y de inmediato comenzó a implementar el “Programa de la Unidad Popular”, en vistas de transitar al socialismo por la “vía pacífica” –de manera inédita en la historia, y a la luz de los hechos podríamos decir que hasta hoy–.
En tiempo récord profundizó la aplicación de la Ley de Reforma Agraria; nacionalizó un centenar de fábricas para crear el Área de Propiedad Social (APS); monopolizó el comercio exterior; nacionalizó la banca; diseñó el radical programa educativo de la Escuela Nacional Unificada (ENU); y por supuesto, el 11 de julio de 1971 nacionalizó –sin indemnización– las empresas del cobre, “el sueldo de Chile”, como dijo el propio Allende.
La reacción no se hizo esperar, EE.UU. confiscó bienes chilenos y parte de la producción de cobre en el exterior; vetó a esta nación en foros internaciones; fomentó la inflación y el mercado negro; incitó los asesinatos de emblemáticos uniformados como René Schneider (1970) y Arturo Araya (1973); patrocinó un gran paro gremial durante un mes (1972) y una asonada militar (1973); junto con organizar, financiar y apertrechar a grupos fascistas como Patria y Libertad. Todo esto en un contexto en que Allende y la UP pasan de obtener un 36.6% de los votos en las presidenciales del 70, a un 48.6% en las municipales del 71 y alrededor de un 44% en las parlamentarias del 73. Es decir, con un respaldo popular en ascenso, visible destacadamente en los “órganos de poder popular” como los Consejos Comunales, Cordones Industriales, Juntas de Abastecimiento de Precios (JAP), entre otras.
La odiosa lucha de clases
Tres trabajos imprescindibles para aproximarse a la comprensión de lo ocurrido en Chile son “El experimento chileno: ¿reformismo o revolución?” de Alain Labrousse (1973); “El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile” de Ruy Mauro Marini (1974) y “¡Bendita crisis! Socialismo y democracia en el Chile de Allende” de Teothonio dos Santos (2009) –un regalo del autor a Hugo Chávez–. En ellos se puede leer en detalle cada disposición táctica y estratégica de EE.UU. y la derecha nativa, así como las ofensivas, contraofensivas, repliegues y presumibles errores de las fuerzas de izquierdas. La lucha de clases desnuda.
Aunque los contextos históricos son distantes, las similitudes entre el Chile 73 y la Venezuela 2019 abundan. En lo estratégico, ambos procesos se plantearon superar al capitalismo para instaurar de manera pacífica el socialismo, evitando un choque de clases frontal. La historia dirá en el mediano plazo si es eso posible o no. En el caso chileno ya dictó su sentencia.
Más esclarecedoras aún son tres acciones llevadas a cabo minuciosamente por la burguesía, y que en ambos procesos han tenido efectos innegables en el curso de la lucha de clases: 1) El sabotaje a la producción, acaparamiento y mercado negro: destinados a mellar el espíritu de las clases medias, “obligadas” a soportar a hacer colas para acceder a bienes de consumos básicos (peor aún si delante de la cola hay una dueña de casa humilde ahora con poder adquisitivo); 2) Violencia callejera: con el objetivo de polarizar al extremo a la sociedad, de que la derecha pueda sumar lumpen y disputar las calles, aterrorizar a la clase media y pequeña burguesía (que temerosas buscarán superar mediante la “democracia” tales impasses), y, por último, obligar a los sector populares a pasar a la ofensiva o perecer en la indecisión; 3) Subvertir los órganos represivos del Estado: conscientes de que en última instancia pueden dirimir el choque de clases en favor de la burguesía o de los pobres de la ciudad y el campo (cuestión muy evidente en América Latina).
Si bien Allende conquistó el poder Ejecutivo del Estado, el poder Legislativo padeció un breve equilibro entre las clases mientras que el poder Judicial quedó en manos de la burguesía. Y aunque el proletariado y subproletariado chileno tuvo avances de conciencia formidables apuntalando el poder popular en las formas ya mencionadas, el choque inevitable lo definió la burguesía con EE.UU. por la única vía que les fue posible luego de la victoria allendista en las parlamentarias del 73: el golpe de Estado militar.
La Revolución bolivariana controla los poderes del Estado, pero no es inmune a la actual fase de la lucha de clases a que la ha conducido la burguesía nativa y el imperialismo. Sin apoyo popular interno ni de la comunidad internacional (al igual que Chile 73), el imperialismo parece optar por la misma carta: la insurrección militar. El domingo 27 Guaidó anunció la Ley de Amnistía para Militares y Civiles, conminándoles a desertar, traicionar y levantar las armas contra Maduro y el pueblo. ¿Será que en esa puja se juega la Revolución? ¿Será que las milicias populares bolivarianas de que habla el Gobierno (supuestamente 2 millones de mujeres y hombres en arma) componen verdaderamente un cuerpo disciplinado y monolítico dispuesto a dirimir la lucha de clases a su favor?
Marx tenía razón…
En su manifiesto comunista, un joven Carlos Marx sentenció: “La historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de lucha de clases”. Tras dos décadas de vida, la Revolución bolivariana parece confirmar la tesis del alemán.
Cada paso de EE.UU. condensa una fuerte carga de clasismo, nada queda al azar. Arma, desarma y rearma alianzas tácticas clasistas en Venezuela; conduce la crisis a puntos de no retorno; arrastra a las clases fundamentales y antagónicas en el capitalismo a la disputa. Se enfrenta a un poder popular vivo, creativo y decidido; lo sabe. Se juega el todo por el todo por fracturar la unidad al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La Historia tiene la doble cualidad de ser pasado y presente. Carece de libretos. Como dijo Salvador Allende: “la escriben los pueblos”. De allí que urja revisitar cada experiencia popular, para conocer y reflexionar de primera mano cómo triunfaron o cómo y en qué fracasaron “los condenados de la Tierra” en apuestas emancipadoras similares, aunque en tiempos distantes. Hay que rastrear en el ayer las luces para el presente y el porvenir.
