En Ecuador entre 1997 y 2005, en menos de una década, pasaron por la presidencia de la república aproximadamente diez mandatarios que fueron destituidos del poder mediante golpes de Estado e insurrecciones que demandaban la salida del gobierno de turno por incompetente. Rafael Correa, asciende al mandato con uno de sus objetivos claros; evitar los descalabros gubernamentales acaecidos durante tanto tiempo en el país y en el supuesto caso de que el Presidente en ejercicio desestructure algún poder o viceversa, se pueda aplicar la figura de la “muerte cruzada”.
Lasso, aplicó hoy la «muerte cruzada», por primera vez desde que fue decretada en el gobierno de Rafael Correa. Lo que le permitió, como Jefe de Estado, disolver la Asamblea Nacional al considerar que estaba obstaculizando su capacidad para gobernar.
La Asamblea Nacional, ayer solicitó el juicio político contra Guillermo Lasso, lo que le significaba dejar el gobierno y anticipar las elecciones para dentro de seis meses. De igual manera si la Asamblea hubiese tenido los votos para solicitar la destitución del presidente podría haberlo hecho.
La ley aplicada por Lasso, contempla que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar -en un plazo máximo de siete días- a elecciones presidenciales y legislativas.
Las elecciones “se realizarán en un plazo máximo de noventa días posteriores a la convocatoria», según el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Las y los representantes públicos que se elijan permanecerán hasta el final de la legislatura en 2025, fecha en que estaban programadas las próximas elecciones regulares.
El Presidente en ejercicio podrá ser candidato en las elecciones anticipadas, aunque se expone a la perdida del poder antes del término oficial de su mandato en 2025. Por eso se denomina «muerte cruzada», ya que tanto el presidente como la Asamblea Nacional pueden perder sus atribuciones al decretarla.
El sistema presidencial ecuatoriano presenta un contrapeso de los distintos poderes, de esta forma, el poder legislativo tiene la posibilidad de llevar a cabo el juicio político, como lo hizo recientemente contra Guillermo Lasso.
La oposición acusa al Mandatario del delito de peculado (malversación de fondos), por no finiquitar un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo que ha provocado graves perjuicios económico a la economía estatal. El Presidente estaba al tanto que existía la mayoría de votos (92 de 135) para ser enjuiciado por el ente nacional y a última hora convocó en extremis “la muerte cruzada”, que en realidad debe aplicarse en caso de conmoción interna -excusa mal usada hoy- o una interrupción sistemática del poder legislativo, pues se disuelve el Parlamento, pero se llama a elecciones en un plazo de noventa días y luego seis meses para que estas se produzcan, por lo que se puede retrasar la estadía de Lasso en el poder por al menos nueve meses.
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Correo del Alba
