El 7 de mayo de 2023, la provincia de Jujuy, en el extremo noroeste argentino, celebró un sufragio para la elección del nuevo gobernador así como de los convencionales que deberían efectivizar una reforma parcial de la constitución provincial. Carlos Alberto Sadir, candidato de la fórmula conservadora liderada por el hasta entonces gobernador Gerardo Morales, ganó con casi el 50% de los votos unas elecciones que se realizaron en lo que hasta ese momento parecía armonía y calma social. El propio gobernador en funciones lideraba dicha lista de convencionales constituyentes. Muy por debajo de estos guarismos quedó en las elecciones la fórmula escolta de Rubén Rivarola del Frente Justicialista, que obtuvo poco más del 22%.
Con estos resultados, Gerardo Morales no sólo se convertía en la figura central de la Convención Constituyente, sino que además se consolidaba como el principal referente del interior del país con expectativas de integrar la fórmula presidencial de la coalición conservadora Juntos por el Cambio, que aspira a recuperar en las elecciones de este año el sillón de Rivadavia que detentó entre 2016 y 2020 y que perdió estrepitosamente frente a la fórmula justicialista de la ex presidenta (hoy vice) Cristina Fernández de Kirchner.
A partir de aquí, dos relatos sorprendentemente irreductibles se enfrentan. Si uno sólo presta atención a los medios de comunicación hegemónicos argentinos, aparentemente un grupo de sediciosos comandados por la dirigente social presa Milagro Salas y/o enviados por el binomio presidencial del Estado Nacional, están sembrando la violencia en la provincia, ya sea por envidia, temor o por pura irracionalidad, para impedir la efectiva puesta en funcionamiento de una nueva Constitución Provincial que amplía derechos.
Lo que aquí compartiremos es otra mirada. La mirada de un ciudadano más de la provincia, que como tantos otros, viene experimentando una veloz erosión del estado de derecho en manos del accionar policial y parapolicial comandados por un gobierno provincial desacostumbrado al disenso masivo.
Apenas a un mes de transcurridos los comicios provinciales, estalló una revuelta popular que comenzó en un reclamo salarial docente, contagiado, a su vez, de la vecina provincia de Salta. El lunes 5 de junio declararon la huelga (o “paro” docente) los dos gremios mayoritarios del área de educación: el de las maestras y maestros de nivel inicial y primario (ADEP), y el de las profesoras/es de secundaria y superior (Cedems). El eje del reclamo consistía en una urgente recomposición salarial, dado que la canasta básica para una familia de cuatro miembros cuesta unos 250 mil pesos, mientras que el salario básico docente en la provincia es el más bajo a nivel nacional, apenas de 40 mil pesos argentinos. La denuncia del sector docente impactaba de lleno con el relato electoral del gobernador provincial, sostenido en la educación como uno de los pilares de su gestión.
En simultaneidad con esta medida de fuerza, se hacía público el proyecto de Reforma Constituyente sobre el que debatirían las comisiones redactoras. El proyecto, que se presentó el jueves 1 de junio pero que sólo circuló por medios informales a partir del viernes 2 de junio, comenzó inmediatamente a encender las primeras alarmas, debido a los múltiples Artículos (especialmente el 27 y el 67) en los que se le daba rango constitucional al Código Contravencional. Entre otras cosas, el anteproyecto erigía a la libre circulación de las rutas como valor supremo de la paz social, disminuía la capacidad de control legislativo sobre el poder judicial, y le otorgaba a éste concesiones sospechosas y excesivas para actuar en situaciones de manifestación popular o conflicto social, así como para intervenir canales privados de información y privar de la libertad e incomunicar a ciudadanos. A estas inquietudes se sumaban otras, muy especialmente aquellas manifestadas por los pueblos originarios de la provincia, alertados por el Artículo 68, y conscientes del interés geopolítico que despiertan los recursos naturales – sobre todo las sales de litio y el agua necesaria para su extracción – localizados dentro de sus territorios ancestrales. Particularmente sensible a esta preocupación resultaba además el Artículo 50, titulado en la Constitución vigente hasta ese momento con el obsoleto título de “Protección a los Aborígenes”, el cual naturalmente requería una urgente actualización acorde a los nuevos criterios de derecho reivindicados por los pueblos originarios. Con motivo de esta preocupación, el previo miércoles 31 de mayo, la asamblea de dirigentes y referentes indígenas de toda la provincia había acordado crear la Convención Constituyente Plurinacional, que velaría por los intereses de este sector social en el debate parlamentario.
