Tras el golpe, los pueblos originarios se organizan para tomar el poder en el Perú

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Un sector importante de la ciudadana logró entender el fin del modelo liberal tras la caída del expresidente Pedro Castillo y la abierta traición de la actual dictadora Dina Boluarte, ahora en brazos de un grupo de políticos con deficiente ética y moral, que a costa de mantener su lotería presidencial permitió incendiar el Perú. Los muertos por la convulsión social que rechazaban su ascenso se sumaron con cada semana, según fuentes oficiales de la Defensoría del Pueblo: “Esto ha generado una profunda crisis social –teniendo su cúspide de violencia entre diciembre de 2022 y febrero de 2023– con constantes enfrentamientos entre la ciudadanía y las fuerzas del orden, que tuvo como saldo 66 muertes y miles de heridos en diferentes zonas del país”.

Se desprenden varios elementos para entender la reacción popular: la caída de un presidente electo por el voto nacional; los vicios, errores y cinismo del Parlamento tomado por los partidos de derecha para realizar una vacancia exprés sin contar con los votos necesarios; la llegada del poder de los grupos políticos que perdieron las elecciones; el abierto racismo contra la ciudadanía; el deseo del pueblo por no mantener el Gobierno (a pesar que no lo detentaban) y la solidaridad con un maestro rural que de una u otra manera reflejaba la penosa situación de millones de aymaras y quechuasM la agenda de nueva Constitución como punto principal de solución a la crisis social, pero fundamentalmente fue la reacción de los pueblos originarios por la clara conquista del Estado peruano, fueron estos quienes pusieron en sus pedidos la toma del poder político y la toma del Estado para instalar en la agenda nacional sus problemas y darle solución inmediata.

El Perú está apreciando  cómo los grupos empresariales y la dictadura de Dina Boluarte en comparsa con el Congreso detentan el poder a costa de sangre y fuego y no darán paso atrás, señalan como narcotraficantes y terroristas a quienes protestan en las calles en defensa de la vida. Las masacres han hecho un parteaguas en la sociedad peruana, visibilizando el desprecio por la vida, el nulo respeto a los Derechos Humanos fundamentes, la burla a los fallecidos y la falta de empatía, todos vicios presentes en la sociedad, microfascismo introducido en la cultura nacional.

La búsqueda de justicia de los familiares asesinados es invalidada, no se ha logrado ninguna investigación por las fiscalías encargadas de los casos. La fiscal de la nación, Patricia Benavides, se habría encargado personalmente de evitar que estos casos avancen y se logre dar con los violadores de los Derechos Humanos, hoy calificadas de ejecuciones extrajudiciales según varios organismos internacionales.

Los sectores populares han sufrido un duro golpe en el seno de su causa: salvar la democracia y disputar el poder del Estado. Han perdido dirigentes notables, han fallecido inocentes, niños alcanzados por disparos de policías y militares.

La clase trabajadora ha logrado posicionar una idea: la disputa del poder. Esta vez no eran los partidos tradicionales de la izquierda comandando la lucha, sino los pueblos originarios tomando la capital, nuevos agentes sociales haciendo política en Lima, una ciudad lejana y para muchos era su primera visita en la capital, para otros la segunda –ya habían estado ahí para cuidar los votos de la segunda vuelta electoral–. La gente olvida eso, que miles de peruanos viajaron a Lima para asegurar la victoria de Pedro Castillo y defender la democracia.

En el derrotero de este texto quiero ampliar la visión, porque luego de toda esta pena y desgracia debe primar el optimismo y hay que plantear que tras este oscuro episodio en la historia del Perú se tendrá que consolidar un paso popular y democrático. La dictadura viene perdiendo a los aliados que le permitieron perpetrar las masacres, la complicidad de los medios de comunicación cesa paulatinamente: semana a semana viene siendo «denunciada» por casos de corrupción. Los organismos internacionales tienen acorralada a la dictadura y todo parece indicar que pagará prisión –como los dictadores con las manos manchadas de sangre–. Caerá Boluarte, aunque los neofascistas que le facilitaron hacer estas locuras seguirán ahí. El horizonte lejano debe ser optimista, buscar la justicia es lo primordial, que los carniceros paguen su condena.

