El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, recurrió a otro estado de excepción en el intento por frenar la inseguridad. En total suman 16 en su mandato que inició el 24 de mayo de 2021. Al igual que los anteriores, se da por el incremento de los índices de criminalidad, delincuencia organizada y violencia.
Tras cuatro días de enfrentamientos, la pasada semana, el Gobierno decretó un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en todas las cárceles del país. La medida estará vigente por 60 días. La información sobre lo que sucede tras las paredes del penal es escasa. Pero, según la Fiscalía, en su última actualización se confirman 31 reos muertos y 14 heridos, entre ellos, un policía.
Ecuador se desangra cotidianamente como expresión de la injusticia social, el imperio de la inseguridad y violencia, generado por un régimen que está ya de salida, en medio período de inacción y carencia de gestión, penetrado por el neoliberalismo autoritario y concentración de la riqueza en castas corporativas articuladas a la banca, y otras actividades de dudosa procedencia, que lo han convertido en una especie de paraíso fiscal para el fácil ingreso de capitales que son blanqueados por el sistema financiero, en actividades inmobiliarias y que posteriormente salen sin ninguna restricción legal o control de la institucionalidad del sistema bancario y financiero, porque se han hecho reformas que entraron en vigencia por el ministerio de la ley, antes de que se decrete la «muerte cruzada», la que ha ahondado la crisis del sistema penitenciario y nuevamente emerge la masacre de 31 personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario más grande del Ecuador, como es la Penitenciaría del Litoral, 13 centros penitenciarios se amotinaron con la retención de cerca de un centenar de guías penitenciarios, que al parecer han sido liberados.
Es dantesco y demencial que hayan personas desmembradas, descuartizadas e incineradas como un constructor perverso y objetivo estratégico construido por tanques y mentores de pensamiento de este régimen que desnuda el control de algunas ciudades por estas bandas narco-delincuenciales armadas, que poseen, además, fusiles de asalto especiales, pistolas, lanzagranadas, similarmente la dotación de tecnología de punta o última generación en la que se incluyen drones y telefonía satelital, miles de dólares, sumado el libre albedrío de estas bandas narco-delincuenciales, que mantuvieron un motín de personas privadas de libertad, durante 72 horas, y que evidencian de cómo el otrora país sudamericano considerado como el segundo más seguro de Latinoamérica hoy está convertido en uno de los más violentos del mundo.
Caracterizado, además, por la desinstitucionalización del país, concomitante la presencia de negocios cerrados y quebrados por la violencia e inseguridad. Salir a la calle se ha tornado en una gran amenaza, ya que el miedo paraliza y ese es otro de los objetivos estratégicos del régimen, vigilar y castigar.
Ya la pandemia y postpandemia se encargaron de roturar la crisis de la economía de las familias ecuatorianas. Más de cinco millones de ecuatorianos sobreviven con tres dólares diarios, cuyo significado se traduce en un serio impacto a los derechos constitucionales del Buen Vivir, que han desaparecido de la política pública; de igual manera la justicia social, que dio paso a la caída abrupta del empleo, drásticamente cayó la inversión en seguridad, salud, educación y se fue al traste todo tipo de infraestructura física, humana y social.
La inseguridad, el miedo que paraliza, se ha encargado de generar un ambiente de zozobra, de miedo, de hartazgo, de impotencia, en donde el Estado ha perdido el uso del monopolio de la fuerza.
El Estado de excepción permite apagar la injusticia con represión, con el uso de armamento letal.
Vivir en condiciones de pobreza es hacerlo en condiciones de inseguridad, social, económica, cultural.
La seguridad es integral, no puede convertirse en un paliativo, sino en política pública. Cada 17 horas se comete femicidio y asesinato violento a la mujer.
Al parecer este es un objetivo político muy estratégico del régimen de presidente Guillermo Lasso, que ha trasladado la inseguridad y violencia al control narco-delictivo, es decir, impera la nefasta arena de los delitos, con un pueblo anestesiado por el miedo, frente a una fuerza pública, muy preparada para criminalizar y reprimir la protesta social, pero permeada por vestigios de corrupción.