Sin embargo, transcurridos los primeros días de la huelga docente, no hubo por parte del gobierno provincial propuestas salariales satisfactorias, ni tampoco se contaba aún con borrador alguno del Artículo 50 en el anteproyecto difundido. En lugar de eso, el Poder Ejecutivo provincial emitió el jueves 8 de junio el Decreto N°8464 que modificaba el Código Contravencional provincial, otorgando facultades extraordinarias a las fuerzas públicas para dispersar a quienes obstaculizaran el tránsito, y estableciendo dicho acto contravencional como causa suficiente de cesantía laboral en caso de empleados públicos.
El sábado 10 de junio, la Comisión redactora encargada aceptó la redacción del Artículo 50 en una versión que les acababa de llegar, sin que hubiera sido puesta en discusión con la Convención Constituyente Plurinacional. Las comunidades indígenas decidieron entonces evocar las gestas históricas de lucha por la tierra que fueron los Malones de la Paz (el histórico, de 1946, y el más reciente, en 2006). El miércoles 14 de junio iniciaron así la marcha a pie llamada el Tercer Malón por la Paz, desde cada una de sus comunidades en las alturas de la puna hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy, con la intención de llegar a tiempo para sumar a la marcha de rechazo a la Constitución que en consonancia con el reclamo docente se preparaba para el viernes 16 de junio.
El descontento de otros sectores populares iba simultáneamente en aumento, a medida que la difusión del proyecto de reforma constitucional expandía el número de derechos que se veían amenazados. Otros sectores que empezaron a inquietarse fueron los habitantes de barrios populares y asentamientos. Estos barrios se gestaron con la expectativa de quienes los ocupaban de poder regularizar su situación dominial por medio de procedimientos legales detallados en el artículo 74 de la antigua constitución, pero estos procedimientos fueron eliminados en la versión constitucional en debate. Asimismo, sobre los hombros de la demanda docente, crecieron también los reclamos de otros sectores sindicales que en el transcurso de los años previos habían ido experimentando, uno a uno y sin capacidad orgánica de movilización masiva, la vulneración de sus derechos laborales, tales como los mineros de Mina el Aguilar y Mina Pirquitas, empleados municipales, empleados de la Salud, personal del Ingenio Azucarero La Esperanza, transportistas y conductores, horticultores y arrenderos en Finca El Pongo y en Fraile Pintado. Comenzó a gestarse así la consigna que sintetizaría la demanda popular: “Arriba los salarios, abajo la reforma”.
Fue así que el viernes 16 de junio, bajo esta consigna, se realizó en la ciudad de Jujuy la marcha más multitudinaria que se hubiera visto en la provincia en muchos años. Sin embargo, en el palacio de gobierno sesionaba la Convención Constituyente, que haciendo oídos sordos del clamor popular, aprobaba ese mismo día, y en un tiempo récord, la nueva Constitución.
Concluida la marcha, las comunidades indígenas del Tercer Malón decidieron acampar y permanecer en el punto neurálgico de sus históricos reclamos: el cruce de las rutas nacionales N°9 y 52, cerca de la localidad de Purmamarca, en donde se bifurcan los caminos que conectan a la provincia con Bolivia y con Chile.