Boluarte caerá, los grupos de poder en el Perú no van respaldar esta aventura política, pero seguirán detentado el poder. Las masas populares han convocado al Gran Paro Nacional el 19 de julio de 2023, en conmemoración al que logró derrocar al dictador Morales Bermúdez.

La Coordinadora de Mujeres Campesinas llamó a la movilización, la Cumbre de los Pueblos también, pero esta invitación no solo es parael derrocamiento de Boluarte, tienen claros sus objetivos políticos: la lucha es por justicia y por la representación política. Los pueblos originarios se sentían representados por el expresidente Castillo, a pesar de no corresponder este con las reformas populares solicitadas; los pueblos sentían que tenían al menos a uno de ellos en el sillón presidencial, donde nunca habían llegado.

Los pueblos saben que organizados pueden conquistar el Palacio de Gobierno, a diferencia del pueblo políticamente constituido de los 70 y 80, donde la supremacía de la izquierda era generalizada en el país, pero había una nación con bajos índices económicos, un Estado pequeño, una ciudadanía con poco acceso a la compra y venta, un mercado poco desarrollado y por tanto una clase trabajadora centralizada en las ciudades. La sierra lejana se caracterizaba por no tener desarrollo, carecer de los servicios básicos y acceso a estudios superiores; esas mismas localidades hoy han logrado cambiar su realidad sin la presencia del Estado, consiguieron construir riqueza como pequeños propietarios, otros por el desarrollo de la agricultura, el comercio, mientras que los más aventureros supieron dominar la minería artesanal.

Estamos hablando de pueblos originarios con poder adquisitivo y de organización, acostumbrados a su sociedad comunal. Toda esa fuerza popular se ha volcado por la democracia, el sentimiento de unidad recorrió los corazones aymaras y quechuas a lo largo del Perú. Muchos han puesto a disposición de la causa popular sus empresas de transporte, sus herramientas de trabajo, sus casas y hoteles para alojar a manifestantes, otros han ejercido de abogados. Estamos ante un pueblo que ha desarrollado sus propios vínculos político culturales, es la clase trabajadora identificada a través de sus etnias.

El estallido social debe dar paso así a la consolidación de las estructuras del Estado, las instituciones burguesas en el Perú son endebles y por la salud de la democracia deben ser reformarlas o construirse otras, su limpieza es importante, los agentes de la “mafia montesinista” (Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial del dictador Alberto Fujimori) siguen activos en un Estado que si bien no responde a Vladimiro piensa como él: viendo como enemigos a los ciudadanos y aplicando, por costumbre, el macartismo.

Si esta movilización popular no se traduce en la consolidación de un movimiento político volverán a ganar los fascistas. Dar el salto político es trascendental, pues solo con un instrumento social y político que logre encausar los pedidos populares se consolidará la victoria del movimiento social; no tiene que detentar el poder una sola figura, debe ser una amplia mesa de concertación que posibilite identificarnos con nuestras diferencias, pero además con nuestras coincidencias.

Finalmente, plantear la Nueva Asamblea Constituyente permitirá cerrar las grandes heridas que tiene el país. El artículo económico es importante y debe ser debatido, la posesión de recursos naturales será un punto central, el reconocimiento de los derechos políticos de las comunidades originarias y su inclusión en el poder lo mismo; habrá que implementar mecanismos políticos para que la ciudadanía intervenga en la toma de decisiones del gobierno de turno; urgen las reformas de la Policía y los militares, como la limpieza del Poder Judicial y la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación, a objeto de hallar justicia y que estos horrendos eventos no se repitan.

Aquellos son trabajos que el pueblo peruano deberá encaminar con valentía. La derecha no toleró que un maestro rural que ni siquiera tenía como horizonte el socialismo fuese presidente. Por eso, para evitar otro golpismo racista debemos organizarnos e implementar las grandes reformas que necesita el país.

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Alex Zapana Huaquisto Peruano, comunicador social

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