El 7 de mayo de 2023, la provincia de Jujuy, en el extremo noroeste argentino, celebró un sufragio para la elección del nuevo gobernador así como de los convencionales que deberían efectivizar una reforma parcial de la Constitución Provincial. Carlos Alberto Sadir, candidato de la fórmula conservadora liderada por el hasta entonces gobernador Gerardo Morales, ganó con casi el 50% de los votos unas elecciones que se realizaron en lo que hasta ese momento parecía armonía y calma social. El propio gobernador en funciones lideraba dicha lista de convencionales constituyentes.
Con estos resultados, Morales no solo se convertía en la figura central de la Convención Constituyente, sino que además se consolidaba como el principal referente del interior del país, con expectativas de integrar la fórmula presidencial de la coalición conservadora Juntos por el Cambio.
A partir de aquí, dos relatos sorprendentemente irreductibles se enfrentan. Si uno solo presta atención a los medios de comunicación hegemónicos argentinos, aparentemente un grupo de sediciosos comandados por la dirigente social presa Milagro Salas están sembrando la violencia en la provincia, para impedir la puesta en funcionamiento de una nueva Constitución Provincial que amplía derechos.
Lo que aquí compartiremos es otra mirada. La de un ciudadano más de la provincia que, como tantos otros, viene experimentando una veloz erosión del estado de derecho en manos del accionar policial y parapolicial comandados por un Gobierno Provincial desacostumbrado al disenso masivo.
Apenas a un mes de los comicios estalló una revuelta popular que comenzó con un reclamo salarial docente, contagiado, a su vez, de la vecina provincia de Salta. El lunes 5 de junio declararon la huelga (o “paro docente”) los dos gremios mayoritarios del área de educación. El eje del reclamo consistía en una urgente recomposición salarial, dado que la canasta básica para una familia de cuatro miembros cuesta unos 250 mil pesos, mientras que el salario básico docente en la provincia es el más bajo a nivel nacional, apenas de 40 mil.
En simultaneidad con esta medida de fuerza, se hacía público el proyecto de Reforma Constituyente sobre el que debatirían las comisiones redactoras. Este se presentó el jueves 1 de junio, pero solo circuló por medios informales a partir del día siguiente, encendiéndose las primeras alarmas debido a los artículos (especialmente el 27 y el 67) en los que se le daba rango constitucional al Código Contravencional.
Entre otras cosas, el anteproyecto erigía a la libre circulación de las rutas como valor supremo de la paz social, disminuía la capacidad de control legislativo sobre el Poder Judicial, y le otorgaba a este concesiones sospechosas y excesivas para actuar en situaciones de manifestación popular o conflicto social, así como para intervenir canales privados de información y privar de la libertad e incomunicar a ciudadanos.
A estas inquietudes se sumaban otras, sobre todo las manifestadas por los pueblos originarios de la provincia, alertados por el Artículo 68, y conscientes del interés geopolítico que despiertan los recursos naturales –en especial las sales de litio y el agua necesaria para su extracción– localizados dentro de sus territorios ancestrales. Particularmente sensible a esta preocupación resultaba el Artículo 50, titulado en la Constitución vigente con el obsoleto título de “Protección a los aborígenes”, el cual naturalmente requería una urgente actualización acorde a los nuevos criterios de derecho reivindicados por los pueblos originarios.
Transcurridos los primeros días de la huelga docente no hubo por parte del Gobierno Provincial propuestas salariales satisfactorias, ni tampoco se contaba aún con borrador alguno del Artículo 50 en el anteproyecto difundido. En lugar de eso, el Poder Ejecutivo provincial emitió el jueves 8 de junio el Decreto N°8464, que modificaba el Código Contravencional provincial, otorgando facultades extraordinarias a las fuerzas públicas para dispersar a quienes obstaculizaran el tránsito y estableciendo dicho acto como causa suficiente de cesantía laboral en caso de empleados públicos.