Empero, miles de ecuatorianos/as salen del país, poniendo en riesgo su vida al cruzar por la peligrosa selva del Darién, la que es controlada por traficantes de seres humanos que han implementado diferentes modalidades de extorsión y trata; muchos terminan en manos de los agentes de migración colombiana o panameña, o mueren atrapados por los peligros permanentes y existentes en la selva húmeda tropical, que ha cobrado miles de vidas por conseguir el ansiado sueño de la manzana de la libertad que termina estrellado en manos de agentes de migración, los que consideran como fetiches a los/as migrantes para extraer dinero. Entonces, se va al traste el principio de que la migración es un derecho humano universal, pero que es terriblemente criminalizada por el gobierno federal norteamericano.
Una nueva masacre penitenciaria evidencia cómo las bandas de delincuencia organizada han desmembrado y descuartizado a 31 personas privadas de la libertad.
El miedo, la zozobra, temor, ha atrapado a ciudades como Esmeraldas y Guayaquil, amenazado a periodistas de investigación que han removido y tocado las estructuras del poder massmediático. En Ecuador la inseguridad es un objetivo político del régimen de Lasso, pero se le fue de las manos.
Es voz populi la salida de grandes montos de dinero del Ecuador, sin control de las instituciones públicas de control financiero y de seguridad.
ONU Seguridad, en sendos informes, concluye que el narcotráfico está incrustado en la institucionalidad del Ecuador. El actual Embajador norteamericano denunció que existían narco-generales en Policía y la Fuerzas Armadas, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha hecho nada respecto a la denuncia, se retiró la visa a mencionados generales y toda raya en la más absoluta ignominia e impunidad.
En contexto de la arena política de campaña electoral debemos manifestar que seis candidatos tienen matriz del régimen de Carondelet, porque en campaña no han manifestado ni mencionado ninguna crítica respecto al desmadre de violencia e inseguridad del régimen de presidente saliente Lasso, que carece de estrategias.
Es preocupante, y al parecer preparan un escenario de mucha violencia para el 20 de agosto, a fin de que la ciudadanía no se acerque a sufragar, a votar, con la utilización de estas bandas narco-delictivas.
Es fundamental puntualizar que los ataques al binomio de la Revolución ciudadana afloran un demencial odio político. Este régimen es de bribones y neofascistas que diseminan la política del odio, del riesgo, la amenaza, el insulto mordaz y la calumnia, que expresa más pobreza, más violencia y no cesa la recurrente y abrupta salida del país de ecuatorianos/as. El neoliberalismo manifiesta que ya somos uno de los países más peligrosos del mundo.
El objetivo del régimen de neoliberalismo autárquico y autoritario es la inseguridad, la generación de sociedades de violencia, y lo ha conseguido. Son infructuosos y carentes de eficiencia, eficacia y efectividad los decretos de estado de excepción, que se han convertido en un distractor para la ciudadanía desprotegida por la inacción del régimen.
Estados Unidos ha instruido a sus conciudadanos que se abstengan de viajar a ciudades ecuatorianas como Guayaquil, Arenillas, Huaquillas, Quinsaloma, Quevedo, Esmeraldas y todas las ciudades situadas al sur de la provincia. Es lamentable que los motines carcelarios aún no han terminado.
Ecuador evidencia un Estado ausente, que permite el imperio de un objetivo político permeado por las bandas de delincuencia organizada y las estructuras de carteles del narcotráfico.
Indigna y duele decir que el Ecuador se ha convertido en un paraíso para las estructuras del narcotráfico y sus diferentes carteles.
El objetivo del régimen es fomentar la inseguridad, para que el narcotráfico se reproduzca en un terreno fértil.
«Dato mata relato» expresa un refrán muy popular. Hoy existen 35 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y se presume que finalizará el año 2023 con 38.
La desmemoria y las puntas de lanza de subversión política e ideológica del imperialismo norteamericano, como son los medios de comunicación corporativos, han empezado a difundir y proclamar a los cuatro puntos cardinales que la salida de la Base Norteamericana de Manta ha provocado inseguridad y violencia, aumento de la criminalidad, lo cual es completamente absurdo y sin la argumentación y sustento. Por ello traemos la data. Durante la presencia de la mencionada base hubo 19 muertes violentas por cada 100 mil habitantes; con su salida, al no renovarse el convenio y en la década de la Revolución ciudadana, se redujo a cinco muertes violentas, las que se han incrementado durante más de seis años en los regímenes de expresidente Moreno y presidente saliente Lasso respectivamente.