Sin embargo, la madrugada del sábado 17 de junio, las fuerzas de la policía provincial avanzaron sobre el Malón, instando a la violencia y reprimiendo con balas de goma y gases lacrimógenos. El Malón se vio así forzado a replegarse hacia el norte. La represión del corte de ruta, en lugar de amedrentar a los manifestantes, azuzó la indignación de todo el resto del pueblo. En el transcurso del día se sumaron muchas más personas al corte de ruta, pero además, la solidaridad, la indignación y el descontento activaron cortes de ruta en muchas otras localidades: en La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Perico, Fraile Pintado, Libertador San Martín, Caimancito, Cauchari, Coranzulí, Rinconadillas. Sin embargo, la represión policial continuó durante el resto del día, cargando tres veces más contra los manifestantes con una saña inusitada, y ejerciendo la detención arbitraria de docenas de manifestantes – incluyendo varios menores de edad – que desaparecieron durante horas, hasta que fueron liberados de la penitenciaría de Alto Comedero en la noche del domingo 18. Además del inicio de causas penales a las/os detenidas/os, el saldo de la jornada se contó en docenas de heridos de balas de goma, algunos de ellos de gravedad, como el joven Mijael Lamas, que sufrió pérdida ocular por un impacto de bala deliberado.
A pesar de que los dos días siguientes no eran laborables debido al Feriado Nacional por el día de la Bandera, el gobernador Gerardo Morales se vio obligado a emitir una conferencia de prensa el lunes 19 de junio, anticipándose a la jura de la nueva constitución al día siguiente. El gobernador insistió ante los medios en que la reforma había sido consensuada con las comunidades originarias, contando con un aval de 156 comunidades de toda la provincia. Señaló que, a pesar de ello, visto el descontento popular, retiraría de la nueva constitución dos de los artículos reformulados, el 50 y el 36, que volverían así a la anticuada redacción constitucional original. De la represión del sábado perpetrada por la policía provincial, no hizo mención.
El martes 20 de junio, mientras dentro del palacio de gobierno tenía lugar la jura de la nueva constitución, en las calles se realizaba una nueva marcha de protesta multitudinaria. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido el viernes, esta marcha culminó con el despliegue de un inusitado operativo policial, que llevó no sólo a la represión de los manifestantes, sino además a múltiples detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial en varias casas, y a vandalizaciones deliberadas contra las instalaciones públicas, a todas luces perpetradas por personal policial infiltrado en la manifestación. De este modo, apenas habían transcurrido dieciocho días entre la difusión del primer borrador de la nueva constitución, y su jura por la Convención Constituyente.
Durante los tres días siguientes, las acciones policiales y parapoliciales de amedrentamiento y hostigamiento continuaron incesantemente. Imposibilitado de desactivar todos los cortes de ruta, el gobierno provincial concentró sus principales esfuerzos en dispersar el corte de Finca Pongo, sobre la ruta N°66, para garantizar la conexión entre la capital provincial y su aeropuerto. Mientras tanto, el resto de los cortes de ruta se mantuvo activo, y docenas de comunidades indígenas salieron a desmentir que hubieran sido consultadas respecto a la reforma constitucional, mientras que otras expresaron que habían sido engañadas.
El viernes 23 de junio, y sin que hubiera habido solución salarial ni política alguna, el apuro del gobernador por efectivizar la jura de la nueva Constitución cobró sentido: se lanzó oficialmente una de las fórmulas que aspira a disputar las elecciones presidenciales primarias con chances firmes de convertirse en la primer fuerza de la fórmula opositora Juntos por el Cambio. Gerardo Morales escoltaría como vicepresidente al actual Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en una fórmula que busca ganar un voto de derecha afecto a la mano dura, al gatillo fácil y a la justicia por mano propia.
Desde entonces, el accionar policial y parapolicial atemorizante no han cesado, sino que han aumentado a escalas a las que la ciudadanía no estaba acostumbrada desde los tiempos de la última dictadura militar: incluyendo, además de las redadas y represiones para liberar la circulación de rutas, operativos de espionaje a activistas sociales y culturales, allanamientos en viviendas particulares, secuestros sin orden judicial, torturas, agresiones y amenazas a docentes, artistas y activistas que habían participado de marchas, incluyendo entre las personas agredidas y secuestradas a menores de edad y personas con retraso madurativo. La difusión por redes sociales de información falsa para sembrar el terror no ha parado de circular un solo día. Subiendo la apuesta sin visos de diálogo, el martes 4 de julio, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Seguridad de la provincia hicieron públicas graves causas contravencionales a 150 imputados que habían participado de marchas y protestas.
