Hay decisiones políticas estructurales que no se publican en los titulares de los diarios, sino que se encubren en notas al pie de contratos que ningún parlamentario vota y ningún ciudadano conoce. En esos convenios se está redactando una nueva geografía que favorece a los círculos más altos del poder global. No es metáfora: es lo que ocurre cuando Palantir Technologies gestiona el programa de misiles nucleares del Reino Unido, procesa los datos clínicos de cuarenta millones de pacientes del NHS (National Health Service) de ese país, y abre sus primeras oficinas latinoamericanas en Quito con contratos que el público ecuatoriano jamás podrá auditar. Para entender qué significa esto —y por qué Bolivia debería mirarlo con atención— hay que empezar no por los negocios, sino por las ideas.
La filosofía de los nuevos amos
Detrás de las hojas de cálculo de Silicon Valley existe una cosmología. Se la conoce como la Ilustración Oscura (Dark Enlightenment), término acuñado por el filósofo Nick Land que articula el pensamiento de Curtis Yarvin, Steve Bannon y, gravitatoriamente Peter Thiel, cofundador de PayPal y arquitecto intelectual de Palantir.
Para estas personas la democracia representativa es un fracaso estructural irreversible. La solución no es mejorar las instituciones, sino sustituirlas. El Estado-nación debería funcionar como una corporación privada, con un CEO en lugar de un presidente y accionistas en lugar de ciudadanos. Thiel lo escribió sin eufemismos: ya no cree que la libertad y la democracia sean compatibles. En abril de 2026, Palantir publicó un manifiesto de 22 puntos derivado del libro de su CEO Alex Karp, La república tecnológica, que hizo explícitas las consecuencias prácticas: el software como herramienta de guerra, la IA al servicio de la supremacía occidental, la soberanía de los Estados periféricos como obstáculo a remover. Karp lo resumió sin rodeos: «Nuestra tecnología está aquí para asustar a nuestros enemigos y, en ocasiones, matarlos.»
Esta no es una retórica de campaña. Es la base ideológica sobre la que se construyen contratos con gobiernos y se diseñan sistemas de vigilancia que ninguna ley local puede auditar con eficacia.
Lo que ocurrió en el Reino Unido: el aviso que nadie quiso escuchar
La periodista de investigación Carole Cadwalladr —quien reveló el escándalo Cambridge Analytica y sus vínculos con el Brexit— documentó cómo Palantir penetró las instituciones del Estado británico. Su análisis es un manual de lo que puede ocurrir en cualquier democracia sin anticuerpos institucionales.
Durante la pandemia de 2020, Palantir ofreció sus servicios al NHS por una libra esterlina. El asesor Dominic Cummings facilitó la entrada ignorando los procesos normales de licitación. Una vez que la infraestructura pública se adaptó a la arquitectura de Palantir, el costo de salida se volvió prohibitivo. La base de datos del NHS —un registro ininterrumpido de la salud de toda una población— pasó a ser procesada por una empresa con vínculos con la CIA, el GCHQ (Government Communications Headquarters) —Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, es el servicio de inteligencia de señales y ciberseguridad del Reino Unido— y el ejército israelí, cuyos contratos son secretos y cuyos algoritmos son cajas negras. La captura fue también humana: Palantir reclutó a los jefes de IA del Ministerio de Defensa y del NHS, y contrató al ex jefe de comunicaciones del primer ministro Sunak para dirigir su narrativa pública. El Ejército Suizo, tras un análisis exhaustivo, calificó el software como «sobrevalorado y que ni siquiera es tan bueno». El éxito de Palantir no descansa en su excelencia técnica sino en su maquinaria de influencia política. La analogía de Cadwalladr es precisa: el primer “jale” siempre es gratis.
Honduras: el laboratorio del nuevo orden continental
El Hondurasgate es la radiografía más nítida de cómo opera este sistema en América Latina. En abril de 2026, una filtración de 37 audios —captados en WhatsApp, Signal y Telegram, validados con sellos SHA-256 y publicados en hondurasgate.ch por Diario Red América Latina— reveló una arquitectura de injerencia continental que analistas ya califican como la operación de desestabilización más ambiciosa desde el Plan Cóndor.
El operador central es Juan Orlando Hernández (JOH), ex presidente de Honduras condenado a 45 años de prisión por narcotráfico. Trump lo indultó en diciembre de 2025, semanas antes de las elecciones hondureñas que terminaron con la victoria del Partido Nacional. Los audios revelan que ese indulto fue una transacción: JOH asume el rol de coordinador continental de la agenda MAGA, con la misión de «atacar y extirpar el cáncer de la izquierda» del continente. Menciona que Netanyahu tuvo «todo que ver» en su liberación y que Roger Stone fue el operador logístico. En las grabaciones, JOH solicita 150 mil dólares para financiar una «unidad de periodismo digital» orientada a desestabilizar a Sheinbaum en México y Petro en Colombia. El portal hondurasgate.ch registró 39 mil 618 intentos de intrusión cibernética en un solo día, geolocalizados principalmente en Estados Unidos e Israel.