El sábado 10 de junio la comisión redactora encargada aceptó la escritura del Artículo 50 en una versión que les acababa de llegar, sin que hubiera sido puesta en discusión con la Convención Constituyente Plurinacional. Las comunidades indígenas decidieron evocar las gestas históricas de lucha por la tierra que fueron los Malones de la Paz (el histórico de 1946, y el más reciente en 2006). El miércoles 14 de junio iniciaron la marcha a pie, llamada el Tercer Malón por la Paz, desde cada una de sus comunidades en las alturas de la puna hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy, con la intención de llegar a tiempo para sumarse a la convocatoria de rechazo a la Constitución que en consonancia con el reclamo docente se preparaba para el viernes 16 de junio.
El descontento de algunos sectores populares iba simultáneamente en aumento. Otros sectores que empezaron a inquietarse fueron los habitantes de barrios populares y asentamientos. Comenzó a gestarse así la consigna que sintetizaría la demanda popular: “arriba los salarios, abajo la reforma”.
El viernes 16 de junio, bajo esa consigna, se realizó en la ciudad de Jujuy la marcha más multitudinaria que se hubiera visto en la provincia en muchos años. Sin embargo, en el Palacio de Gobierno sesionaba la Convención Constituyente, que haciendo oídos sordos del clamor popular aprobaba, en un tiempo récord, la nueva Constitución.
Concluida la marcha, las comunidades indígenas del Tercer Malón decidieron acampar y permanecer en el punto neurálgico de sus históricos reclamos: el cruce de las rutas nacionales N°9 y 52, cerca de la localidad de Purmamarca, en donde se bifurcan los caminos que conectan a la provincia con Bolivia y Chile.
La madrugada del sábado 17 de junio las fuerzas de la Policía avanzaron violentamente sobre el Malón, reprimiendo con balas de goma y gases lacrimógenos sin atender a la presencia de ancianos y niños en el corte de ruta. La represión, en lugar de amedrentar a los manifestantes, azuzó la indignación de numerosas localidades que se enteraron de lo que ocurría a través de las redes sociales. En el transcurso del día se sumaron más personas al corte de ruta, pero, además, la solidaridad, la indignación y el descontento activaron cortes en otras localidades. La represión dejó decenas de heridos de balas de goma, algunos de ellos de gravedad, como el joven Mijael Lamas, que sufrió pérdida ocular.
El Gobernador insistió ante los medios en que la reforma había sido consensuada con las comunidades originarias, contando con un aval de 156 comunidades de toda la provincia. Señaló que, a pesar de ello, visto el descontento popular, retiraría de la nueva Constitución dos de los artículos reformulados, el 50 y el 36, que volverían así a la anticuada redacción original. De la represión del sábado perpetrada por la Policía no hizo mención.
El martes 20 de junio, mientras dentro del Palacio de Gobierno tenía lugar la juramentación de la nueva Constitución, en las calles se realizaba una nueva protesta multitudinaria. Esta marcha culminó con el despliegue de un escandaloso operativo policial, con represión, detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial en casas y vandalizaciones contra las instalaciones públicas –a todas luces perpetradas por personal policial infiltrado–. Habían transcurrido 18 días entre la difusión del primer borrador de la nueva Constitución y su juramentación por la Convención Constituyente.
El viernes 23 de junio, y sin que hubiera habido solución salarial ni política, el apuro del Gobernador por la juramentación de la nueva Constitución cobró sentido: se lanzó oficialmente una de las fórmulas que aspira a disputar las elecciones presidenciales primarias con chances firmes de convertirse en la primera fuerza de la fórmula opositora Juntos por el Cambio.
Desde entonces, el accionar policial y parapolicial no han cesado, sino que han aumentado a escalas a las que la ciudadanía no estaba acostumbrada desde los tiempos de la última dictadura militar: incluyendo, además de las redadas y represiones para liberar la circulación de rutas, operativos de espionaje, allanamientos en viviendas particulares, secuestros sin orden judicial, torturas, agresiones y amenazas a docentes, artistas y activistas que participaron de marchas. La difusión por redes sociales de información falsa y la infiltración de personal policial en las protestas para sembrar el terror tampoco han cesado.
Sin embargo, una vez más, estas amenazas no hicieron sino azuzar el malestar popular. Las comunidades originarias, los sindicatos docentes y otros espacios sindicales agrarios, mineros y estatales, unificados en torno a una nueva versión del lema acuñado, “arriba los derechos, abajo la reforma”, habían formalizado el día martes 27 de junio la creación de la Multisectorial contra la Reforma Constitucional.
