La República Popular China ha lanzado este martes una consulta popular que se extenderá a lo largo de un mes. El objetivo de la encuesta es determinar la opinión de sus ciudadanos acerca del uso de la Inteligencia Artificial (IA) para el reconocimiento facial a nivel nacional. El propósito fundamental de este plebiscito es establecer directrices éticas y razonables para la aplicación de esta tecnología en la sociedad.
Aunque el uso del reconocimiento facial (RF) no es algo nuevo en China, ya que ha sido un requisito de seguridad en dispositivos móviles fabricados en el país durante varios años, su implementación se ha extendido a diversos ámbitos. Se emplea en el transporte público de algunas ciudades para mejorar el flujo, en el sector financiero para prevenir fraudes mediante autenticación biométrica en pagos y otras transacciones, en el comercio electrónico para brindar a los usuarios una experiencia diferenciada, en instituciones educativas para controlar la asistencia de estudiantes, y en puntos de control en aeropuertos, puertos e incluso en sistemas de vigilancia domiciliaria.
No obstante, el uso de esta tecnología ha suscitado controversias en varios países, ya que se le acusa de vulnerar la privacidad y de potencialmente perpetuar la discriminación y la desigualdad socioeconómica. La sobreexposición a la vigilancia también plantea cuestiones sobre la libertad de expresión. Además, la IA, al estar programada y entrenada por parámetros, puede exhibir errores algorítmicos con sesgos y prejuicios, incluso cometiendo falsos positivos en el proceso de reconocimiento.
China ha avanzado de manera notable en el ámbito tecnológico, siendo uno de los países líderes en desarrollo, particularmente en áreas como el 5G. En lo que respecta al reconocimiento facial, el país ha afirmado que se apegará a las regulaciones establecidas por la Administración de Ciberespacio de China (CAC). Se aplicarán normas estrictas de confidencialidad, limitando el almacenamiento de más de diez mil conjuntos de datos de reconocimiento durante un máximo de treinta días, con el fin de proteger la integridad de los individuos, sus derechos y su información. A pesar de las controversias, se argumenta que esta medida contribuirá a mantener el orden social y la seguridad.
La propuesta también establece que la recopilación de datos faciales de menores de edad requerirá el consentimiento de sus padres o tutores. Asimismo, se prohíbe el uso de reconocimiento facial en áreas públicas como baños o habitaciones, y no se podrá forzar a las personas a someterse a este proceso. Aquellos usuarios o proveedores involucrados en la implementación de esta tecnología que violen la ley estarán sujetos a sanciones e investigaciones de responsabilidad.
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Correo del Alba