David Adler, economista político y coordinador general de la Internacional Progresista —la red fundada con la participación de Bernie Sanders y Yanis Varoufakis para articular respuestas progresistas a escala global—, lo sintetiza: estamos ante una red transnacional que combina capital de Silicon Valley, aparatos de inteligencia y operadores políticos de ultraderecha, con una coordinación que supera la capacidad de respuesta de los ministerios de justicia locales. No es el viejo imperialismo de las cañoneras. Es el colonialismo del algoritmo y el audio filtrado.
La conexión con Thiel no es periférica. En Honduras, Thiel impulsó las ZEDE —Zonas de Empleo y Desarrollo Económico—, enclaves gobernados por juntas privadas fuera del alcance estatal: la implementación territorial de la utopía neorreaccionaria. Cuando Xiomara Castro las derogó en 2022, eso fue el detonante del plan de venganza que hoy se ejecuta a escala continental.
Bolivia: el cinturón que se cierra
Bolivia tiene la tentación de verse como un observador lejano. No lo es. El analista Andrés Escobar lo documenta en El País Bolivia (3 de junio de 2026): entre abril y mayo de 2026, Thiel recorrió seis países en cinco semanas, reunió a los presidentes de Argentina, Chile y Paraguay, y compró 22 millones de dólares en bienes raíces en Buenos Aires y Uruguay. Bolivia no aparece en ese itinerario, pero lo que le interesa a Thiel ya está siendo negociado por otros. El 28 de abril, Caleb Orr —subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales (EEB) de Estados Unidos— y el ministro boliviano de Minería firmaron en La Paz un memorando sobre minerales críticos, incluyendo el litio. El Salar de Uyuni concentra las mayores reservas del planeta de ese mineral, insumo indispensable para la IA industrial. Los acuíferos del altiplano proveen el agua que los centros de datos consumen a razón de millones de litros diarios para enfriar servidores. Lo que desde la colonia fue la plata de Potosí, y en el siglo XX el gas natural, es en el XXI la suma de datos, litio, agua y energía. La diferencia es que los datos no se agotan: se acumulan, se procesan, se venden. Y la soberanía que se cede en cada decreto no se recupera con ninguna nacionalización.
La infraestructura que cualquier plataforma tipo Palantir necesitaría ya se está construyendo sin que la ciudadanía la perciba. Sin considerar que se trata de decisiones que deben socializarse y consultarse, puesto que sus consecuencias afectarán a toda la población, al ser el Internet un servicio público y los datos y privacidad de la ciudadanía un recurso que debe ser protegido. La Ciudadanía Digital —proyectada a dos millones de usuarios para diciembre de 2026, presentada como «Google, pero para el Estado»— centraliza la interacción ciudadana en una sola plataforma. El Cengob (Centro de Gobierno) es una nueva herramienta digital y de gestión que el gobierno de Bolivia lanzó en enero de 2026 (mediante DS 5500) para modernizar la administración pública. Su objetivo principal es eliminar la burocracia (definida por el presidente Rodrigo Paz como el «Estado tranca»). Tiene la finalidad de permitir monitorear cada instancia gubernamental en tiempo real. Starlink opera desde febrero en alianza con Entel. Argentina tardó dos años entre instalar ese andamiaje y lanzar su «Gemelo Digital Social», un sistema de cruce masivo de datos cuya empresa ejecutora el gobierno de Milei no reveló. Bolivia está en ese plazo.
Mientras tanto, cuatro proyectos de ley de regulación de inteligencia artificial duermen archivados en la Asamblea (PL-288, PL-310, PL-558 y PL-CS-178), detallados con precisión por Andrés Escobar en su columna «El manifiesto avanza: el continente como laboratorio«. Contienen la visión técnica más precisa que ningún país sudamericano haya producido sobre los riesgos de la vigilancia algorítmica. Que duerman en comisión es una elección política que todavía puede revertirse.
Lo que puede la ciudadanía
Bolivia aún tiene lo que Argentina en 2024 o Ecuador en 2025 ya no tenían: tiempo y legislación pendiente. La ciudadanía puede exigir que la Asamblea debata los proyectos de IA con urgencia proporcional al proceso que pretende regular. Que los contratos con empresas tecnológicas transnacionales sean entendidos como de dominio público, al ser así, deben hacersepúblicos y auditables antes de firmarse; que el memorando sobre litio con Washington pase por la Asamblea, como corresponde a cualquier acuerdo que comprometa recursos estratégicos del Estado. Hay que recordar que fue la movilización social la que frenó el contrato de Paz Zamora con Lithco; fueron las guerras del agua y el gas las que reescribieron la política boliviana a principios del siglo XXI. Ese conocimiento colectivo del territorio necesita complementarse hoy con el conocimiento de la capa invisible: datos, contratos, servidores y algoritmos que procesan la vida de los ciudadanos antes de que los ciudadanos los conozcan.
Thiel puede no venir a Bolivia. Pero cuando llegue por el litio, el agua y la energía que le interesan, será bueno recibirlo con un código aprobado que pueda oponerle condiciones soberanas. El Hondurasgate no es un escándalo hondureño. Es la primera radiografía pública de un sistema que ya funciona a escala continental. Ignorarlo porque ocurre lejos es el lujo que Bolivia no puede permitirse.
__________________________
Carlos Bonadona Vargas Boliviano, Magister en Energías renovables y medio ambiente