Por lo tanto, está evidenciando con la data antes mencionada que este régimen (de Lasso) profundizó la inseguridad y violencia.
Dos mil millones de dólares circulan anualmente en el capital subterráneo de los Estados Unidos, que no controla absolutamente nada.
En donde más bases militares norteamericanas existen, el narcotráfico es boyante, Colombia con siete bases militares.
Estados Unidos no controla sus fronteras, pero sí lo hace con los migrantes, que terminan criminalizados.
Es importante manifestar que a la niñez hay que formarla en la cultura y educación de la paz, de la convivencia con solidaridad, del respeto a los Derechos Humanos, y eso solo lo puede lograr un gobierno que tenga claras políticas públicas de paz, centradas y enfocadas en seres humanos.
A propósito, destacamos un breve contexto de Esmeraldas, que vivió actos de terrorismo. El 25 de julio las familias permanecieron guardadas en las casas, en medio de un enrarecido y tóxico aire nauseabundo de combustibles y de vehículos incendiados, la ciudad está atrapada por el crimen organizado, que es el resultado de no tener un Estado, que está ausente, y un presidente que nunca dio la talla para gobernar para el pueblo, pero sí para las estructuras narco-delictivas, por cierto, ya está de salida.
Es preocupante cómo la delincuencia y bandas narco-delictivas cooptan a la niñez y adolescencia en el sistema educativo.
De conformidad a testimonios y fuente de primera mano manifiestan que el comercio informal sostiene la economía de Esmeraldas, pero los locales comerciales cerraron sus actividades, porque sintieron el peligro permanente, que evidencia a una ciudad y provincia sitiada, atrapada por la violencia e inseguridad.
El centro de la capital provincial paralizó sus actividades, mientras vehículos con vándalos armados reproducían las películas de acción hollywoodense.
Esmeraldas también está azotada por la naturaleza, y todas las causalidades estructurales del neoliberalismo autoritario, con xenofobia, discriminación y racismo.
El mapa de inseguridad se ha agravado después de la pandemia y postpandemia, la situación socioeconómica de Esmeraldas se ha vuelto insostenible, misma que se materializó con la masacre en el puerto de pescadores artesanales.
Las noches y madrugadas desnudan la injusticia social y el control de las bandas delincuenciales. En los establecimientos educativos y los barrios hacinados, olvidados, se recluta a nuevos/as integrantes de las bandas delincuenciales. Se está conculcando el derecho a una vida digna, a la paz, a la seguridad, al derecho de vivir en paz.
Nadie en lo absoluto está garantizando la seguridad. El Estado, que tiene constitucionalmente el monopolio de la fuerza, hace caso omiso y hunde cada vez más a la ciudad capital en una crisis humanitaria, la violencia se ha instalado fundamentalmente en las ciudades de la costa.
El crimen organizado se ha tomado Esmeraldas y reproduce escenarios de otros países de la región latinoamericana.
El Río Tiaone se desbordó y desnudó la injusticia social. El Estado ha abandonado a Esmeraldas y la ha rotulado con una tremenda carga de misoginia, xenofobia.
El régimen saliente no va a dar jamás pasos en falso, que desestabilicen sus intereses corporativos.
Ergo, jamás se negocia con bandas narco-delictivas, porque evidencian a un régimen atrapado por esas estructuras que van rumbo a un objetivo estratégico netamente económico, concentrar riqueza lavada o blanqueada, proveniente del narcotráfico con continuidad de las masacres carcelarias.
Por lo tanto, es urgente recuperar la democracia, para construir justicia social con políticas públicas.
Ya lo dijo un expresidente de la República del Ecuador: «en la demora está el peligro».
________________________________________________________
Luis Ernesto Guerra Ecuatoriano, analista político y activista de Derechos Humanos
Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilas del autor/a
