El miércoles 9 de agosto, el periodista, activista político y candidato presidencial por el Movimiento Construye de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado de tres disparos en la cabeza después de un mitin en la ciudad de Quito, donde participaba como parte de su campaña electoral.
Villavicencio, de cincuenta y nueve años, estuvo vinculado al sindicalismo en la industria petrolera de su país y ocupó cargos de elección pública, incluido el de asambleísta. Estaba programado que participara en las elecciones convocadas para el 20 de agosto en binomio con Andrea González, candidata a vicepresidenta, bajo la bandera del Movimiento Construye.
La Fiscalía informó que un sospechoso del crimen falleció tras un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad, resultando herido y muriendo durante el traslado en ambulancia. Además, otras seis personas han sido detenidas, presuntamente relacionadas con el asesinato, tras allanamientos en dos barrios capitalinos durante la noche del miércoles. El trágico suceso dejó un saldo de nueve personas heridas.
Ante esta situación, el presidente Guillermo Lasso decretó un estado de excepción a nivel nacional por un período de 60 días. Esta medida fue resultado de una reunión con el Comité de Seguridad del Estado e implica la presencia militar en las calles durante el proceso electoral. «Las Fuerzas Armadas se movilizan desde este momento por todo el territorio nacional, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, del país y la realización de elecciones libres y democráticas», expresó el mandatario.
Esta crisis de inseguridad se encuentra entre las más graves que ha experimentado Ecuador. El país ha enfrentado problemas como el aumento del sicariato, el narcotráfico y la presencia de bandas delictivas y mafias tanto dentro como fuera de las cárceles. El estado de excepción implica la suspensión de ciertas libertades, como el libre tránsito y las reuniones en vías públicas, así como la inviolabilidad domiciliaria. Esta medida, por supuesto, tiene un impacto en el desarrollo de las campañas presidenciales.
Las elecciones de febrero de este año también estuvieron marcadas por tragedias, con el asesinato de dos candidatos a alcaldes: primero, Julio César Farachio de la Alianza Popular en Salinas, y luego Omar Menéndez de la Revolución Ciudadana en la Alcaldía de Puerto López.
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Correo del Alba