Sin embargo, una vez más, estas amenazas no hicieron más que azuzar aún más el malestar popular. Los días posteriores, los cortes de ruta no se movieron, sin que incluso se multiplicaron. Además, las comunidades originarias, los sindicatos docentes y otros espacios sindicales agrarios, mineros y estatales, unificados en torno al lema “Arriba los salarios, abajo la reforma”, habían formalizado el día martes 27 de junio la creación de la Multisectorial contra la Reforma Constitucional, aún a pesar de que uno de los gremios docentes – CEDEMS – había aceptado tres días antes el acuerdo salarial ofrecido por el gobierno. Por otra parte, la sociedad civil mostró su disgusto con la precipitada reforma Constitucional de múltiples maneras. La semana entre el 27 y el 30 de junio, varios colegios secundarios de toda la provincia fueron tomados por los estudiantes; el viernes 30, una multitudinaria marcha de docentes de primaria llegó desde los confines de las escuelas rurales hasta la casa de gobierno para reclamar infructuosamente una recomposición salarial, en una movilización que sugerentemente bautizaron el Malón Blanco, evocando de este modo la Carpa Blanca, una medida de protesta docente ante el Congreso de la Nación que en los años noventa adquirió renombre como símbolo de lucha y dignidad de los maestros. Ese mismo viernes 30, el municipio de Humahuaca fue ocupado por la movilización popular, que impidió la salida del Consejo Deliberante municipal hasta que no hubieron firmado una declaración de rechazo a la reforma constitucional. Si bien el doloroso saldo de ese accionar fue la feroz represión policial y la pérdida ocular de otro joven, Joel Paredes, la medida de fuerza se multiplicó en todo el territorio provincial. Al día de esta redacción – el lunes 10 de junio –, es decir, en apenas diez días y a pesar del temor de muchos concejales deudores del gobierno provincial, al menos trece Consejos Deliberantes municipales emitieron ya sus comunicados de rechazo a la constitución reformada: Abra Pampa, El Aguilar, Humahuaca, La Quiaca, Libertador San Martín, Maimará, Palpalá, Puesto del Marqués, Tilcara, Tres Cruces, Perico, Rinconada, Uquía. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, la comitiva docente lleva ya una semana de Huelga de Hambre en señal de protesta. En todo el norte provincial recrudecieron los cortes de ruta, y ya se empiezan a percibir las consecuencias del desabastecimiento. El gobierno provincial aprovecha la situación para avivar descontentos entre los sectores afectados, sobre todo a aquellos vinculados al turismo.
Al menos dos acciones legales han comenzado a tomar forma para ponerle un freno a la nueva constitución: un amparo colectivo presentado por la Multisectorial contra la Reforma Constitucional, que fue presentado por la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) – https://www.telam.com.ar/notas/202307/633172-jujuy-amparo-colectivo-reforma-constitucional-gerardo-morales.html – , y una medida de inconstitucionalidad que están elaborando las comunidades indígenas junto al Dr. Alberto Nallar por incompatibilidades de cargos para que el gobernador asumiera la jefatura de la Convención Constituyente. En caso de prosperar esta última acción judicial, podría lograr la impugnación de la nueva Constitución por vicios procedimentales.
Los caminos de resolución para este momento conflictivo parecen, por ahora, inciertos. Lo único cierto es que, a pesar de la fenomenal campaña mediática que protege al gobernador, la violencia injustificada de las acciones represivas en la provincia difícilmente pase desapercibida para la contrariada e indignada sociedad civil de la provincia de Jujuy.
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Jorge Luis Cladera Argentino, antropólogo/ Fotografías: gentileza de Ignacio Sánchez Moreau
