La decisión adoptada por el primer ministro japonés, Fumio Kishida, de verter toneladas de agua radiactiva en el Océano Pacífico a partir de este jueves, provenientes de la planta de energía nuclear Fukushima, que resultó contaminada tras el accidente ocasionado por el tsunami y el terremoto de 2011, plantea la posibilidad de ocasionar graves daños al ecosistema marino. Esto no solo impactará en las costas niponas, sino que también podría afectar a otros países que comparten esta cuenca marítima.
Este plan cuenta con la aprobación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde julio pasado. El OIEA ha colaborado estrechamente con el gobierno japonés para asegurar que el proceso de vertido se realice de manera gradual. Se estima que se eliminarán aproximadamente 1,32 millones de toneladas de agua que han sido sometidas a procesamiento, aunque aún contienen radioisótopos.
Los expertos japoneses han informado que se utilizó el Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS) para tratar estas aguas. Este sistema filtra al menos 62 radionucleidos, aunque no es capaz de eliminar el tritio, un isótopo del hidrógeno. El radioecólogo Dr. Georg Steinhauser sostiene que el tritio no representa una amenaza para las personas ni para el medio ambiente y que su liberación gradual es la mejor opción. Sin embargo, el proceso de filtrado no logra eliminar el carbono-14.
El científico considera esta opción como la única viable, ya que la evaporación del agua podría generar nubes radioactivas que se dispersen por el viento, siendo incontrolables. Asimismo, construir tanques de almacenamiento presenta riesgos sísmicos y, en caso de filtración, la dispersión de estos elementos sería imposible de controlar. No obstante, la organización no gubernamental ambientalista Greenpeace argumenta que esta medida es una estrategia distractiva de parte del gobierno japonés y la empresa energética Tokio Electric Power (Tepco), diseñada para desviar la atención de los perjuicios ambientales inherentes a esta decisión.
China, uno de los países afectados por esta acción, convocó al embajador japonés en el país para expresar su oposición a esta medida. Advirtió que si el gobierno japonés continúa con esta iniciativa, podría imponer restricciones a las importaciones alimenticias debido al riesgo para la seguridad de los consumidores. Esta postura podría inspirar a otras naciones a tomar precauciones similares, lo que podría impactar negativamente en el mercado de alimentos japoneses.
Las protestas no se han hecho esperar; activistas ambientalistas se oponen firmemente a la propuesta del gobierno, y también los pescadores artesanales y diversas personas creen que verter agua radiactiva en el mar resultará en un daño permanente e irreparable para Japón.
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Correo del Alba