La semana entre el 27 y el 30 de junio varios colegios secundarios de la provincia fueron tomados por los estudiantes; el viernes 30 una multitudinaria marcha de docentes de primaria llegó desde los confines de las escuelas rurales hasta la casa de gobierno para reclamar infructuosamente una recomposición salarial, en una movilización que sugerentemente bautizaron el Malón Blanco, evocando de este modo la Carpa Blanca, una medida de protesta docente ante el Congreso de la Nación que en los años 90 adquirió renombre como símbolo de lucha y dignidad de los maestros. Ese mismo día el Municipio de Humahuaca fue ocupado por la movilización popular, que impidió la salida del Concejo Deliberante hasta que no hubieron firmado una declaración de rechazo a la Reforma Constitucional
Al menos dos acciones legales han comenzado a tomar forma para ponerle un freno a la nueva Constitución y a las consecuencias sangrientas de su infructuosa puesta en práctica. Por un lado, la Multisectorial contra la Reforma Constitucional ha elaborado un amparo colectivo, que fue presentado por la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), declarando la nulidad de la nueva Constitución por no haber cumplido con la Consulta Previa, Libre e Informada ante los pueblos originarios, suscripta en la Constitución Nacional.
Pero, una vez más, la reacción del Gobierno Provincial en lugar de apaciguar la tensión social reaccionó con punitivismo vengativo. El lunes 10 de julio, en un programa de gran audiencia del Canal Provincial 7, el Gobernador acusó como responsables de los cortes de rutas, con nombre y apellido, a múltiples sujetos sociales: operadores que desde la Cámara de Turismo habían rechazado las medidas represivas; al personal de una dependencia de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que gestiona un sitio arqueológico de relevancia patrimonial; al intendente opositor de La Quiaca y al de Abra Pampa. Amenazó abiertamente, diciendo “sabemos quiénes son”, e impartiendo penalizaciones, multas y detenciones para esas personas. También amenazó con expropiar las instalaciones que la UBA tiene en Tilcara para el cuidado y estudio del sitio arqueológico.
La ola de repudios y rechazos a comportamientos tan poco democráticos no se hicieron esperar. Organismos universitarios se expidieron rechazando las palabras del Gobernador, advirtiendo sobre la falta de potestad del Ejecutivo provincial para actuar dichas amenazas.
El miércoles 12 de julio fueron detenidos el doctor Nallar y otros 22 vecinos de Humahuaca acusados de “intento de homicidio” por parte de una concejal municipal del gobierno de Morales. Ese mismo día, cuatro policías incurrieron en el Rectorado de la Universidad de Jujuy pretendiendo desactivar una reunión del Consejo Superior Universitario, aunque la inmediata reacción de docentes y alumnos obligó a los uniformados a retirarse.
Si bien el Gobernador se apresuró en emitir desde su partido (la Unión Cívica Radical, que ha hecho de la Reforma Universitaria de 1918 su principal bandera democrática) un comunicado repudiando la violación policial a la autonomía universitaria, el daño ya resultaba inocultable entre las marea de escándalos.
A pesar de la cautela del presidente de la Nación en actuar, el viernes 14 de julio no le quedó más remedio que decretar la intervención del Partido Justicialista de la provincia de Jujuy, cómplice inocultable y necesario de haber aprobado precipitadamente la Reforma Constitucional. Cerca de la misma fecha, el Tercer Malón de la Paz anunció una marcha por todo el país para hacer llegar a Buenos Aires su exigencia de que se intervenga el propio poder Ejecutivo provincial. Hasta el Obispado provincial emitió un comunicado apoyando la inconstitucionalidad de la nueva Carta Magna. Y como si fueran pocos los frentes de conflicto que padece el actual candidato a Vicepresidente, la propia Policía empezó a manifestar su insatisfacción por el apercibimiento recibido debido a su aventura universitaria.
Como se observa, los caminos de resolución de este conflicto parecen, por ahora, inciertos. Lo único innegable es que, a pesar de la fenomenal campaña mediática que protege al Gobernador, la violencia injustificada de las acciones represivas en la provincia difícilmente pasen desapercibidas para la cada vez más contrariada e indignada sociedad civil de la provincia de Jujuy.
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Jorge Luis Cladera Argentino, antropólogo
